La Ley de Migraciones que necesitamos

Jaime Pilowsky Greene

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Hace cuarenta años, se publicó en el Diario Oficial el Decreto de Ley N°1.094, conocido como Ley de Extranjería. La migración ha contado con radicales cambios desde entonces, tanto en el tipo y procedencia de personas que vienen a nuestro país, como en los motivos por los cuales lo hacen y, sobre todo, en la intensidad y volumen de su crecimiento.

Esto, sumado a que el ADN de la Ley de Extranjería está impregnado de una lógica restrictiva, se nota y la limita: subordina el derecho de las personas a migrar a los criterios de la autoridad administrativa y se atribuye a la capacidad de contener el flujo migratorio, uno de sus grandes fracasos.

A mi juicio, la actual legislación está obsoleta, ya que contiene una institucionalidad migratoria deficiente y que no permite asegurar que las decisiones que se toman responden a los estándares de pertinencia y fundamentación necesarios en toda política pública. La actual ley representa hoy un obstáculo para el desarrollo de Chile, pues desaprovecha el enorme potencial cultural, creativo y económico que la migración aporta en las sociedades receptoras.

Adicionalmente, esta legislación no recoge ni da cumplimiento a diversos compromisos adquiridos por el Estado en materia de respeto a los DDHH de las personas migrantes, lo que trae consigo que seamos constantemente advertidos o sancionados por parte de organismos, tanto nacionales como internacionales. La suma del paso del tiempo y la debilidad de estructura de ese Decreto han provocado una coincidencia transversal: esta institucionalidad ya no aguanta más.

Si bien el gobierno ha puesto en marcha una serie de innovaciones dentro del marco jurídico vigente, como la nueva Visa Temporaria por Motivos Laborales y para Uniones Civiles; la gratuidad de las visas para víctimas de Trata, la eliminación de la retención de documentos, el término de las multas a niños y niñas por infracciones migratorias y la simplificación de diversos aspectos de la gestión de Extranjería, además de reconocer como chilenos a todos los hijos de extranjeros residentes nacidos en Chile, no importando la situación migratoria de sus padres, aún no es suficiente.

Asoma el peligro de que todos estos progresos, al consistir en medidas administrativas, pueden ser eliminadas del mismo modo en que fueron creadas. Por eso se requiere hacer de este cambio de enfoque algo permanente. Sólo una ley puede convertir lo logrado en política de Estado.

Lo alarmante es que el proyecto de Ley de Migración, que el Gobierno se comprometió a enviar a trámite el 31 de marzo, nuevamente no cumplió con el plazo prometido, desatendiendo un tema relevante y urgente para un país que no puede enfocarse solamente en las grandes reformas sin atender las políticas públicas del día a día.

Cuando tenemos cerca de medio millón de extranjeros viviendo entre nosotros, necesitamos una Ley de Migraciones moderna, confiable, segura, respetuosa, de gran capacidad y eficacia para acercarnos a ese Chile intercultural y rico en diversidad. Espero que el Ejecutivo reflexione sobre la materia y cumpla a la brevedad con los plazos que se impuso.