Sistema Previsional, ¿transformación profunda o maquillaje contra reloj?

La dictadura introdujo profundos cambios en nuestro país. Uno de ellos fue instalar un modelo económico neoliberal extremo, con énfasis en la actividad privada y una restricción a la acción del Estado, especialmente en la provisión de servicios sociales, como la previsión.

El antiguo sistema de cajas se reemplazó por la capitalización individual, administrada por entidades privadas, las AFP. La jubilación quedó entregada exclusivamente al esfuerzo personal, lo que excluyó a muchas personas y causa graves perjuicios, especialmente a las mujeres, que interrumpen su vida laboral por la maternidad, dedican buena parte de su vida a la atención del hogar y reciben menos remuneración que los varones.

Sólo el 2008, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se introdujo un pilar solidario que comenzó a financiar, con fondos públicos, una pensión básica o un aporte destinado a mejorar el monto de las pensiones a las personas cuyos ahorros no les permitían autofinanciarlas.

Se corrigió, entonces, el problema más grave que tenía el sistema de AFP, que era la exclusión de millones de chilenas y chilenos. Sin embargo, siguió pendiente una modificación más profunda, que mejorara las pensiones para el resto de la población.

De lo que se trata es de construir un verdadero sistema de seguridad social, de carácter universal y solidario; que corrija las inequidades, especialmente con las mujeres; que sea sostenible en el tiempo, o sea que sus beneficios puedan pagarse también a futuras generaciones; que aumente el ahorro, a través de una cotización adicional de cargo del empleador y que lo estimule, mediante beneficios definidos, o sea, que el trabajador o la trabajadora sepan qué pueden esperar si imponen sistemáticamente.

Hoy, el principal tema en discusión es qué hacer con el 6% adicional que aportará el empleador. Para la UDI, ello debe destinarse al aporte individual. Para el Gobierno, debe distribuirse equitativamente, un 3% para las cuentas personales y un 3% para un fondo solidario. Para algunos sectores de la oposición, el 6% debe ir a un pilar colectivo, donde se reconozca el esfuerzo individual, pero que se distribuya con el fin de corregir inequidades. Para otros sectores, es posible avanzar a mecanismos más cercanos al antiguo reparto.

El retiro del 10% agudizó esa discusión, reforzando y extremando las visiones de cada sector. Algunos han visto en esa medida una consolidación del ahorro individual; mientras otros creyeron ver un duro golpe para las AFP y la administración privada.

Existe una dificultad en abordar esta discusión cuando estamos prontos a iniciar un proceso constituyente, en que pudieran establecerse definiciones distintas.

Ello solo puede ser superado si se cuenta con un amplio respaldo sobre una transformación profunda del sistema actual, que reduzca el énfasis en el ahorro individual y refuerce lo colectivo.

Cualquier otra modificación, contra reloj, que asiente este modelo y sus deficiencias tendrá escasa legitimidad y, probablemente, corta duración.

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