La oportunidad de legitimar nuestra actual Constitución
No hay duda que todos nos encontramos en sintonía con las grandes demandas sociales del país, las que han emanado con fuerza en el último mes tras la crisis. Poco a poco el clamor de la ciudadanía se ha ido canalizando hasta decantar en el acuerdo por una nueva Constitución anunciado recientemente por el Presidente Sebastián Piñera.
Por cierto, bastante se ha debatido en estos días respecto de si efectivamente este camino es la panacea a los dolores más urgentes de las personas. Sin embargo, tenemos la oportunidad de explicar a la ciudadanía que sí es posible sacar adelante mejores pensiones, un sueldo mínimo digno, la condonación del CAE, más seguridad ciudadana, salud y educación con la actual Carta Fundamental.
¿Cómo? A través de cuerpos jurídicos y proyectos de ley que no emanan de ella. De hecho, la regulación de las AFP no está en la Constitución, si no en el Decreto de Ley 3.500 de 1980. Las Isapres y Fonasa se rigen por la Ley 18.933 y los delitos de colusión, soborno, cohecho lo hacen bajo el Código Penal.
El Código Sanitario y el Decreto 466/1985 rigen a los medicamentos, mientras que la Ley20.378 ha hecho lo propio con las tarifas del transporte público y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70 del ministerio de Obras Públicas fija el precio de los servicios sanitarios. Asimismo, la regulación de los sueldos de los ministros de Estado y empleados públicos, que en el caso de los parlamentarios se ha votado una rebaja en la dieta, está contenida en el Decreto Ley 249 de 1974.
El objetivo de hacer una nueva Constitución es solo un punto político al centrar su argumento en el momento histórico y político en que fue diseñada (1980), desconociendo así los innumerables cambios que ha experimentado.
El Partido Comunista y aquellos conglomerados que no firmaron el acuerdo se olvidan que nuestra Constitución ya ha experimentado fuertes cambios durante los gobiernos de la Concertación, y justamente, lleva la firma del ex Presidente Ricardo Lagos. Por lo tanto, la idea que ha tratado de instalar la izquierda es una burda justificación.
De hecho, la propuesta de reemplazar la Carta Magna ni siquiera se asoma en la lista de prioridades de la población, según la plataforma Chilecracia.org.
Por otro lado, la Asamblea Constituyente, uno de los dos mecanismos que deberá escoger la ciudadanía en el plebiscito de abril con el objeto de redactar el nuevo texto, es un camino nada exitoso. Un ejemplo concreto de lo anterior es el desenlace de Venezuela, uno de los países más pujante de la región que terminó con su economía por el suelo y bajo denuncias por graves violaciones a las libertades individuales.
Espero que este proceso sea una oportunidad para legitimar nuestra actual Constitución, que por cierto siempre puede ser perfectible.
Por eso, lo importante es comprender que el terreno sobre el cual edificamos nuestra institucionalidad ha sido y sigue siendo una base sólida, la misma que nos permitirá continuar avanzando como país hacia el desarrollo, pero con equidad social.
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