La gran brecha y un Estado que fabrica pobreza

Diego Ancalao

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El grado de desigualdad que existe en Chile no es inevitable ni consecuencia de leyes obligatorias de la economía, sino que es cuestión de políticas y estrategias. No se trata de entrar en una nueva crítica de la lucha de clases, sino de reestablecer el principio de justicia social que es necesario para el crecimiento con equidad, como lo señaló en su momento el ex presidente Frei Montalva, "sin justicia social no hay desarrollo económico". 

El sentimiento de justicia social y económica se ha perdido, con lo que la instalación de una gran brecha que separa los super ricos de los super pobres en Chile, se ha naturalizado. Muchos no saben por qué son pobres, y los que comprenden el origen y las causas les parece imposible cambiar la estructura de la fábrica de pobreza del Estado.  

La implementación del modelo económico de USA en Chile no es la copia feliz del edén, ya que perfeccionó lo peor de un modelo desigual, en palabras el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, "un modelo económico que no beneficia a la mayoría de sus ciudadanos no puede convertirse en modelo para que lo emiten otros países".

Hoy, esa brecha en vez de sanar se profundiza gracias a políticas de todos los gobiernos que, en lugar de más inversiones del Estado para el desarrollo del país, aplican recortes de impuestos y ayuda corporativa para los ricos.

En vez de crear normativas que estabilicen la economía y protejan a los ciudadanos corrientes, tenemos desregularización que ha dejado a los chilenos a merced de los banqueros y grandes empresas.

Debido a la liberalización en los mercados financieros y la apertura al comercio interno a la mercancía de otros países, como ocurre con productos agrícolas, la desregulación del Estado ha permitido que la estrategia de saqueo de la minería por privados extranjeros se replique por China.

Estas políticas económicas implementadas en Chile han fracasado en África y en América Latina, donde no se condice el ingreso per cápita con la realidad, ya que los beneficios económicos van a parar a un pequeño grupo de la cima. Asia emprendió un rumbo diferente, donde los gobiernos encabezaron el esfuerzo del desarrollo, los llamados estados desarrollistas, y las rentas per cápita rápidamente se multiplicaron por 2, 3 y hasta por 8.

Los economistas chilenos partidarios del libre mercado no hablan del éxito de las economías de mercado dirigidas del este asiático, ya que se les da muy bien captar rentas y apropiarse de las riquezas del ciudadano de a pie mediante el manejo de los mercados financieros y las AFP.

En efecto, gran parte de lo que se obtiene mediante la manipulación del mercado proviene de lo que se le quita a la base social, es decir, que miles de millones son conseguidos gracias a los malos usos de las tarjetas de crédito, los préstamos abusivos y discriminatorios que hacen a los ricos cada vez más ricos.

El problema es la desregularización del Estado, ya que la política monetaria está cada vez más preocupada por restablecer los precios en el mercado de valores, que conceder préstamos a los pequeños y medianas empresas. Es mucho más eficaz a la hora de devolver a los ricos su dinero que para beneficiar a los ciudadanos medios a crear empleo.

En consecuencia, las desmesuradas desigualdades del país son resultado de las políticas adoptadas por el Estado e impuestas por el sector financiero, para lo que se elaboró y promovió una ideología para sustentarlas.

Ésta se basa en la idea que los mercados se regulen por sí mismos, por lo que los gobiernos debían liberalizar y eliminar impuestos progresivos a las grandes empresas, aumentarles los incentivos, y que la política monetaria debía centrarse en la inflación y no en la creación de empleos, pues la solución siempre ha sido el recorte de gasto público perjudicando a la mayoría y beneficiando a los que tienen más.

Uno espera estas cosas de gobiernos de derecha, pero no de un sector que dice gobernar para la gente postergada.

Sin embargo, la realidad muestra a numerosos economistas “progresistas” que proporcionaron los supuestos fundamentos intelectuales de la desregularización, por lo que son culpables de la desigualdad existente en el país.

En este sentido, se debe trabajar desde el Estado en políticas públicas con visión de país y sentido social que busquen equiparar la cancha, no en políticas en las que se convoca al empresariado para derrotar la pobreza y la desigualdad desde la base de que se trata de un problema de caridad, donde se le pide a los empresarios que por caridad ayuden a los pobres, pero no por un principio de justicia.