Los desafíos en la elección del órgano constituyente

Leonel Sánchez Jorquera

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Con resultados tan categóricos del plebiscito, en donde más de un 78% se los votos válidamente emitidos señalaron el camino de querer una nueva constitución y con prácticamente un 79% manifestando que el órgano constituyente, que debe redactar la nueva constitución, tiene que ser elegido en un 100% por votación popular, se nos vienen nuevos desafíos en el corto plazo para abordar este proceso constituyente.

Nunca debemos olvidar que el actual proceso constituyente comenzó a gestarse con el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, y el plebiscito solo institucionalizó dicho proceso con el apoyo del voto popular. Lo cual queda demostrado en los más de 7 millones y medio de personas que concurrieron a las urnas, estableciendo un récord en la historia de Chile.

El primer desafío que se plantea ahora es, ¿quiénes eligen al órgano constituyente que redactará la nueva constitución? En tal sentido, la propuesta a trabajar es que sea con voto obligatorio. Quedó demostrado el alto interés de participar de la población, pero se debe asumir no solo como un derecho, sino también como un deber cívico del cual todas y todos estamos llamados/as a cumplir.

Es la primera vez en la historia del Chile republicano que elegiremos un órgano constituyente representativo del pueblo para que redacte una nueva constitución. Esta asamblea constituyente, dicho en la terminología utilizada por el PNUD en un estudio del año 2015, es una elección que está fuera de serie de cualquier otra elección que haya vivido el país y, en tal sentido, se debe concebir como un imperativo ético la participación de la ciudadanía.

Pero no es el único desafío que debemos abordar después de este categórico triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional en el plebiscito. También debemos abordar con premura y urgencia el sistema de elección de las, los y les constituyentes.

Un primer paso es asegurar la participación de los pueblos indígenas en esta asamblea constituyente, con una representación concordante con el 12,8 % de la población que se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario en Chile (Censo de Población y Vivienda, 2017), tema que no se encuentra resuelto y que requerirá de la movilización de todos los pueblos indígenas y de la sociedad entera.

Un segundo tema importante es ver la participación de independientes o miembros de las diversas organizaciones sociales, comunitarias y movimientos que han impulsado el actual proceso constituyente. Tenemos que rechazar un sistema que pretende elegir a las y los mismos de siempre en el órgano constituyente.

Tienen que igualarse las condiciones y requisitos para ser candidato/a a la constituyente entre un ciudadano/a que milita en un partido político y otro/a ciudadano/a que es independiente y que en muchos casos es un/a activo/a miembro de una organización social comunitaria o de base o de un movimiento social.

En estos momentos para ser candidato/a a la asamblea constituyente las y los militantes tienen una situación de privilegio en relación con el resto de la población; y recordemos que entre las causas del estallido social se encuentra el sistema de partidos políticos, controlados por una cultura oligárquica y muchos de los cuales han sido coaptados por los grupos de poder económicos (solamente recordar el caso SQM).

Los partidos políticos de oposición se han tenido que sumar a un proceso constituyente iniciado por el movimiento social y la protesta generaliza de millones de personas, por tal motivo, enfrentar con unidad y convicción en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo más humano para Chile es un imperativo ético que debe primar por sobre intereses mezquinos.

Por ejemplo, una norma totalmente discriminatoria con los/as independientes, que es indispensable modificar, es la que establece que las y los candidatos independientes al órgano constituyente, vayan o no en lista de independientes o asociados a un partido político, no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro del lapso comprendido desde el 26 de octubre de 2019 hasta el 11 de enero de 2021, lo cual corresponde a un periodo extraordinario de mucho más de un año de inhabilidad para ser candidatos/as, de personas que fueron renunciando a los partidos políticos, principalmente por la decepción frente a la reacción de sus partidos al estallido social.

Si la norma general de la ley electoral es de nueve meses, no tiene justificación una norma extraordinaria de mayor tiempo de inhabilidad para ser candidato/a independiente al órgano constituyente.

Otro de los grandes desafíos a resolver dice relación con la participación de los menores de 18 años en la elección de las personas que formarán el órgano constituyente, lo cual no es baladí, al ser precisamente esos jóvenes los que gatillaron el actual proceso constituyente, nunca antes logrado en la historia de Chile. Son los que nos despertaron con una de las grandes verdades del actual estallido social: hasta que la dignidad se haga costumbre.

Eso son algunos de los grandes desafíos que tenemos que impulsar ahora, para que el órgano constituyente que redacte una nueva constitución sea una asamblea constituyente soberana y representativa de los pueblos de Chile.

No debemos aceptar nunca más un “no se puede”, porque el movimiento feminista nos enseñó que, con unidad y movilización creativa y masiva, sí se puede. Hoy tenemos la certeza, única e inédita en el planeta, de tener una asamblea constituyente paritaria.

También tener presente que la movilización social nos demostró que en Chile se puede tener un sistema verdaderamente democrático y participativo desde el inicio, desde la discusión de la primera constitución política redactada por los pueblos de este terruño llamado Chile.