El peligroso y contradictorio camino del Presidente

Rabindranath Quinteros

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Desde la oposición, una gran mayoría rechazamos la desastrosa política de Maduro que está sometiendo a su pueblo a penurias evidentes que se expresa en la dificultad o imposibilidad de poder satisfacer algunas de sus necesidades básicas, como salud y alimentación.

Del mismo modo, desde el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional y, especialmente, a partir de la realización del último proceso electoral, sin participación de la oposición, hemos denunciado la progresiva pérdida de la legitimidad democrática del gobierno de Maduro, la vulneración de las normas de un Estado de derecho y la cada vez más amplia violación de los derechos humanos, particularmente de ciudadanos que ejercen su derecho a protestar, todo lo cual permite afirmar que se ha producido una ruptura del orden democrático en Venezuela, tal cual la define la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA.

Así pues, no hay grandes diferencias en nuestro país respecto de la caracterización del régimen de Maduro.

El debate interno, en consecuencia, se concentra en qué debe hacer Chile para apoyar una salida que signifique elecciones generales y la normalización democrática en el más breve plazo en el país hermano.

El principio básico es que toda salida debe rechazar cualquier tipo de intervención militar extranjera, que el Gobierno de Trump, irresponsablemente, se ha encargado de mostrar como una carta posible.

Tampoco, la comunidad democrática internacional puede promover o avalar una salida militar que se base en la división de las fuerzas armadas venezolanas y que se traduzca muy probablemente en un enfrentamiento armado de carácter nacional.

Debe haber una salida política para Venezuela y el gobierno de Chile debe hacer todo lo posible para favorecer esto y no otra cosa.

Es en este punto donde afloran nuestras diferencias con el gobierno de Piñera que, en su afán de levantarse como líder regional, se ha involucrado más de la cuenta en iniciativas fallidas, como la frustrada entrega de ayuda humanitaria, que han podido llevar a más violencia.

No estamos por respaldar aventuras que muy probablemente desencadenen el enfrentamiento. La tarea de recuperar la democracia es de los venezolanos y a las naciones democráticas les toca desplegar todas las iniciativas para convencer al régimen para que se abra a negociar y acompañar el proceso de normalización.  

Apoyamos a la oposición venezolana en su objetivo de recuperación democrática, pero eso no puede significar avalar todo tipo de convocatorias ni menos seguir sus instrucciones como ha anunciado el presidente designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En esto, el presidente Piñera se ha equivocado. Su afán de protagonismo, su propósito de venezolanizar la política interna, le hacen un serio daño a la política internacional del país, que siempre se ha llevado como un tema de Estado.

En su excitación, se ha llegado a propiciar la acción de los militares venezolanos, como si fueran los árbitros del conflicto.

Este camino ha sido infructuoso hasta ahora, además de ser muy peligroso.

Hasta ahora, poco más de un centenar de militares venezolanos han desertado y solo un general dentro del alto mando, de los más de 200 mil efectivos que componen las fuerzas armadas de ese país.

Se puede comprender la desesperación de los líderes opositores venezolanos, pero el presidente de Chile no puede verse arrastrado por esa ansiedad. 

Por momentos, pareciera que todo depende de la sublevación de los militares. Nuestro país, no puede promover o aceptar esta salida. Solo cabe insistir en la trabajosa y lenta, pero más segura, salida política y pacífica.

América Latina conoce los efectos de la intervención de las fuerzas armadas. Existe el alto riesgo de una guerra civil, o de una represión masiva a los civiles y la permanencia indefinida de los militares en el poder. 

¿Acaso alguien cree que un militar se arriesgará a dar un golpe para entregar voluntariamente el poder al presidente encargado y convocar a elecciones en un breve plazo?

¿Quién responderá por la represión y las violaciones a los derechos humanos que se produzcan con motivo de la acción militar?

La derecha chilena tiene una inclinación histórica por las intervenciones militares. Algunos de sus miembros estuvieron detrás del asesinato del General Schneider, para impedir que Allende asumiera. Buscaban dividir a nuestras fuerzas armadas, pero el Presidente Frei Montalva y la enorme mayoría democrática logró conjurar ese intento.

Para qué hablar de la conspiración y traición de altos mandos que promovieron contra el Gobierno del Presidente Allende. Pero incluso en las duras condiciones que se vivían en el país a mediados de 1973, cuando un grupo de cercanos le criticaron el haber aceptado la renuncia del General Prats como Comandante en Jefe del Ejército, Allende les respondió, si mantengo al General Prats el Ejército se divide y eso significa una guerra civil. No puedo echar sobre mi persona una decisión que implica 500 mil muertos. Y agregó que esperaba que el nuevo comandante cumpliera su deber constitucional.

El desenlace lo conocemos. Pudo más la traición, el horror y la ambición por perpetuarse en el poder de aquellos militares.

Luego del quiebre tan profundo, los chilenos aprendimos la lección y mayoritariamente, los partidos políticos y las organizaciones sociales, buscaron y se jugaron por una salida política.  La oposición de entonces, dentro de la cual se consideraba el propio Piñera, no llamó a la sublevación de los militares, sino que insistió en una salida pacífica.

Si nuestra transición - con razón en gran medida - es tan valorada por el Presidente Piñera ¿por qué ahora opta por caminos más radicales y peligrosos en el caso de Venezuela?

El país pide coherencia. Si predicamos la moderación, apliquémosla también en Venezuela.  Ninguna causa puede justificar una guerra.  Y de paso, hacemos honor a la tradición de nuestra política internacional, que siempre ha promovido la salida pacífica y negociada de los conflictos.