Esperanzados en una gran nación

En el plebiscito de salida del reciente proceso constituyente, el Rechazo al proyecto de nueva Constitución obtuvo un aplastante triunfo con más de 20 puntos de diferencia sobre la opción Apruebo. Aunque las encuestas indicaban una tendencia favorable al Rechazo, el resultado fue sorpresivo y aplastante. Podemos intentar un breve análisis para identificar al menos 3 factores que ayuden a entender este resultado que es una derrota para la Convención Constitucional y el fruto de su trabajo.

Un primer elemento tiene que ver con la campaña de mentiras y temores que, desde el comienzo del proceso constituyente, la extrema derecha puso en acción para desprestigiar el trabajo de la Convención y para alertar sobre las eventuales propuestas que estarían en el texto constitucional. Esta campaña millonaria se valió de las redes sociales y utilizó las fake news para sembrar e instalar el miedo y la incertidumbre.

Contó con grandes aportes financieros de las principales grandes empresas del país y con la colaboración de la mayor parte de los medios de comunicación, incluyendo algunos que se dicen "independientes de verdad", para crear "una opinión pública" y una percepción del "sentido común" que logró que millones de ciudadanos hicieran suyo creyendo que ello era el resultado coincidente de un raciocinio propio. ¡Así funciona hoy día la comunicación y, como vemos, con la asesoría de expertos, logra éxitos!

Así la extrema derecha logró embarcar a los partidos de Chile Vamos que terminaron asumiendo la campaña del miedo y la incertidumbre. Y, cerca del plebiscito de salida, la extrema derecha escondió a Kast, quien -curiosamente- apareció el último día a celebrar su triunfo.

Tiene razones para celebrar, de hecho, pavimentó el camino para que los Amarillos, alguna exConcertación y disidentes DC -que se negaron a aceptar el acuerdo mayoritario de su Junta Nacional a favor del Apruebo- terminaran haciendo suyas sus banderas. ¡De hecho, ningún argumento nuevo sumó esta curiosa alianza política a la campaña del Rechazo!

Un segundo elemento es la soberbia y la impericia con que el gobierno del Presidente Boric enfrentó este proceso. Desde el comienzo optó por una prescindencia y dejó en manos de los partidos de Apruebo Dignidad el proceso de discusión y de acuerdos al interior de la Convención, lo que permitió un desorden y una falta de coherencia en los temas que iban siendo discutidos y aprobados. Cuando intuyó que el trabajo tenía defectos y quiso intervenir, fue demasiado tarde y además con una impericia lamentable que ya va siendo característica de este gobierno. Así fue entonces el propio ministro de la Segpres, compañero fiel del Presidente, quien ligó el destino del gobierno al resultado del proceso constituyente afirmando públicamente que "si la nueva Constitución no era aprobada sería muy difícil para el gobierno realizar muchas reformas incluidas en su programa". Y como además en las semanas previas al plebiscito la oposición logró crear la sensación de que toda intervención del Presidente o algún ministro en relación con el texto propuesto en el plebiscito de salida era "intervencionismo", el gobierno se encontró atado de pies y manos frente a un resultado que se venía venir y que se le había escapado muchos meses antes sin ser capaz de marcar liderazgo y de influir.

La ciudadanía escuchó y probablemente una buena parte de ella usó su voto en el plebiscito de salida para votar en contra del gobierno, aunque no hubiera leído el texto propuesto y aunque reconociera incluso algunos avances.

Un tercer elemento, que fue duramente castigado por la ciudadanía, tiene que ver no sólo con el texto resultante, sino con el proceso constituyente y con el trabajo de los convencionales. Hay que reconocer que el acuerdo político en el Congreso Nacional -que habilitó el proceso constituyente- fue la respuesta última al estallido social de octubre de 2019. Entendemos que el resultado mayoritario de cerca de 80% a favor de una nueva Constitución elaborada por un órgano elegido democráticamente estuvo, sin duda, influido por ese mismo clima.

