Para los Masones, Chile debe ser más justo, igualitario y digno
El 29 de enero, se realizó en Santiago el VI Convento Masónico Nacional, consecuencia de un debate a lo largo del país, que se realizó desde la segunda quincena de noviembre hasta culminar en la fecha citada. Esto significó más de 960 conventos de base (tres por logias) y 35 conventos jurisdiccionales (agrupaciones geográficas de logias).
La jornada de cierre se realizó en Santiago, con la presencia de 417 delegados provenientes de las jurisdicciones, junto a los integrantes del Consejo de la Gran Logia de Chile y otras autoridades masónicas.
Este convento - convención que se hace de manera cerrada o exclusiva con sus miembros - responde a la necesidad que emana de circunstancias excepcionales, para conocer la opinión de todos los masones, frente a desafíos que presenta el tiempo secular, como lo es en esta ocasión la necesidad de analizar los alcances, consecuencias y perspectivas que surgen ante el estallido social.
La comprobación de que se ha producido un quiebre en el contrato social, establecido en Chile a partir de la recuperación de la democracia, el motivo central del convento apuntó a avizorar un nuevo contrato social para Chile, que recoja los desafíos que ha presentado el estallido social y las aspiraciones de los chilenos, en cuanto a tener un país más justo, más igualitario y donde la meta suprema sea la garantía de la dignidad de las personas, a través de derechos y un nuevo trato desde el poder.
Las conclusiones, que están en proceso de redacción final, luego de aprobados los informes por 9 de cada 10 asistentes, serán entregadas ampliamente a las distintas representaciones, instituciones y organizaciones del país: políticas, gremiales, educacionales, estudiantiles, sindicales, religiosas, éticas, etc.
De manera general, se asume que la sociedad chilena se encuentra en un estado de crisis, generada por la insatisfacción frente a un modelo que ha afectado a un gran número de chilenos, merced a un Estado débil, que habilita una sociedad de severas diferencias socio-económicas, con trazas de corrupción y abusos reiterados.
Se reconoce que el modelo consolidó como objetivo central el crecimiento de la economía, incentivando el individualismo, el consumo, la depredación y la explotación indiscriminada de recursos naturales, el endeudamiento y consecuente empobrecimiento y precarización de la población, la concentración de la riqueza económica en muy pocos, generando frustración, desconfianza y rabia, así como la desesperanza de la mayoría de los chilenos ante los abusos.
Frente a esa realidad, existe consenso que la solución a esta crisis tiene como componentes lo político y lo social, y en ese contexto se ha valorado ampliamente el Proceso Constituyente como una solución para avanzar en uno de los aspectos fundamentales para tener un nuevo contrato social: una nueva Constitución, entendiendo que junto a ello hay que construir también una trama de acuerdos en el plano social, que pongan la justicia social y la dignificación como elementos determinantes.
En la primera fase de este proceso, que se expresa en el Plebiscito de entrada, el llamado que se hace por lo pronto, es a asumir el deber ciudadano de participar, pero de manera informada. Ello implica que los ciudadanos conozcan lo que está en debate, más allá de la consigna y de la opinión liviana.
La solución para las grandes dificultades que tensionan a nuestro país, producto de las causas que llevaron al estallido social, descansan nuevamente en la democracia, donde los ciudadanos deben recuperar su protagonismo con la fuerza de su voto libre e informado.
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