El fin de un intocable
El pasado martes 3 de mayo la Bancada de Diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana presentamos un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional al Litio y la empresa Soquimich.
En el caso del Litio, esta intención se complementa con su carácter de mineral no-metálico estratégico y no concesible.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 2013), las reservas de litio que se pueden explotar a bajos precios ascenderían a unos 13 millones de toneladas. De ese total, en Chile se encuentran 7,5 millones de toneladas, lo que representa, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el 21% de las reservas mundiales.
El Litio es clave en el desarrollo de variadas industrias como la electrónica, la automotriz y de transportes, y la energética. Entre los usos del litio se encuentran la fabricación de baterías recargables para vehículos eléctricos y reactores de fusión nuclear.
Tanto Cochilco (2013) como el ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina (2011) coinciden que la demanda en torno a estos usos ciertamente crecerá en torno al 15% durante el año 2016.
La declaración de interés nacional busca reforzar la defensa jurídica del patrimonio del Estado de Chile frente a controversias o disputas comerciales con empresas privadas o transnacionales, tal como hoy sucede con el litigio que mantiene CORFO contra SQM.
Nuestra pretensión de nominar tanto al Litio como a la empresa SQM de interés nacional es el primer paso o requisito fundamental para que el Estado, en un segundo momento, cuente con la herramienta legal de expropiar, si así lo estima conveniente. Esa es una facultad del Ejecutivo.
Sabemos que el proyecto de ley generó una fuerte polémica, pero hay que desdramatizar la situación, porque el Estado usa recurrentemente este mecanismo en aras de cautelar un bien común frente a un privado. Por ejemplo, lo hace cuando construye una carretera o un conjunto habitacional y requiere pasar por terrenos que son propiedad de particulares.
En el caso de Soquimich, consideramos que hay antecedentes y fundamentos suficientes para que el Estado y la democracia se doten de esta facultad expropiatoria, ya que ésta empresa, desde que fue apropiada por Julio Ponce Lerou, ha incurrido en todo tipo de irregularidades y delitos.
El origen de esta firma ya es oscura. La privatización de Soquimich, a comienzos de la década del ’80, fue tramada desde Corfo por el entonces gerente de esa entidad, Julio Ponce Lerou, quien posteriormente pasó a controlar ésta y otras empresas estatales, gracias a ser el yerno del dictador Augusto Pinochet.Es decir, se creó a la sombra de la certeza jurídica de los cuatro generales.
Este lazo familiar con la junta militar le permitió a Ponce Lerou amasar no solo una gran fortuna, sino que también construir una serie de vínculos políticos y empresariales, por ejemplo, con el ex ministro de Hacienda, Hernan Büchi.Así se ganó el apodo de “Rey del litio”.
En la lista a su haber se encuentra haber destinado al menos 1.500 millones de pesos al financiamiento ilegal de la política, con la obvia expectativa de pautear con sus intereses particulares a diferentes legisladores y autoridades de gobierno.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, conspiraron con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner para adjudicarse fallidamente la licitación del litio, mientras que con el ex ministro de Economía y ex senador UDI, Pablo Longueira, confabularon en la redacción del famoso Artículo 4 del Royalty Minero, de invariabilidad tributaria, que liberaba del pago de impuestos a la polémica empresa.
Por si aún hay dudas del comportamiento doloso, podemos agregar dos méritos propios del controlador de SQM, el llamado Caso Cascadas.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multó en 70 millones de dólares por transgresiones a la ley de sociedades anónimas y valores, mientras que la Fiscalía Norte busca formalizarlo por la adulteración de las actas de los directorios de las mismas sociedades cascadas, algunas de ellas creadas en paraísos fiscales.
Lo grave es que Soquimich ha levantado su imperio económico a costa de recursos minerales no-metálicos (azufre, potasio, litio) que son propiedad de todos los chilenos, y donde parte importante de ellos, en especial el Litio, se encuentra en el Salar de Atacama, pertenencias mineras de propiedad de CORFO. Es decir, parte importante del negocio de SQM depende de la continuidad del contrato que dicha compañía mantiene con CORFO.
Frente a la empresa símbolo de la corrupción, a la democracia no le queda más que blindarse.
Mientras Ponce Lerou mantenga el poder económico que hoy ostenta, no cesará en burlar las normas y las leyes para incrementar su riqueza mal habida.
Si realmente queremos acabar desde su origen con el agente corruptor, debemos avanzar en declarar de interés nacional el Litio y la empresa Soquimich. El proyecto ya fue admitido por la mesa de la Cámara de Diputados y fue derivado para su tramitación a la Comisión de Minería.
Confiamos en que el Congreso le dará luz verde a la moción en todos sus pasos legislativos. ¿Quién podrá oponerse a una facultad que busca resguardar los intereses de todo Chile y no los de un intocable?
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