La ley de Pesca violó la dignidad del Congreso Nacional

Camilo Escalona

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A los procesamientos de gerentes y parlamentarios por pagos irregulares del grupo de la pesca industrial Corpesca, se agregó una  causa por platas de campaña electoral que se investigan en la Región de Aysén, y ahora se han sumado Informes publicados por la fundación Ciper, relativos a dineros irregulares entregados por la asociación empresarial, Asipes de la Región del Bío-Bío, a personeros políticos en años recientes, cuyo efecto inmediato provocó la salida del Subsecretario de Pesca.

Lo más grave del caso es que los pagos ilegales se vinculan al trámite de la ley de pesca el año 2012, lo que daña su legitimidad muy profundamente, se trata de una red estrechamente vinculada a la discusión de esa ley. En su honda expansiva estas denuncias vuelven a afectar al gobierno de Sebastián Piñera ya que altos directivos de esa administración se ven comprometidos en las malas prácticas denunciadas, incluido el ministro de Economía de ese período.

Asimismo, los antecedentes referidos al año 2014, dañan irreparablemente la legitimidad de la recién asumida Presidenta de la UDI, que en su rol de Presidenta de la Comisión de Pesca del Senado recibió claras instrucciones, tan innegables como ilícitas, para defender indebidamente los intereses corporativos asociados en Asipes en perjuicio de la pesca artesanal y de todo el país.

Digna de antología es la defensa que realiza de la aludida parlamentaria, el senador de la UDI, Víctor Pérez, al calificar el escándalo publicado por Ciper como "saber especializado", solo eso sería  el mensaje enviado por el gerente de Asipes, que contenía un verdadero instructivo de la conducta que debía asumir la senadora en el tramite de la ley, llevado a cabo el año 2014.

El volumen del negocio pesquero es de tal cuantía y proyección que muchos no han vacilado en meterse a esa vorágine de platas irregulares, coimas mezcladas con traspasos de cuotas, conductas desleales y concesiones perpetuas; una danza desbocada de dineros irregulares que nublaron la vista y los sentidos de personeros que debían, precisamente, eludir y condenar tan enloquecedoras tentaciones.

Pero no sólo en la derecha se han manchado. Hay personeros de la Nueva Mayoría en el ilícito. Aparece como parte de la operación entre Asipes y Van Risselberghe, un tercer actor que fuera autoridad del sector pesquero hasta hace un par de semanas. Por ello, pedí al Tribunal Supremo, la expulsión del PS del ex diputado y ex subsecretario Raúl Sunico, por conducta incompatible con los valores socialistas.

En los antecedentes se ve un despliegue de poder corporativo del sector industrial pesquero que se concreta por el uso indebido de elevadas sumas de dinero. Estos casos de corrupción es mucho lo que dañan el régimen democrático, ya que se ha intervenido, directamente o indirectamente la aprobación de la ley de Pesca, condicionando la conducta de diversos miembros del cuerpo legislativo.

Los pagos en la ley de pesca son un soborno a miembros del Congreso Nacional durante el cumplimiento de su tarea más esencial: la aprobación de un ordenamiento legal, el cual en este caso, define y regula la actividad pesquera en el país.

Cuando se asume tan deplorable proceder se renuncia a lo más trascendente en la función legislativa: a velar y garantizar el interés nacional.

Se trata de la falta más grave que puede cometer un parlamentario en el ejercicio de sus funciones. Votar una ley a cambio del pago de un privado. Estas personas tienen la condición de parlamentarios pero, en su actuar día a día, se comportan como si fuesen simples delegados de sus financistas en las anteriores campañas electorales. Esta pérdida de dignidad y pudor daña de manera incalculable la función legislativa.

La gravedad está en la venta de su voto a un actor interesado de forma corporativa en el tema que se está aprobando, traicionando con ello al auténtico dueño de la actividad del congresista: el pueblo soberano, que emite el sufragio que le elige y le incorpora al Parlamento, que le hace entrega de importantes recursos materiales, para que precisamente pueda conducirse sin sometimiento a los intereses particulares que se juegan en el proceso legislativo.

En democracia la ley debe velar por el bien común y proteger al más débil, el soborno elimina ese principio esencial y actúa como mecanismo que acentúa la preponderancia del más fuerte, del poderoso, de aquel que llega a someter la institucionalidad gracias al dinero.

Una vez que los Tribunales de Justicia hayan establecido las responsabilidades, un proyecto de Acuerdo, instrumento utilizado por ambas corporaciones del Congreso Nacional, debiese condenar severamente la conducta de los involucrados. El valor de esta decisión, aún cuando sea simbólica, tendría un sentido reparador de la dignidad del Parlamento, como institución que cuida y protege el interés nacional, y que además resguarda el valor fundamental de la dignidad de la política y de la democracia en el país.

Asimismo, la justicia debiese seguir con su labor de investigación y esclarecimiento de estos hechos, a fin de asegurar que el país tenga la seguridad, que quienes mancillaron la labor parlamentaria y deshonraron su propio Juramento al ser investidos deban enfrentar sus graves responsabilidades en los Tribunales.

Desde hace algún tiempo se han registrado diversos hechos vergonzosos. Con el retorno de la democracia parece ser que la opinión pública comenzó a verse conmovida por este tipo de delitos, al investigarse una situación de cobros indebidos por el otorgamiento de permisos para plantas de revisión técnica; hubo congresistas que perdieron el fuero y parte de ellos quedaron procesados sin regresar a las sesiones del Parlamento.

El paso del tiempo ha ido agravando las situaciones que se investigan. Ahora es el momento de una respuesta democrática e institucional de máxima severidad. Lo que se juega es el prestigio y la legitimidad de la democracia como sistema de gobierno y régimen político. Es la hora de actuar sin vacilaciones.

El primer paso debe ser la aprobación de una nueva ley de pesca que no esté afectada por la presencia de dinero sucio y que pueda recobrar su plena legitimidad ante el país.