¿Qué le pasó al Servel?

Todos, como humanos que somos, nos podemos equivocar. Pero cuando las equivocaciones no son hechos aislados y más se parecen a la norma, entonces uno, razonablemente, debe meditar si acaso no habrá un problema más de fondo que sea la raíz de un actuar tan errático. Al extrapolar esta lógica a una institución, la gravedad es exponencialmente mayor, pues significa que son muchas personas las que se están equivocando una y otra vez al tomar sus decisiones conjuntas.

Para desgracia de nuestro sistema democrático y su legitimidad, no sería exagerado decir que el Servel definitivamente entró en esta categoría, siendo el goterón que rebasó el vaso la reciente revocación que les impuso el Tricel, al revertir el fallo que ordenó disolver a Ciudadanos como partido político.

Es decir, aplicando protocolos, procedimientos y mecanismos similares, se llegó a dos conclusiones diametralmente opuestas, lo que escapa a cualquier pensamiento lógico. Porque está bien tener diferencias interpretativas y de matices, pero otra muy distinta es pasar del blanco al negro. Sobre todo, cuando el proceso sólo era una cuestión administrativa, que consistía en validar firmas y no era, digamos, física cuántica.   

El daño que se provocó a las personas que militan en este partido ha sido enorme. Esta inhabilitación duró casi 60 días, diezmando sus posibilidades de obtener escaños para la representación popular, lo que no sólo es una agresión a los militantes y directivos del partido, sino que a cientos de miles de otras personas y a la esencia del sistema. Haciendo una proyección, de no haber sido por el dictamen del Servel, muchas de estas personas les habrían dado su voto en las elecciones de noviembre próximo. Pero ahora, más de alguno, no lo hará.

Más allá de este hecho, que es gravísimo, no hace falta hacer mucha memoria para recordar situaciones del mismo tenor, todas entorpeciendo al sistema democrático.

Desde aspectos anodinos como cuestionar y querer invalidar el nombre de Revolución Democrática para un partido (por considerar que era un “concepto contrario a la Constitución y a la paz social”), hasta problemas desestabilizadores como el cambio involuntario del domicilio electoral de casi 500 mil personas, poco antes de las elecciones municipales del año pasado. Varios candidatos de comunas a lo largo del país analizaban abiertamente la posibilidad de impugnar los resultados por estar éstos viciados. Aún hoy es posible decir que, de no ser por este “error”, podría haber comunas que tendrían como alcalde a otra persona.

A esto se pueden sumar las polémicas que suscitó el proceso de refichaje, las trabas que quisieron poner para hacer propaganda vía internet, las personas que no pudieron votar para las recientes primarias por figurar afiliada a un partido del que nunca fueron simpatizantes, y así una serie de otras grandes y pequeñas cosas.

Desde la difusa situación de Juan Emilio Cheyre como integrante del servicio a pesar de estar, al mismo tiempo, procesado por el caso Caravana de la Muerte, hasta puerilidades despilfarradoras como la publicidad de media página y a todo color en un medio de circulación nacional, el mismo día de la elección primaria: llamaban a hacer el trámite de “cambiarse” de domicilio electoral cuando la realidad era que el plazo para hacerlo ya había vencido. 

La misión del Servel es velar por el buen funcionamiento de los procesos democráticos del país. Pero cuando uno ve las consecuencias que tienen sus decisiones, se llega a la paradoja de que su gestión en los últimos años parece ir, definitivamente, en la dirección contraria. Es más, llama la atención que, a pesar de los continuos traspiés, nadie asuma sus responsabilidades y todo siga como si nada.

En 2013 asumió el primer Consejo Directivo de la historia del Servel. Así, en 2015 dejó de depender del ministerio del Interior, obteniendo en la letra su total autonomía. Dejando de lado las buenas intenciones, cabe preguntarse si esa reforma tuvo más efectos positivos o negativos.

Como sea, lo que no nos puede dejar indiferentes es la nula aproximación a lo que en Estados Unidos llaman “accountability”, es decir, la capacidad de responder y hacerse cargo.

Esperemos que los resultados de la comisión investigadora del padrón electoral, que hace unos días entregó su informe en la Cámara de Diputados, sí genere los efectos adecuados para que este tipo de cosas dejen de ocurrirle a otros. Su actuar, la verdad, no ayuda mucho a que las personas retomen la confianza hacia el sistema que los gobierna y lo legitimen como tal.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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