Lo anterior, junto a los mecanismos de elección aprobados, hizo que la composición de la Convención no reflejara en absoluto la correlación de fuerzas del Chile real, como lo demostró la última elección presidencial. Siendo así, varios de ellos se sintieron dueños de la instancia y se esforzaron porque todos los lemas y consignas que los habían movilizado se reflejaran en el texto de la nueva Constitución. A ello, se sumaron escándalos inaceptables que no es necesario recordar en detalle incluyendo un intento de candidatura presidencial con firmas falsas. Más allá del trabajo serio y que hay que reconocer de una mayoría de convencionales, pudo más el comportamiento y la prepotencia de quienes se creyeron dueños del nuevo Chile. Una buena parte del electorado rechazó el texto, pero quiso castigar, sobre todo, el comportamiento de esa minoría vociferante de convencionales. De nada sirven los reconocimientos y los arrepentimientos tardíos. Ellos contribuyeron decididamente a que Chile se farreara una oportunidad histórica por la que muchos y muchas hemos venido trabajando en los últimos 40 años, desde que el expresidente Eduardo Frei Montalva propusiera que una Asamblea Constituyente elegida popularmente elaborara una nueva Constitución en su discurso en el Caupolicán, en plena dictadura, un 27 de agosto de 1980.

Fiel a su historia, la Democracia Cristiana decidió con independencia y mayoritariamente en su Junta Nacional trabajar por la opción Apruebo, con base en grandes temas que el texto propuesto recogía y señalando, además, claramente 17 puntos que de acuerdo al aporte de sus constitucionalistas deberían ser aclarados y precisados en el trabajo legislativo de implementación gradual de la propuesta. Entendíamos que ello nos acercaba más a una nueva Constitución que el "Rechazar para reformar" que, como se demuestra en estos días, le ha devuelto a la derecha el poder de veto y la comodidad de moverse con la Constitución del '80 actualmente vigente.

Para mantener la expectativa de continuidad del proceso constituyente, la directiva nacional de la DC debe contribuir a grandes acuerdos que efectivamente permitan garantizar a nivel constitucional como mínimo: un nuevo rol del Estado que permita un nuevo modelo de desarrollo sustentable; reconocimiento de nuestros pueblos originarios; establecimiento y garantía de derechos sociales, con especial atención al derecho a las seguridad social (pensiones...), a la salud digna y oportuna con un sistema público de calidad y acceso universal, a la educación de calidad con todas sus formas, dando prioridad a la educación pública; y a la vivienda propia y digna para todos los sectores sociales; resguardo de los derechos humanos en toda su amplitud; nueva relación con la naturaleza y preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales; combate y mitigación del cambio climático; cambios en el sistema político que limiten el excesivo poder del Ejecutivo y que transfieran poder a las regiones para avanzar de la regionalización a una verdadera y profunda descentralización; especial atención a la inclusión de las minorías en todos los ámbitos cubiertos por la NC, por ejemplo a las minorías con discapacidad en el sistema educacional y de salud; reconocimiento a la participación de la mujeres, paridad de género y protección a sus derechos y reconocimiento al trabajo doméstico; establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados, con foco en las personas con discapacidad y los adultos mayores; garantías de una vida segura para todas y todos los chilenos; y garantía de los derechos de los trabajadores con derecho a huelga en el sector público.

Y finalmente, garantizar que los asentamientos humanos (urbanos y rurales) se construyan de una manera inclusiva y a escala humana que garanticen nuestro ideal de vida comunitaria. Para ser creíble, esta DC no puede obviar la situación de quienes, lejos de ejercer su libertad de conciencia en el secreto de la urna, decidieron violar flagrantemente el artículo 71 de sus estatutos que señala que es una infracción "hacer declaraciones o publicaciones por cualquier medio de difusión contraviniendo acuerdos políticos aprobados por el Congreso Nacional, la Junta Nacional o el Consejo Nacional"; y trabajaron públicamente por la alternativa del Rechazo e incluso han hablado de la creación de un nuevo partido junto a otros sectores. Esperamos que el Tribunal Supremo cumpla con su obligación de expulsar a dichos militantes, como ya lo ha hecho en situaciones similares, sin dejarse influir por meros cálculos electorales.

De esa manera, los militantes de la DC podremos seguir avanzando esperanzados a una gran nación.

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