Reajuste del sector público: ¿una nueva contradicción para el Gobierno?

Se acerca a pasos agigantados el fin de año, momento en que corresponde discutir el reajuste en las remuneraciones para el sector público. Si bien la Mesa del Sector Público entregó sus propuestas para la negociación y ya han existido conversaciones entre dirigentes y el Ejecutivo, en los próximos días y semanas deberían entrar a la recta final, buscando llegar a un acuerdo.

En el marco de esas negociaciones, ya se anuncian las primeras movilizaciones y la mesa ha llamado a que sus bases estén en "estado de alerta", para entre otras cosas "informar de las acciones de movilización que se definan en función de alcanzar los objetivos de los gremios del sector", sin descartar ningún medio para lograr ese objetivo.

Los funcionarios en su propuesta, entre otras cosas, demandan "un 3% de reajuste real para los trabajadores públicos a partir del 1 de diciembre de 2022, lo que sumado al 12% de inflación anual, se traduce en un 15% de reajuste nominal".

En este contexto, es legítimo preguntarse: ¿Están las condiciones para un reajuste de esta magnitud? Una vez más, los dirigentes de las asociaciones de funcionarios marcan su distancia y desconexión con la realidad del país, con las proyecciones para el próximo año y el marco que establece el presupuesto para el 2023.

Organismos internacionales -como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso la Cepal- coinciden en que Chile sufrirá una contracción económica el año 2023, con un crecimiento negativo, posicionándolo uno de los países con peor desempeño tendría en la región, entrando en recesión y con una inflación que permanecerá alta.

En esa línea, hace algunas semanas cuando el Presidente Boric anunció el presupuesto para el 2023, se ponía el foco en la responsabilidad fiscal y en la necesidad de administrar el presupuesto de manera responsable, proponiendo una expansión presupuestaria de 4,2% el gasto para el año 2023, respecto de este año, por debajo del 6,1% proyectado de inflación para el próximo año, por lo que no existe un real crecimiento del presupuesto.

¿Cómo enfrentará el Gobierno esta negociación cuando tenga que proponer ajustes a los componentes económicos de un potencial acuerdo? ¿Insistirá en un reajuste acotado, así como también lo impuso en su propuesta de presupuesto? ¿O se impondrán la política y la presión de los dirigentes y funcionarios? Cuando comiencen las manifestaciones y paros ¿Será el gobierno igual de crítico como lo fue con los camioneros?, considerando que se tratan de paros ilegales, que velan por los intereses y privilegios de un grupo, perjudicando a los chilenos que requieren de servicios públicos como salud y educación, entre otros.

Cualquiera sea el resultado de las próximas semanas, sin lugar a duda tendrá efectos para todos los chilenos, ya sea por las manifestaciones que se produzcan, puede ser una nueva oportunidad para dejar en evidencia las contradicciones y las prioridades de este gobierno.

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