No estamos para quedarnos atrás en la fila
El martes 3 de septiembre, un sinnúmero de pobladoras y pobladores - allegados y arrendatarios - detuvieron el tránsito en tres puntos de la Región Metropolitana, generando gran congestión y la atención de la prensa.
Con tales acciones y tras el grito ¡Rechazo a la Ley de Integración social!, el Movimiento Solidario Vida Digna pone en la palestra la voz desde los territorios, donde las y los más excluidos de este país alojan y se enfrentan a la brutalidad del mercado inmobiliario.
La brutalidad yace precisamente en la condena que han enfrentado históricamente los expulsados de sus territorios por una vivienda, antes en el formato de las “erradicaciones” de campamentos y hoy como “subsidios habitacionales” en alguna zona periférica de la ciudad.
Al reducido espacio de las casas o departamentos, se suma la dispersión de las personas que componían un campamento o comité, enviándoles a diferentes lugares de la ciudad rompiendo sus redes comunitarias y organizacionales.
Para qué hablar de los 5, 10 o 15 años de espera de estas familias por algo que debería ser un derecho social y terminó siendo una promesa incumplida.
Si ellos ya eran vulnerados, en los nuevos sectores que se asentaron fueron afectados por la precariedad de los servicios básicos como el transporte, el limitado acceso a farmacias, bancos, escuelas, hospitales o universidades públicas. Hoy, en aquellos lugares donde se pone en marcha esta política subsidiaria de vivienda han emergido nuevas comunas, como La Pintana, Puente Alto y Huechuraba, por ejemplo.
En la Pintana y Puente Alto, la exclusión y vulnerabilidad se han expresado en sectores empobrecidos donde “el narco” es el garante de derechos ante la ausencia del Estado.
Mientras que Huechuraba - parte del ex Gran Conchalí - tuvo un proceso histórico distinto con las tomas de terreno de fines de los sesenta, donde las y los pobladores se enfrentan a la expulsión forzada, pues esta comuna del “peri-centro” se ha elitizado a un nivel incluso que se construyen viviendas de 200 millones con una laguna, esto en tiempos de sequía en lugares que se han caracterizado por ser humedales.
Ahora bien, resulta que aquellos que se beneficiaron con esta política de especulación del suelo nos vienen con la solución, la ya famosa “Ley de Integración”, en un contexto donde la Cámara Chilena de la Construcción plantea que la vivienda es “severamente no alcanzable” por su alto precio de compra.
Ya hace un poco más de tres meses el Movimiento Solidario Vida digna planteaba que a través de tal proyecto de ley, el mercado busca profundizar la ciudad neoliberal inaugurada en 1979, proponiendo un sistema de concesión para privatizar la poca reserva de suelo público que queda y así achicar aún más la opción de acceder a la vivienda de forma colectiva.
Junto con eso, se crean las Zonas de Integración Urbana (ZIU) que permitirán saltarse las normas urbanísticas de los planes reguladores comunales, lo que de paso abrirá el apetito inmobiliario a desplazar vía mercado a quienes viven alrededor de los ejes estructurantes de la ciudad, es decir, en las zonas de “renovación urbana” de la periferia. O sea, un anillo al dedo para la Cámara Chilena de la Construcción que podrá aumentar su oferta en zonas consolidadas.
En este contexto, donde el Ministro Cristián Monckeberg afirma que quienes se movilizan son aquellos que “quedan atrás” en la fila por una oferta habitacional y a la cual el Gobierno, considerando la gente que entra a campamentos, no son capaces de otorgarle una solución habitacional.
Él mismo ha señalado que cada año nacen al menos 70 campamentos, “eso quiere decir que en estos cuatro años esperamos bordear los 270 campamentos, pero son 802 los que existen y el drama que tenemos es que hay más gente que entra a campamentos y no somos capaces de darle la solución”.
El propio ministro menciona que existen 802 campamentos que corresponden a 46 mil familias, aún pasando por alto el déficit sobre 500 viviendas que necesitan allegados y arrendatarios. A esto el gobierno ofrece anualmente 25 mil viviendas sin deuda y 40 mil con la propuesta de Integración social, mientras las inmobiliarias han construido y vendido entre 2002 y 2017 más de 500 mil departamentos ¿por qué no baja el déficit de vivienda señor ministro?
En este sentido, el problema subyace en el modelo que está hecho para que no todos y todas accedan a la vivienda sin deuda, obligando a recurrir al mercado a las familias más pobres de este país para lograr incluso endeudarlas. Si el déficit del 2015 fue de 300 mil viviendas, el 2017 fue de 393 mil según el Censo y de 487 mil según la encuesta CASEN ¿qué queda para el 2019?
Habrá que preguntarse si realmente el Ministro Monckeberg conoce el déficit de vivienda que enfrenta el país, para que invite con argumentos a las y los pobladores a no “hacer tomas ni cortes, [ya] que hay que ponerse en la fila y cumplir los requisitos”.
En esta fila que ni ellos han sido capaces de asignar un número, habrá que esperar - ante lo cíclico de la historia - que nuevamente las y los pobladores logren ser, tal como lo mencionó Mario Garcés, en “la extensión y potenciación del más significativo movimiento social de pobladores que se haya verificado en la historia social chilena del siglo XX” (Garcés: 1997; 45), pero ahora del siglo presente.
Co-autor de la columna Simón González, historiador de la Usach, cursa un Magister.
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