Estado plurinacional y desmercantilización, ejes de la futura Constitución

Daniel Jadue

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El próximo domingo 25 de octubre, el pueblo de Chile vivirá un día histórico. Por primera vez, tendremos la oportunidad con nuestro voto (expresión básica y elemental de la soberanía humana) de iniciar el camino hacia una Nueva Constitución Política.

Por cierto, y si bien este paso es trascendental en el proceso que se inicia, quedará luego elegir a los hombres y mujeres que integrarán la Convención Constitucional, momento que será crucial, pues el pueblo que ganó este proceso en las calles se encuentra expectante acerca de si este dará o no respuesta a sus anhelos, esperanzas y demandas, lo que dependerá de quienes redacten la Nueva Constitución.

Por ello, es fundamental seguir dando legitimidad al proceso, abriendolo hacía la participación de los pueblos indígenas y las y los independientes, además de diseñar un proceso verdaderamente permeable por la ciudadanía. Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, porque el Pueblo se lo ganó.

A estas alturas, prácticamente no quedan razones para no cambiar la Constitución Pinochetista, pues el orden social mercantilizado que impusó, en el cual decisiones estatales, actividades y derechos sociales relevantes fueron transferidos al mercado, nos llevó inevitablemente a ese Chile que protagonizó un proceso de acumulación de fuerzas de más de treinta años para despertar de manera definitiva el 18 0’ cansados de los abusos, las desigualdades y la indignidad cimentada en los 17 años de la dictadura y los 30 años de “continuidad democrática” del modelo neoliberal dirigidos por una elite incapaz de entender las frustraciones que se iban acumulando, producto de lo violento que resulta, para la mayoría, vivir en las condiciones que generó el modelo chileno de las últimas décadas.

En dicho sentido, bastaba revisar algunos resultados reiterados de estudios, como el Barómetro del Trabajo, de la Fundación Fiel, que nos venían mostrando, antes del estallido social, esta realidad.

Ante la pregunta ¿para quién se gobernaba en nuestro país? una mayoría casi unánime sostenía que solo para los grupos poderosos en su propio beneficio: junio 2019: 88%; noviembre 2019: 89%; enero 2020: 83%; junio 2020: 86%; septiembre 2020: 79%.

Lo mismo ocurría cuando se trataba de la distribución de la riqueza, pues casi era unánime la idea de que esta es injusta y muy injusta: junio 2019: 86%; noviembre 2019: 91%; junio 2020: 91%; septiembre 2020: 81%.

Ahora, más importante que las razones, casi obvias, del porqué debemos desechar la Constitución Pinochetista, es importante detenerse en las razones de las nuevas definiciones, principios, derechos e instituciones que deben quedar contenidas en la nueva Constitución.

En este sentido, parece también evidente que una Constitución que no responda a las causas de la ruptura contituyente señaladas anteriormente, no logrará superar la profunda crisis en las condiciones materiales de vida que experimentan millones de chilenos y chilenas.

Por ello, es importante que la Nueva Constitución parta de una clara y firme definición política y social. Construir un Estado Plurinacional e intercultural que comience a resolver de manera estructural la cuestión de nuestros pueblos originarios por una parte y por otra, que avance en desmercantilizar amplios espacios de la vida social y derechos sociales tradicionales y emergentes, que fueron privatizados en beneficio de la acumulación de unos pocos, para ponerlos al servicio de la construcción de una ciudadanía social que se apropie de su ejercicio.

Nos referimos por cierto a la necesidad de alejar el Estado Subsidiario y acercarnos a otro social, solidario y soberano, desprivatizando los derechos humanos fundamentales a la salud, la educación, la seguridad social, el agua y el medio ambiente y también, a avanzar hacia una Nueva Constitición Feminista y con plena inclusión de los Pueblos Indígenas.

Lo propio debe hacer el proceso constituyente con el trabajo, poniendo al centro su reconocimiento cabal y su justo valor como pilar fundamental de la ciudadanía social, reconociendo todo los tipos de trabajo y garantizando el derecho al mismo, a un salario digno y los más amplios derechos sociales en el ámbito de la salud laboral, la educación para el trabajo, la seguridad social, la libertad sindical y el respeto del medio ambiente, bajo el paraguas de un nuevo modelo de desarrollo económico que genere espacios de participacion e incidencia de los trabajadores y las trabajadoras, redefiniendo el rol de la empresa y los derechos de propiedad que ejercen los poderosos sobre el sistema productivo, los recursos naturales y básicos de nuestro territorio y que haga participes a las y los actores sociales en las definiciones estratégicas de inversión, productividad y crecimiento económico.

Lo anterior puede resumirse en una Idea Central: Chile debe no solo democratizar su gestión política y social, sino además su gestión económica para garantizar y alcanzar mayores niveles de igualdad social.

Por último, es crucial consagrar una democracia participativa, es decir, que el Estado de Chile actual, absolutamente impermeable a las presiones sociales y políticas de la ciudadanía, a sus dolores y anhelos,  transite hacia una democracia participativa que permita al pueblo permear el sistema político cada vez que lo sienta necesario, ejerciendo su soberanía sobre el mismo a través de la iniciativa popular de ley, los plebiscitos, el derecho a veto ciudadano, referéndums revocatorios, participación en la construcción de presupuestos y definición de asignación de recursos, entre otros elementos de democracia directa.

Sin duda habrá muchos elementos más que incorporar, pero estos no pueden faltar si queremos, de verdad, comenzar el camino hacia ese Chile que amplias mayorías vienen soñando y esperando hace décadas.