Expectativas frente a la Cuenta Pública.

La primera cuenta pública de su segundo período el Presidente Piñera tendrá ocasión de exponer un programa definitivo para los próximos cuatro años.

Digo definitivo, porque necesariamente ha debido sufrir modificaciones en el tiempo. 

Su base es el programa con el cual se enfrentó la primera vuelta y que se sostenía en la idea de que el país se caía a pedazos y que había que revisar las reformas impulsadas por la Presidenta Bachelet.

Para la segunda elección, se matizó asegurando que mantendría la política de gratuidad de la educación superior y modificaría la ley de pesca.

Ya en su fase de instalación, el Gobierno debió tomar nota de que la mayoría de centroizquierda del Congreso no le permitiría retrotraer reformas y que, por lo tanto, le quedaban dos posibilidades, o lograba dividir a la oposición o se abría a construir acuerdos transversales en los que debía estar dispuesto a hacer concesiones.

Por otra parte, en esta primera etapa el Gobierno se benefició, como era previsible, del rumbo positivo que había tomado la economía en el último período del Gobierno anterior, pero, en contrapartida, ha contado con un oficialismo menos ordenado y una instalación más accidentada que la que esperaba.

En este escenario, se puede esperar un mensaje lo suficientemente ambicioso para satisfacer las expectativas sembradas, pero acotado a las condiciones reales que ha debido enfrentar.

Es la hora de rendir un primer examen para saber si realmente se cumplirán algunas de las promesas que, aunque formuladas en titulares, la gran mayoría de la gente apoyó y sigue apoyando, como una economía en crecimiento, una mejoría en la seguridad pública y una reforma de la salud.

En algunas de estas materias, el Gobierno tiene las facultades para implementar su programa.  Eso ocurre en economía y en seguridad donde no tendrá excusa para dejar de cumplirlo. Tampoco tendrá problemas en lograr acuerdos si decide profundizar el proceso de descentralización.

En políticas sociales es diferente pues necesita generalmente de leyes para concretarlas.

Naturalmente, desde la oposición no puedo esperar del Gobierno un programa que haga suyo las propuestas que se levantaron desde la centroizquierda, para continuar el camino de profundización de la igualdad y de fortalecimiento de derechos.

Pero sí puedo esperar, al menos, que las soluciones que se propongan para las demandas de la gente, no sean aquellas que tradicionalmente han venido desde la derecha y que se sintetizan, en lo económico y social, con más mercado y menos impuestos, y en materia de libertades individuales, con más control y menos autonomía.

La gente espera solución a sus problemas, pero no cualquiera solución que a la larga puede resultar más cara o más ineficiente.

El país no tolera más soluciones privadas para problemas públicos.

Los problemas de la salud y la previsión no se resuelven con más Isapres o más AFP. 

Los problemas del agua o de la pesca, no se resuelven fortaleciendo el derecho de propiedad que actualmente existe sobre el aprovechamiento de aguas o las licencias de pesca.

Asimismo, el país no tolera más restricciones a las libertades inherentes a toda persona y eso se expresa hoy en que el Estado debe reconocer el derecho a la identidad de género, al matrimonio igualitario, a adoptar un niño sin importar el estado civil o la orientación sexual del adoptante.

En todos estos temas hay proyectos de ley en trámite que vienen del Gobierno anterior, algunos muy avanzados.

No puedo aspirar a que el Gobierno se limite a aprobarlos, pero sí simplemente opta por desecharlos entonces se hace muy difícil construir acuerdos.

En tal caso, el Gobierno tendrá una gestión muy limitada, las expectativas se verán frustradas y las soluciones a algunos de los problemas más acuciantes de la gente deberán seguir esperando. 

¿Qué camino tomará el Gobierno?

Buena parte de la respuesta la conoceremos con la Cuenta de este viernes.  Confío que el Gobierno logre resolver bien esta ecuación y pueda impulsar la economía, fortalecer la seguridad, profundizar la descentralización y promover políticas públicas con mayor inclusión y solidaridad.

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