¿Son suficientes las propuestas de reforma laboral de la Nueva Mayoría?

Entre 1964 y 1973, durante la reforma democrática, los trabajadores obtuvieron el nivel más elevado de desarrollo. Ni antes, ni después existe parangón en las tres dimensiones básicas y universales en que es posible medir el poder e influencia de los sindicatos: la sindicalización, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga.

Durante la dictadura los trabajadores fueron despojados violentamente de sus derechos fundamentales. Sus organizaciones sindicales fueron disueltas y perseguidas sistemáticamente, sus dirigentes asesinados, torturados, encarcelados, forzados al exilio.

Se impuso una nueva legislación laboral, conocida como el Plan Laboral, con el claro objetivo de reducirlos a su mínima expresión. Sin embargo lograron resistir y sobrevivir con la esperanza que una vez alcanzada la democracia sus derechos serían restituidos, sus reivindicaciones satisfechas y así iniciar la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales.Sería el homenaje justo y merecido para los y las trabajadoras que lo sacrificaron todo por un Chile mejor.

En 1990 con alegría se iniciaba el proceso que nos conduciría a la democracia. El gobierno de transición planteó a los sindicatos, la necesidad de contener sus reivindicaciones y postergar las necesarias reformas a la legislación laboral de la dictadura. La prioridad no era otra que consolidar el proceso democrático. Así lo entendieron y aceptaron los sindicatos, ahora con la esperanza que pronto se iniciaría la construcción de ese un nuevo modelo de relaciones laborales tan anhelado por los trabajadores y prometido por el gobierno.

La transición finalizó y la democracia política llegó para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no ha sido suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.

Ha persistido el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso ha derivado en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.

En este año, 2014, el gobierno de la Nueva Mayoría definió sus prioridades: reforma educacional, tributaria y constitucional. La reforma laboral quedó postergada a un segundo plano, reducida y abordada de manera separada a propuestas específicas, en materia de sindicalización, negociación colectiva y huelga.

La necesidad de dar el giro a nuestra institucionalidad laboral para que se reconozca verdaderamente el rol que juega el sindicato, con capacidad efectiva de acción y poder, como punto de partida para lograr el desarrollo, continuará esperando, así como un nuevo modelo de relaciones laborales que aspire a generar mayor equilibrio entre las partes basándose en el fortalecimiento de las tres dimensiones básicas y universales las que no pueden tratarse de manera separada.

En este sentido, ninguna modificación al ámbito de la sindicalización tendrá el efecto esperado sin transformaciones estructurales a la negociación colectiva y a la huelga. Y continuarán existiendo demasiadas personas para quienes esos derechos son inalcanzables o su consecución muy ardua o simplemente sus derechos en tales áreas conculcados.La intolerancia del ejercicio de la libertad sindical continuará manifestándose como una forma de violencia social.

La reforma laboral propuesta por el gobierno constituye un avance, pero es insuficiente. Chile no podrá alcanzar el Desarrollo ni construir una verdadera democracia si no se plantea seriamente la construcción de ese Nuevo Modelo de Relaciones Laborales. Un modelo que reconozca la divergencia de intereses y el conflicto inherente a la relación capital-trabajo.

Porque en el Chile de hoy la democracia y el desarrollo con justicia social suponen el ejercicio y respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva cuyo déficit se expresa en discriminación, falta de diálogo social, conflictividad y exclusión.

Porque la desigual distribución de la riqueza, que es una característica de nuestro país y principal fuente generadora de la pobreza y exclusión social, no va a revertir sin el pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva que constituye, junto a un sistema fiscal y a las políticas sociales, un instrumento para mejorar la distribución de la riqueza de forma constante y progresiva.

Porque el déficit de Trabajo Decente en nuestro país tiene entre sus principales causas la falta de libertad sindical y negociación colectiva que impacta negativamente en el empleo, protección social y diálogo social.

Porque la promoción de la libertad sindical es insuficiente, a pesar de su relevancia, por no contar con el respaldo político, institucional, laboral y social requeridos.

Cualquier reforma laboral requiere de un proceso de diálogo social inclusivo, con todos los actores del sistema de relaciones laborales, con todas las centrales sindicales por pequeñas que ellas sean. Los sindicatos necesitan tener una mayor incidencia en la definición de las políticas públicas para alcanzar un desarrollo socialmente sostenible con justicia social.

Por ahora, habrá que esperar para que la reforma propuesta por el gobierno se apruebe sin demora en el Congreso y se aplique con rapidez. Los sindicatos tendrán que continuar trabajando y acumulando fuerza para generar los cambios estructurales a la normativa laboral.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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