Maltrato, falta de protección y malas prácticas

Los cambios culturales se toman su tiempo, pero siempre llegan. Hay tres áreas que han estado en el debate público, en la medida en que está cambiando la forma como la sociedad los percibe. Ellos son el trato a la mujer (violencia intrafamiliar, desigualdad de sueldos y segregación por género) la situación de niñas y niños (igualdad ante la ley, derecho a ser protegidos y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño) y la relación entre el dinero y la actividad política (financiamiento de los partidos políticos, transparencia en los gastos de campaña y manejo de los dineros personales de quienes ocupan cargos públicos).

Fue recién en el año 1975 cuando la Naciones Unidas hicieron un llamado a la comunidad internacional para levantar un nuevo paradigma que obligara a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales, a los parlamentarios y a toda la comunidad  a  identificar y enfrentar los problemas que afectaban  a las mujeres.  

Es decir, hace ya cuarenta y dos años el tema de la igualdad jurídica con el hombre, de los derechos políticos de la mujer y de su seguridad social se hizo planetario. Chile, que generalmente ha estado retrasado en estas cosas - baste recordar que el derecho a voto   femenino se consiguió recién a mediados del  siglo XX -  ha realizado grandes avances desde entonces.

Pero no nos llamemos a engaño, el machismo reinante en los dos sexos ha predominado en nuestra cultura a tal punto que una de las primeras propuestas del Servicio Nacional de la Mujer creado por el Presidente Aylwin fue “hacer un nuevo trato”. 

Hoy nadie acepta que la mujer sea golpeada, que sea discriminada en la educación y que no pueda ejercer libremente sus derechos políticos. Es un cambio cultural importante, pero un cambio en proceso. Y la lucha que la senadora Carolina Goic está dando en estos días se inscribe en esas gestas que marcan la inflexión hacia una nueva cultura.

El tema de la infancia es aún más cercano en el tiempo. Recién en 1979 el Año Internacional del Niño puso en el debate nacional e internacional lo que Gabriela Mistral había declarado mucho antes ... “a él no le podemos contestar mañana, su nombre es hoy”. A partir de entonces las Naciones Unidas trabajaron en la Convención de los Derechos del Niño que el Presidente Aylwin ratificó en 1990, año en que entró en vigencia.

Así, después de decenas de años de lucha de los educadores, las iglesias, pensadores, médicos y gente de buena voluntad, se producía un cambio definitivo en el tema de la infancia. Cuántos mandatarios hicieron de la educación de los niños su objetivo principal. Cuántos trabajaron para terminar con la desnutrición y el abandono. En Chile sabemos de ello. Pero quedaba un problema aún vigente.

Desde 1855 la ley chilena distinguía entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales. Fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, con Soledad Alvear como ministra de Justicia, cuando se cambió la ley de Filiación, con el reconocimiento de plenos derechos para todos los niños. Todo esto incentivó un cambio cultural que hace que hoy sea inaceptable que el Estado, a través del Sename, sea incapaz de dar la debida protección a todos los niños a su cargo.

Por último, el financiamiento espurio de la política y los negocios poco transparentes de quienes nos representan son prácticas del pasado, que la ciudadanía, desde el retorno a la democracia, ha rechazado tajantemente.

Para evitar estos males se aprobó una ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas, que propuso la Presidenta Bachelet.  Es por eso que ahora la mantención de dichas prácticas es inaceptable. Hoy hay una nueva cultura sobre esta materia y quienes no se amolden a ella pagarán las consecuencias.

No es posible ejercer un cargo público y tener sus dineros invertidos evadiendo impuestos. No es posible financiar a parlamentarios para luego sugerir temas en la redacción de leyes.

Hace bien Carolina Goic cuando propone crear unidades anticorrupción, dar autonomía constitucional al director de Impuestos Internos, modificar el Código Penal para que los delitos de cuello y corbata tengan penas adecuadas, incluida la cárcel, y también penalizar la corrupción entre privados.

La cultura política está cambiando y los que no lo entiendan irán quedando en el camino.

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