Inclusión social, más allá de un mejor salario
Por cuestiones laborales, los últimos meses me he topado en actividades académicas con tres profesionales vinculados a la discusión de políticas públicas en pobreza y desigualdad. Hablo de Simone Cecchini, investigador de la CEPAL; Denise Falck, investigadora del PNUD; y Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria.
Lo importante, estos especialistas del más alto nivel estaban de acuerdo en dos cuestiones de la mayor relevancia.
La primera es que Chile está obligado a avanzar hacia una sociedad con derechos garantizados. Es decir, abandonar las políticas sociales focalizadas para transitar a otras universales, donde el Estado asegure a todos los ciudadanos los aspectos fundamentales de una vida digna, en temas como educación, salud, pensiones, empleo o vivienda.
El motivo para sostener esa urgencia sería la porfiada “desigualdad de origen” que presenta nuestro país, una desigualdad que comienza al momento mismo de nacer y puede acompañarnos hasta la muerte si no existen ciertas contingencias - que no dependen de nosotros - que la tuerzan a nuestro favor.
La segunda cuestión en la que estaban de acuerdo los expertos es la que exploraremos en esta columna.
Se trata de la exigencia de desplazar las mediciones de la pobreza mediante un solo indicador (los ingresos de las personas o los hogares), para empezar a dar cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno, incluyendo cuestiones como empoderamiento, discriminación y seguridad personal, entre otros.
Esto ya se ha incorporado en las metodologías del ministerio de Desarrollo Social, y comienza a ser la tónica al hablar de condición de vulnerabilidad, desigualdad o grados de exclusión social.
La razón de este giro metodológico en el mundo desarrollado sería bastante evidente. Sin embargo, Chile y Latinoamérica han comenzado a sumarse debido al acelerado surgimiento de grandes capas medias que, como colectivo, presentan nuevas demandas y necesidades, que exceden por mucho la mera reivindicación de mejores salarios.
En este escenario, la reflexión social se volcó progresivamente a comprender la exclusión social, en demérito de los estudios sobre pobreza que dominaron las ciencias sociales en décadas anteriores. Esto ha implicado una mirada multidimensional, pues la exclusión no puede abordarse a partir de los ingresos que un individuo u hogar perciben, sino por un conjunto de variables como redes y oportunidades, capacidad de autodeterminación, equidad, entre otros.
Esto conduce a una contradicción profunda, un individuo con salario bajo, desempleado o pensionista puede participar plenamente de la vida social en su entorno inmediato; por el contrario, una persona que presenta una situación financiera desahogada, puede sufrir una grave exclusión o rechazo social.
Así, la inclusión - más allá de la desigualdad de ingresos -, es una forma ampliada de integración que busca entender fenómenos tan complejos como participación, género y diversidad sexual, medioambiente, etnicidad, discapacidad, etc.
La buena noticia es que han comenzado a surgir instrumentos que abordan la problemática desde esta perspectiva. En lo personal, conozco el ejemplo del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social, CRIIS, de la Universidad Viña del Mar, que desarrolló el primer Índice Regional de Inclusión Social (IRIS 2017).
Se trata de una métrica multidimensional que analiza las condiciones de inclusión social por comuna en la Región de Valparaíso.
No revisaremos aquí sus resultados (es posible descargar el documento completo en www.criis.cl), pero sí adelantamos que en la región de Valparaíso la inclusión social enseña brechas significativas en las cinco dimensiones observadas por el Índice: empleo, salud, educación, vivienda y género.
El IRIS es un instrumento que responde a la urgencia de la sociedad contemporánea de medir inclusión social, y se pone a disposición de la comunidad a fin de mejorar la información disponible para el diseño de políticas públicas y enriquecer la toma de decisiones tanto a nivel regional como comunal.
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