Fedatarios, la gran deuda de imparcialidad

Cristóbal Osorio

Ultimos publicados:

• Fedatarios, la gran deuda de imparcialidad
• La paradoja de los Fedatarios

Hace un par de meses planteé que el “Proyecto de Ley de Mejora al Sistema Notarial”, contenía una gran paradoja que podía regresarnos a los tiempos de las salitreras: entregar la fe pública al servicio de empresarios que pudieran tener en su mismo domicilio y oficinas, a los Ministros de Fe.  

En efecto, en el referido proyecto de ley se crea la figura de los “Fedatarios”, que son Ministros de Fe o mini - notarios, quienes estarían llamados a autorizar un sinnúmero de documentos, con competencia nacional y sin necesidad de tener un “oficio” y “domicilio” fijo.

Se trataría de, verdaderos “notarios-internos” bajo la dependencia de quienes pudieran pagar por sus servicios o “vendedores ambulantes de la fe pública”.

En efecto, el proyecto no impide que estos nuevos sujetos de la fe pública puedan tener oficina y trabajo en las propias empresas donde deban certificar hechos o tener incentivos de autorizar todo documento a lo largo del país. 

Pues bien, precisamente en relación con ese aspecto del proyecto de ley, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, publicó una carta en El Mercurio, desestimando tales aprehensiones, descartando de plano la paradoja planteada. 

De acuerdo con el criterio del Subsecretario Ossa, no habría razones para sostener tales aprehensiones, basándose en dos argumentos para realizar tal afirmación. 

En primer lugar, señala que, de acuerdo con la experiencia, en nuestro país “no han sucedido las catástrofes que hoy se vaticinan”, cuando nuevos ministros de fe se incorporan a la vida pública. 

Este primer argumento no logra sostenerse por si mismo y menos despejar las dudas que genera la creación de la figura del “Fedatario”, en tanto, se trata de una institución completamente ajena a nuestro sistema de fe pública, respecto de la cual no existe experiencia previa en nuestro país.

Máxime considerando que existen graves asimetrías de mercado y una débil posición de consumidores, trabajadores y ciudadanos frente a los grandes grupos económicos.

Asimismo, que en la agenda nacional existe un profundo cuestionamiento social sobre la probidad y conflictos de interés de funcionarios que ejercen cargos públicos, siendo indispensable generar mecanismos que disminuyan sustantivamente esas dudas o preocupaciones. 

En segundo lugar, indica, como la más poderosa de las razones para desestimar las dudas, que los “Fedatarios” tendrán que cumplir iguales requisitos a los notarios, especialmente en lo referido a las capacidades técnicas (conocimientos jurídicos y de administración). 

Por lo demás, de acuerdo con el Subsecretario de Justicia, los trámites de “mayor relevancia y envergadura” - tales como compraventas de viviendas o testamentos -, seguirán en manos de notarios. Por contrapartida, los trámites menores - tales como finiquitos y cartas de renuncia -, estarán a cargo de los fedatarios. 

Sin embargo, lo que el Subsecretario parece olvidar es que el problema planteado no dice relación con las competencias técnicas de los “Fedatarios”.

La paradoja radica en la necesaria imparcialidad que un ministro de fe debe garantizar a la ciudadanía, sobre todo, para cautelar “tramites menores” que son, precisamente, aquellos que el legislador ha considerado como dignos de tutela pública, por tratarse de relaciones de poder asimétrico, como es precisamente, el despido de los trabajadores. Pero, como se desprende de la carta del Subsecretario, es algo “menor” la carta de despido y renuncia, porque ahí devela la nula importancia que el Gobierno da a la imparcialidad que se requiere en ese tipo de actuaciones. 

En definitiva, la preocupación respecto de la figura del fedatario no dice relación con la inclusión de un nuevo ministro de fe o respecto de la preparación que estos deben tener. El peligro de esta figura radica en su posible captura por quienes soliciten sus servicios, afectando, precisamente, a quienes el proyecto pretende beneficiar. 

Este proyecto incorpora graves dudas a la imparcialidad de los funcionarios y eso cuesta aceptarlo. Pero así es como los países avanzan al desarrollo, no olvidando los efectos reales de una regulación improvisada y solo para la galería.