El Gobierno queda "corto" con las pensiones
Esta semana comenzó la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados de la denominada "ley corta de pensiones", enviada con urgencia por el Gobierno, lo que implicará una discusión con tiempos muy acotados en el Parlamento.
De fondo existe un tema trascendente para un país como el nuestro: contar con un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas, que asegure a todas las personas que se jubilen una pensión que les permita enfrentar esta etapa de la vida de la mejor manera y sin la incertidumbre que se vive hoy, tema que este proyecto de ley no aborda.
La ley corta de pensiones enviada por el Gobierno sólo viene a confirmar la desconexión que existe entre esta administración y la ciudadanía.
En pleno estallido social una de las demandas era justamente las pensiones, situación que La Moneda al parecer no consideró al momento de enviar esta ley corta, porque seamos claros, la iniciativa busca aumentar la cobertura de la Pensión Básica Solidaria de 60% a 80% de la población más vulnerable, como también incrementar la pensión mínima a 177 mil pesos, para que quede por encima de la línea de la pobreza.
Si bien es importante el aumento de la cobertura, en relación a los montos los avances son nominales. En el mejor de los casos el incremento real será de 12 mil pesos en el pago de las jubilaciones de quienes más lo necesitan.
En otras palabras, lo que se está haciendo acá es jugar con cifras, ya que se dirá que las pensiones estarán sobre la línea de la pobreza, pero estamos hablando de una línea extremadamente delgada y que no satisface las necesidades de las y los pensionados.
Sin duda este proyecto, como su nombre lo indica, es corto y no cumple la promesa del Gobierno para una reforma de pensiones que se haga cargo de mejorar las jubilaciones futuras y actuales. Mientras tanto, el Ejecutivo se niega a avanzar y escuchar a las y los parlamentarios que presentamos indicaciones para destrabar la reforma en el Senado, e insiste con mantener el sistema actual, obligando al Estado, pero sobretodo a las y los trabajadores a seguir entregando parte de sus ingresos a un sistema que los condenará a pensiones que no alcanzarán a cubrir las necesidades mínimas de los futuros jubilados.
El Ejecutivo en la ley corta, además, comete un grave error, ya que no incrementa las cotizaciones dentro de un componente contributivo solidario, dejando intacto el modelo de capitalización individual de las AFP heredado de la dictadura y que ha demostrado no ser suficiente para jubilarse con una pensión adecuada.
El Gobierno no quiere dialogar, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales dispuso la discusión inmediata de este proyecto, dejando al Congreso sin margen de acción para modificaciones que apunten al tema de fondo: establecer un sistema de protección social que asegure una jubilación digna para todas y todos.
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