Pragmatismo político en favor de la asamblea constituyente

La frase es del tejano Lyndon B. Johnson. La dijo luego de asumir el cargo que quedó vacante en noviembre de 1963 tras el asesinato de quien se mantiene como ejemplo de lo mejor de la política estadounidense, el presidente John F. Kennedy: “Prefiero tenerlo meando desde la carpa hacia fuera que desde fuera hacia dentro”.

Fue su campechana y pragmática respuesta a quien le recomendó despedir al eterno -y peligrosamente bien informado- director del FBI J. Edgar Hoover, según reseñara en 1972 el periodista del New York Times ganador del Pulitzer David Halberstam, en su libro “Los mejores y más brillantes”.

La obra, dicho en sencillo, relata cómo a pesar de reclutar a los intelectuales y académicos más destacados de su generación, por seguir sus consejos Kennedy arrastró a su país a una de las, para ellos, más desastrosas guerras que había enfrentado su país hasta ese momento: Vietnam.

Pongo sobre la mesa esta anécdota para recordar que en política no existen las verdades reveladas. Hay análisis y proyecciones más o menos certeras, es cierto.  Pero solo de tecnocracia inmediata no se construye la sociedad. Se hace mirando el horizonte, también.

La siguiente historia se la escuché a un destacado constitucionalista chileno.

Una de las principales propuestas del programa del ex presidente Barack Obama cuando se postuló en 2008 fue la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida en Estados Unidos como Obamacare.  Esta fue aprobada por el Congreso en marzo de 2010 y obliga a todos los estadounidenses a contratar un seguro de salud, con multa en dinero de no hacerlo.

La discusión sobre la constitucionalidad de la ley era clave. Al ser EEUU un Estado federado, la legislatura nacional tiene limitaciones para imponer a sus Estados o ciudadanos determinados comportamientos.  En este caso, comprar un seguro de salud.

Los republicanos confiaban en que la Corte Suprema echaría por tierra el proyecto aprobado por el Congreso, declarándolo inconstitucional.  Cinco de los 9 jueces son conservadores, incluido su presidente John Roberts.Sin embargo y contra todo pronóstico, este magistrado se alineó con los progresistas (demócratas) y respaldó la ley. 

Contradictoriamente, gran parte de su argumentación fue de rechazo al proyecto y en particular a la posibilidad de que el Congreso obligara a los ciudadanos a contratar un seguro.  Pero votó a favor porque lo calificó de impuesto, algo para lo cual los congresistas sí tienen atribuciones.

¿Por qué optó por esta vía, cuando pudo haber desechado la iniciativa sin más?

Aunque hay varias interpretaciones, la revista Forbes explica que una de las consideraciones fue que de rechazar el principal proyecto de ley de Obama habría quedado en evidencia la marcada alineación partidista conservadora de la Corte Suprema.  Y esto habría trasladado la discusión desde el plan de salud hacia el cuestionamiento de la labor del máximo tribunal.  Incluso los demócratas ya estaban reuniendo pruebas para iniciar una batalla político-legal.  Y eso era un gusto que Roberts, como presidente de la Corte Suprema, no se podía dar.

Volvamos a Chile.

Ante las reformas que el gobierno ha anunciado (tributaria, educacional, constitucional y, hoy por hoy, laboral), quienes se oponen amenazan en todo momento con recurrir a esa instancia contra mayoritaria que es el Tribunal Constitucional.  Especial esfuerzo ha puesto en ello el partido celador de la Carta Fundamental de Pinochet que es la Unión Demócrata Independiente.

Y desde la vereda opuesta cunde la molestia por tanto afán bloqueador, inmovilista.Sin embargo, quizás habría que tomar distancia.

Quien de verdad busque  un cambio trascendental, no cosmético, debiera confiar en que los opositores a las reformas mantengan su empeño.  Es  más, que lo refuercen. E incluso que tengan éxito. Que el Tribunal Constitucional les dé la razón y las propuestas de Bachelet no puedan avanzar más allá de lo que permite el corsé que el dictador encajó al país en 1980.  Y que el duopolio remendara en 1989 y 2005.

Así, la discusión de fondo se elevará por sobre las indiscutiblemente necesarias reformas del gobierno y se trasladará a esa cárcel institucional que es la Constitución,  donde su cambio en lo esencial sería parte del debate.  Incluida la posibilidad de una asamblea constituyente, ante la incapacidad del sistema vigente de resolver los baches del modelo de sociedad de mercado.

Si la UDI reflexionara como John Roberts, pensaría dos veces los pasos que da en pro de bloquear a todo evento las reformas de Bachelet.

Esto es parte de la discusión pública que se dará el próximo año, más aún cuando el debate constitucional esté en la mesa producto del cronograma legislativo.  El resultado dependerá de la claridad política no solo de los políticos sino de todos los actores involucrados.  Tanto de los que buscan triunfos cortoplacistas como de los que ponen la vista mucho más allá.

Adiós 2014. Bienvenido 2015.