Infraestructura crítica, oportunidad para nuestra seguridad

Carmen Gloria Aravena

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En medio del Estallido social que vivimos a partir del 18 de octubre del año pasado, cuando se causaron severos daños al principal servicio de transporte en la región metropolitana y se incendiaron más de 70 estaciones del Metro, entre otros ataques a la propiedad pública y privada, surgió la iniciativa que plantea la protección de nuestra infraestructura crítica.

Se va a cumplir un año desde los sucesos que motivaron la presentación, junto al senador Kenneth Pugh, del proyecto de reforma constitucional que fue aprobada por el Senado en enero pasado, pero no corrió la misma suerte en la Cámara de Diputados, por lo que comenzó a ser revisado por una Comisión Mixta.

Dentro de las objeciones surgieron dudas respecto a la utilización del concepto, sin considerar que, en la Comisión de Constitución de la misma Cámara, se definió que la infraestructura crítica comprende las instalaciones energéticas, de redes y sistemas de telecomunicaciones, además de servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos, aeropuertos e infraestructura de transporte, todo lo cual es considerado fundamental para el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Otro de los argumentos en contra del proyecto fue una eventual militarización del país al otorgar una misión que no le correspondería a las Fuerzas Armadas, sin considerar la legislación de otras democracias, como España e Inglaterra, donde incluso se resguardan recintos turísticos, demostrando que no es necesario restringir las libertades consagradas en la Constitución cuando se realiza una protección preventiva.

Resulta incomprensible la resistencia de algunos sectores políticos para generar herramientas que nos permitan proteger nuestra infraestructura en situaciones excepcionales. Más aún, cuando en la Macrozona Sur de Chile hemos sido víctimas de ataques terroristas por más de dos décadas, sufriendo en La Araucanía la impactante suma de 5.645 delitos incendiarios, sólo en los últimos cinco años.

Además, hemos tenido que lamentar severos daños en edificios municipales que fueron incendiados en la provincia de Malleco, los que prestan servicios imprescindibles para la ciudadanía y, recientemente, desconocidos atacaron un tren de carga, hirieron con elementos contundentes a sus ocupantes e incendiaron dos de sus vagones.

Estoy convencida de que no podemos volver a ser meros espectadores de la destrucción de instalaciones que son clave para el desarrollo de nuestro país.  Es tiempo de dejar atrás viejas aprensiones en contra de nuestras FF.AA., sobre todo y especialmente porque la función que plantea esta reforma constitucional es sólo preventiva y de resguardo de nuestra infraestructura.  Ni más ni menos que eso.