¿Paramos la violencia o esperamos que destruya nuestra convivencia?

Patricio Young

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Este es el dilema de hoy que las autoridades si o sí deben asumir. La libertad de manifestarse es legítima, pero destruir, profanar o matar, es absolutamente ajeno al objetivo de los que demandan. Sin embargo, éstos tampoco pueden eludir su responsabilidad, sabiendo que ellos son utilizados por violentistas que en definitiva terminan desvirtuando su propio movimiento.

La tremenda violencia que ocurre especialmente después de las marchas estudiantiles o lo que vivimos en la Araucanía se torna absolutamente insostenible. En ambos casos existen grupos radicalizados organizados, en unos amparados por capuchas y piedras, en el otro utilizando armas de fuego. Ambos grupos tienen en común que no creen en la democracia sino solo en el imperio de la violencia.

Activistas mapuche o anarquistas según sea el caso, no representan el sentir ni del pueblo mapuche ni tampoco de los estudiantes y del resto da la sociedad chilena, quienes muy por el contrario repudiamos toda forma de violencia. Pero se yerguen como los grandes defensores de sus intereses cuando solo anidan odio y violencia con lo que nunca se podrá construir una sociedad mejor y menos más justa y solidaria.

Pero lo más grave es que aquí hay instituciones que definitivamente parecen no funcionar.

Carabineros ha demostrado una ineficiencia supina. Al parecer no tienen ni tácticas ni estrategias para actuar efectivamente contra estos violentistas.Son 40, 80 o 100 que superan a 1500 o 2000 carabineros, como ocurrió el 21 de mayo. Lo más increíble es que quienes estuvieron presente en los disturbios de Valparaíso ese día, señalan que los Carabineros veían como actuaban esos alrededor de 40 jóvenes a la distancia ¡y no hacían nada!

¿Cómo es posible que periodistas sean capaces de llegar a conversar con células armadas que actúan en la Araucanía y carabineros e investigaciones no hayan podido actuar y detener a esas mismas células?

Frente a estas situaciones los ciudadanos estamos perplejos y tenemos una gran interrogante; o el Estado y las instituciones que deben resguardar la seguridad pública están por la idea de dejar hacer, para no afectar su imagen, o simplemente es un cúmulo de ineficiencia y poco profesionalismo. Las únicas respuestas que tenemos del gobierno son las benditas querellas que no llegan a ningún lado, porque en definitiva no se encuentran a los responsables o aparecen uno o dos cuando todo el país vio a varias decenas actuando.

Parece inaudito que el gobierno no haya tomado medidas contra el Director de Carabineros frente a su tan liviana argumentación presentada como resultado de los desmanes del 21 de mayo. Si para el Director carabineros se ve incriminado o limitado para actuar a causa de demandas anteriores, sinceramente la justificación agrava la falta.

Es cierto, también quela Fiscalía Pública ha reprobado. No ha sido capaz de establecer un plan de acción que permita poner a estas personas tras las rejas a pesar de innumerables grabaciones, fotografías de todo tipo existentes que los incriminan. Hace unos días atrás, nuevamente periodistas nos muestran el seguimiento de algunos violentistas en todas sus fases, cuando actúan, cuando se cambian de ropa a cara descubierta y pasa después delante de los propios carabineros como una burla.

¿Qué pasa? ¿Será necesario que periodistas vayan a dictar cátedras a las escuelas de Investigaciones y Carabineros para preparar mejor su capacidad investigativa? ¡Sinceramente es vergonzoso!

Naturalmente que, a este coctel de la permisividad, hay que agregar a jueces que más que de garantía, parecen ser garantistas. A los parlamentarios que solo manifiestan su preocupación en el momento, pero cuando llegar la hora de la verdad parecen defender más los intereses de los violentistas que del resto de la sociedad. Un caso evidente es la ley contra los encapuchados. La misma que todo Chile pide a gritos.

Es también insostenible que la primera autoridad nacional, que debe dar claras señales al respecto, no haya dicho nada importante frente a hechos que implicaron la muerte de un trabajador y tampoco frente al ingreso de jóvenes a La Moneda. Definitivamente parece ausente. Son momentos en que la Presidenta tiene el deber y la obligación de decir algo frente al calibre de esos hechos. La explicación o justificación que dio en una emisora no está a la altura de su investidura.

Es hora que los estudiantes reflexionen más allá de sus pasiones. Es preciso que se den cuenta y dejen de ser manipulados y utilizados por estos grupos de lumpen y termocéfalos, antes que toda la sociedad se vuelva en contra de su legítima lucha.

El bien de toda la sociedad es más importante que el de algunos que se manifiestan. Si los jóvenes no son capaces de controlar los desmanes y menos hacerse responsables de las consecuencias que se generan, se hace necesario entonces impedir por algún tiempo estas manifestaciones.

De lo contrario quienes deberán asumir su responsabilidad ante la sociedad son las autoridades que las autorizan, a sabiendas de cómo terminarán. Su responsabilidad es velar por el bien común y no por intereses de algunos. Es hora de decir basta. No es impedir el derecho legítimo a manifestarse, sino de actuar de una vez por toda contra grupos pequeños bien organizadosque solo quieren destruir la vida democrática que nos costó recuperar y que incluso se pagó con la sangre de muchos.

Este problema ha afectado de igual manera al gobierno de ayer y de hoy, por lo que no está marcado por una opción política. ¿Será entonces que el Estado y sus instituciones no están a la altura de los requerimientos?