Servel en zona gris

Carlos Arrue

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Pese a los problemas en el crecimiento económico, la rentabilidad de ser oposición para la derecha sigue al alza gracias, entre otras cosas,  a un sistema de nombramientos que impacta transversalmente a un conjunto de organismos de carácter estatal o para-estatal. Este sistema, más que un “contra peso a la mayoría”, se ha convertido en una mala manera de entender la democracia y de desvirtuar la voluntad del pueblo. Así, los costos los paga el Gobierno y los beneficios son para la oposición.

Un ejemplo significativo lo encontramos en el Servel. La razón primigenia de su existencia es el derecho de los ciudadanos a sufragar, garantizando que este derecho democrático sea inmaculado. De allí, y solo desde allí, derivan todas sus facultades fiscalizadoras. Es decir, es ante todo una institución al servicio de la democracia. Su rol no es dificultar el sufragio ni menos aun menoscabar la credibilidad de los procesos electorales y el reciente otorgamiento de autonomía no hace sino reforzar ese rol garante.

Sin embargo, el art. 62 de la ley que la rige, señala que “el Consejo Directivo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.” Este elevado quórum (66%) significa que se requieren 25 de 38 senadores para nombrar un directivo. Así, cada vez que otorga su apoyo a un nombramiento, la derecha exige a cambio, otro.

Lamentablemente, el resultado de esta fórmula no es una institución representativa, cauta, democrática, honorable sino más bien una expresión adicional del poder sobre representado que detenta la derecha en Chile, con lo cual morigera la naturaleza originaria del Servel. Más en concreto, expresa el tutelaje que ejerce sobre la institucionalidad para su propio beneficio. De allí que la derecha no necesita la mayoría para gobernar, solo necesita un tercio en el Senado y un sistema de nombramientos que pase por dicha instancia parlamentaria. Todos los nombramientos hoy lo hacen. [i]

Este tutelaje además, es el lado B de la política de los consensos, aquel lado que traduce la palabra consensos en un término que restringe la democracia y perpetúa un modelo económico cuya mala distribución del ingreso es de notorio y público conocimiento. Y fue ese tutelaje el que puso al militante de la UDI Gonzalo Molina en el Consejo Directivo del Servel, del que tuvo que renunciar debido a su vinculación con el caso SQM y fue la política de los consensos la que puso al ex Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre en ese mismo Consejo Directivo.

La situación de ambos se suma a un actuar cuestionable del Servel e incluso del Presidente del Consejo Directivo, que no se centra siempre en los derechos políticos de los ciudadanos sino más bien en una visión totalmente corporativista de la institucionalidad.

Sin duda el Servel ha visto dañada su credibilidad y ahora, la no aceptación de la renuncia de Juan Emilio Cheyre es un despropósito que perjudica, no solo la imagen de la institución, sino del país. Después de todo, a Cheyre no se le acusa de robarse un pollo. El impacto excede al Servel y pareciera que Patricio Santa María no se da cuenta de eso.

Por de pronto, estos graves hechos hacen aconsejable que Juan Emilio Cheyre renuncie a su cargo y que dicha renuncia sea aceptada por el Presidente del Consejo Directivo del Servel, incluso teniendo en cuenta su propia responsabilidad administrativa. Se convertiría así en una oportunidad para contar con los dos reemplazantes necesarios, preferentemente mujeres, con credenciales democráticas probadas.

De la misma forma, resulta relevante revisar tanto el sistema de nombramientos de cargos directivos de instituciones autónomas como el modo en que estas instituciones se hacen cargo y responden por la autonomía de la que gozan. ¿Una tarea importante para el proceso constituyente? Tal vez, siempre y cuando el Consejo Nacional de Televisión, otro organismo binominalizado, no siga negando el derecho a la información como lo hace habitualmente.