El peligro de transnacionalizar la pesca

El jurel ha sido por décadas el pilar de la industria pesquera chilena. Y la zona centro sur, con asiento en la Octava Región, la principal capturadora y procesadora de la especie en el país.

Por eso es que la idea de licitar las cuotas de pesca apunta principalmente al jurel, y por lo mismo, amenaza la fuente de ingresos de los trabajadores que viven de este recurso pelágico, aunque afectará también a todas las especies nacionales.

No cualquier embarcación puede pescar jurel. Como es un pez transzonal (que entra y sale de las 200 millas), hoy concentrado en torno a la milla 500 en la alta mar, hay que tener un barco con suficiente capacidad y autonomía para mantenerse navegando entre 10 y 15 días.

De otra manera, no vale la pena salir a buscarlo. ¿Qué pyme podría soportar esa inversión?

¿Qué artesanal podría lanzarse a un proyecto de esta envergadura sin abandonar su condición?

Esto explica porqué en Chile la industria históricamente ha tenido el 95% de la cuota de jurel y los artesanales lo restante.

Esto también explica que en los últimos años se haya producido una explosiva llegada de barcos factoría extranjeros a la alta mar adyacente a Chile; barcos que por haber agotado las pesquerías en sus países de origen, recorren las aguas internacionales buscando pescar sin amarras legales, ojala en caladeros aún vigentes como el del Pacífico Sur.

Entre 2003 y 2008, el número de factorías registradas frente a nuestra Zona Económica Exclusiva, ZEE, pescando jurel aumentó de 7 a algo más de 40, y el total de toneladas capturadas aumentó de 100 mil a más de 400 mil. Ni hablar de medidas de conservación, ni hablar del riesgo de sobreexplotar el recurso.

En el mismo período, la flota chilena de la zona centro sur se ceñía a una cuota global, cumplía con la talla mínima y pescaba ordenadamente a través de cuotas individuales por compañía, entregadas por historia en 2001.

Así, las capturas de nuestro país disminuyeron de 1,5 millones de toneladas a cerca de 830 mil, lo cual significó reducir de un 80% a apenas un 62% su participación en la pesquería.

Chile realizó varios esfuerzos conservacionistas por el jurel.

Primero prohibió abastecer a naves extranjeras que pescaran indiscriminadamente a través del Decreto 123 de 2004; después buscó acuerdos bilaterales con China –los que no resultaron-, y por último en 2006, junto a Nueva Zelandia y Australia, tiró el carro para crear una Organización Regional de Pesca (ORP) en el Pacífico Sur, con el fin de implementar un sistema de cuotas de captura por país.

A partir de 2009 se comenzó a observar una considerable disminución en la biomasa de jurel en la zona del Pacífico Sur.

Si en 2003 se pescaban más de 2 millones de toneladas, para 2009 la cifra cayó a poco más de 1 millón 100 mil. Como era evidente, el número de barcos factoría comenzó a reducirse; de hecho, algunos no volvieron.

En abril de 2010, la empresa de capitales noruegos Lota Protein, con dirección en la comuna que le da el nombre, planteó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia licitar las cuotas de pesca.

Hablamos de una empresa que pertenece a un consorcio transnacional (Grupo Koppernaes), que en Chile tiene el 1,8% de la cuota de jurel y que se dedica a la producción exclusiva de harina y aceite de pescado.

La idea prendió rápido en el extranjero, ya que unas semanas después el sitio de noticias Intrafish informó que diversas pesqueras dueñas de factorías estaban atentas a si se producía una licitación de cuotas en Chile.

Era lógico, ningún país licita las cuotas que ya están entregadas por historia; y si el Estado que licita es el costero con acceso estratégico al jurel, cuánto mejor.

Cuando el recurso no escaseaba, las flotas extranjeras apostadas frente a nuestras costas (Unión Europea, Rusia, China y Corea entre otras) hicieron todo lo posible para aumentar su participación, y así crear una “historia pesquera” que los favoreciera una vez que se fijara una cuota global y cuotas individuales por país.

Ahora que la biomasa de jurel ha disminuido, que las capturas en el Pacífico Sur cayeron a 740 mil toneladas en 2010 y que la reunión de la ORP en Cali resolvió fijar una cuota global un 40% inferior para 2011 y un 60% inferior para 2012, es obvio que el negocio no es el mismo para la flota extranjera.

No es igual que 11 países de aguas distantes pesquen 400 mil toneladas de jurel a que pesquen 170 mil en 2011 y 113 mil en 2012.

En un escenario así, a los extranjeros les conviene apoyar entusiastamente una licitación de cuotas en Chile; vale decir, crecer a costa de una porción del 62% que posee nuestro país.

Hasta ahí todo parece un simple ejercicio económico; simple para quien nunca ha pescado.

Sin embargo, implica un salto al vacío que no tiene vuelta atrás.

La licitación significará cesantía en la industria pesquera nacional, porque las transnacionales que quieren y pueden subastar el jurel no lo harán para instalarse en Chile a dar trabajo a chilenos.

No les conviene o simplemente no les interesa. De lo contrario, se habrían instalado aquí antes, comprando cuotas como se hace en todos los países pesqueros, instalando plantas de consumo humano para generar valor agregado desde acá al resto del mundo.

Si se licitan las cuotas las transnacionales instalarán empresas de papel en Chile, con tal de cumplir con el mínimo legal. Pero la verdadera actividad pesquera la harán sus factorías, que pescarán a cuenta de la cuota chilena y la procesarán abordo en alta mar.

¿Cómo los fiscalizarán, si el pescado está fuera de las 200 millas?

¿Cómo asegurarse de que sus reportes sean fidedignos, si ya en la ORP se acusa a China y Rusia de falsear sus registros de captura y el tamaño de sus naves?

¿Qué pasará con los trabajadores chilenos embarcados y de planta, que hoy se ganan la vida trabajando para plantas de conservas y congelados y que sin duda perderán sus empleos?

El Presidente Piñera deberá hacerse cargo de su cesantía, con mensualidades que bordeen el medio millón y el millón de pesos, que es lo que hoy ganan tras años de conquista sindical.

Esperamos que el Presidente Piñera tenga claro el peligro de transnacionalizar la pesca y retroceda en la idea que se le atribuye de impulsar esta idea.

Si no, tendrá que cargar con una dura responsabilidad y la total oposición de los trabajadores pesqueros de flota y planta ante este proyecto. Moveremos cielo y tierra para impedir que se convierta en ley.