Reforma migratoria, discriminación por nacionalidad
Una de las principales críticas a la obsoleta Ley de Extranjería que data de 1975 y fue dictada en plena dictadura (Decreto Ley 1.094) es su marcado acento en el paradigma de la seguridad interna y la sospecha hacia el extranjero, por lo cual había acuerdo transversal en la necesidad de impulsar una nueva legislación acorde a la realidad migratoria que enfrenta nuestro país.
El anuncio de una Reforma Migratoria hecho por el gobierno de Piñera, que implica indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de migraciones enviado al Congreso durante su primer gobierno y al propuesto por el gobierno de Bachelet luego de gran dilación y tensiones internas (principalmente de orden financiero por el costo de implementar un Servicio, el que acertadamente se incluye en actual reforma), además de medidas administrativas que se harán efectivas en apenas un par de semanas, están dejando más dudas que certezas sobre los principios que la impulsan.
La primera dice relación con la modalidad que está usando el Ejecutivo, dado que no tiene mayoría en ninguna de las Cámaras, de gobernar por decreto (como lo hizo en el caso del reglamento del aborto en tres causales), lo que parece un intento de evitar el debate legislativo y de implementar a corto plazo medidas populistas celebradas por un sector racista y xenófobo de la sociedad chilena.
En efecto, mientras se tramita el proyecto de ley de migraciones, por vía administrativa se exigirá a los haitianos Visa consular de turismo simple desde el 16 abril y Visado para fines humanitarios (para reunificación familiar), que deberá ser solicitada en el Consulado chileno en Haití y entrará en vigor el 2 de julio del presente año.
En otras palabras, una medida con relevantes efectos prácticos para la vida de las y los migrantes haitianos (muchos de los cuales ya compraron su pasaje aéreo o se aprestan a viajar) se empezará a aplicar apenas al quinto día de su anuncio y sin una adecuada capacidad e información en un consulado con alto nivel de precariedad, como el de Chile en Haití.
En el caso de la Visa de responsabilidad democrática para venezolanos, que debiera entregarse por fines humanitarios y no a una nacionalidad específica, se informaba vía redes sociales que el Consulado honorario (que por esa calidad no tiene la potestad de entregar dicho visado) en Maracaibo se mantendría cerrado durante abril, lo que resulta insólito justo cuando se requiere dar la mayor información a los ciudadanos venezolanos que la necesiten.
Pero el punto más preocupante de la Visa consular de turismo simple para haitianos, es que tiene un sesgo de discriminación por nacionalidad que - dicho sea de paso -, es la quinta comunidad más numerosa en nuestro país (con 73.098) según las cifras actualizadas al 2017 del ministerio del Interior que se confirmarán con los resultados del Censo durante este año, bastante más lejos de Perú (249.389), Colombia (126.981), Bolivia (111.011) y Venezuela 84.586).
La pregunta es ¿por qué si hoy las visas consulares de turismo (para cualquier nacionalidad) son de 90 días, la que se impondrá por decreto desde el 16 de abril específicamente para haitianos, es de 30 días?
Pretender regular la migración haitiana exigiéndoles visa consular antes de venir a Chile, podría incentivar canales irregulares de entrada la país, redes de tráfico y trata de personas, como ya ocurrió con el visado que se le impuso a los dominicanos en el primer gobierno de Piñera.
Lejos de desincentivar su llegada a Chile, la incrementó por pasos fronterizos no habilitados en un alarmante 4.550% entre 2012 y 2016 y aumentó en un 600% su expulsión del país. Lo mismo podría ocurrir con las visas consulares a haitianos.
Frente a la actual situación en que las y los migrantes entraban a Chile como turistas y luego cambiaban su calidad migratoria a residentes al conseguir un trabajo, vía administrativa el Ejecutivo eliminará a partir del 23 de abril del año en curso (apenas 10 días hábiles después del anuncio) la posibilidad de solicitar visado temporario en Chile por motivos laborales (creado en 2015 en reemplazo de visa sujeta a contrato de 1975), que es a la que está afecta el 70% de la población extranjera en el país.
En su reemplazo, se crea la Visa Temporaria de Oportunidades que debe solicitarse fuera de Chile, lo que implica que los extranjeros que quieran venir a trabajar deberán conseguir empleo antes de llegar al país.
En definitiva, implica volver al uso de la visa sujeta a contrato de trabajo (de 1975), cuya vigencia depende de mantener el empleo y del vínculo con el empleador, que se puede dar para abuso laboral.
Que la residencia quede subyugada o sujeta a un contrato de trabajo atenta contra mandatos de tratados internacionales que prohíben condicionar derechos de una persona a un contrato. A lo anterior se suma la alta inestabilidad, precariedad y movilidad del mercado del trabajo chileno, que implica que cuando un extranjero pierde su empleo pierde también su residencia.
Acoger y dar un trato justo y humano a los inmigrantes y refugiados en una nueva legislación moderna y acorde a los principios de la Convención sobre Protección de los Derechos de todos/as los Trabajadores/as Migratorios/as y de sus Familiares ratificada por el Estado de Chile, implica no hacer discriminación por nacionalidad o por raza, ni poner obstáculos al derecho de las personas a migrar en un mundo globalizado y reconocer que los inmigrantes son sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria.
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