Subjetivo
El Presidente Gabriel Boric ha permitido que una mayoría de derecha y algunos votos DC en el Senado apruebe el tratado antinacional conocido como TPP11. Ello abre camino a su pronta confirmación que se ha anunciado aunque no prosperen los convenios que el gobierno tramita en forma paralela. Esta decisión es responsabilidad exclusiva del Presidente, quien podría haberla evitado retirando el proyecto en uso de sus atribuciones. Hay que valorar la votación en contrario de la coalición del Apruebo. Costará muy caro al país y al gobierno, acentuará la deslegitimación del sistema democrático y agravará la crisis nacional en pleno curso.
El rechazo abrumador del pueblo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 (4-S), el pronunciamiento electoral más representativo en registro, agravó la crisis política nacional, es decir, la completa deslegitimación del sistema político democrático, desatada el 18 de octubre de 2019 (18-O). Arrastró a las instituciones surgidas para abrir un cauce democrático de solución a la crisis, el proceso constitucional establecido por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 (15-N) y las recientemente elegidas autoridades parlamentarias y gubernamentales. La crisis política nacional debe resolverse para que el país continúe su marcha, para lo cual es imperioso recomponer rápidamente la coalición del Apruebo tras la aplastante derrota sufrida y recuperar la ofensiva por las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige.
La masividad sin precedentes del Rechazo confirma que la irrupción del pueblo en el espacio político iniciada el 18-0 sigue desplegada, aunque en esta ocasión se ha volcado en contra de la propuesta de la Convención Constitucional y las fuerzas progresistas que votaron Apruebo, arrastrándolas a la deslegitimación que ya afecta a la derecha y el centro. El ciclo de participación popular masiva en política mantiene su fase desplegada y es muy improbable que amaine pronto.
Dicho movimiento es determinado por la confluencia en la disposición a actuar en política de muchos millones de personas, la que no cambia de un día para otro. El descontento popular no ha amainado ni mucho menos, se seguirá expresando masivamente de las formas más diversas, como ha quedado de manifiesto en los días transcurridos tras el 4-S. Las turbulencias populares van a continuar hasta que se acabe con los abusos que la provocaron en primer lugar, lo que ahora tomará más tiempo.
El ciclo de actividad política popular sigue así un curso que la ciencia política clásica denominó "objetivo", debido a la imposibilidad de cambiar arbitrariamente su sentido y dificultad de incidir en su dirección. Esto último es posible aunque en mínima medida y sólo de manera lenta y gradual, del mismo modo que un pequeño timón sostenido con firmeza puede influir en la trayectoria de un transatlántico. La clave en la dirección que tome la actividad popular desplegada, radica en la acción de las fuerzas políticas que pugnan por conducirla, lo que la ciencia política clásica denominó el "factor subjetivo".
A pesar de su derrota aplastante en el plebiscito, la coalición del Apruebo sigue siendo de muy lejos la fuerza política más poderosa del país. Es la llamada a conducir al conjunto del sistema político para reabrir un cauce democrático de solución a la crisis nacional. Ello le exige pasar ordenadamente a la defensiva, hacer la debida autocrítica y reagrupar sus fuerzas, para reabrir el cauce a una nueva constitución y preparar una contraofensiva que le permita realizar las reformas necesarias para resolver la crisis nacional.
Por cierto no es la única fuerza política que busca asumir la conducción de la avalancha de descontento popular, pero las demás están aún más deslegitimadas a pesar de haberse agazapado tras el Rechazo el 4-S y no tienen un proyecto común para el país. Si ninguna fuerza política democrática es capaz de resolver la crisis política nacional, dejan el campo libre a demagogos y sinvergüenzas, agravando aún más la situación. Por añadidura siempre medran al acecho los criminales que buscan imponer una salida de fuerza a la crisis. Ambos son los verdaderos ganadores del 4-S, lo saben y han corrido a adueñarse del resultado. Todos ellos financiados sin límite y azuzados por los poderosos que pretenden mantener sus privilegios a cualquier costo.
La experiencia de las fuerzas revolucionarias y progresistas tras su aplastante derrota el 11 de septiembre de 1973 puede resultar de utilidad para que la coalición del Apruebo se pueda recomponer rápidamente tras la derrota sufrida. Inmediatamente tras el golpe y luego de quedar en evidencia el carácter de este, se esfumaron las divisiones en su seno que en meses precedentes las habían enfrentado entre sí, a veces violentamente. Tras esa derrota espantosa, en cambio, se generó entre todas las fuerzas democráticas un ánimo de solidaridad, protección y complicidad mutuas, que pronto se hizo extensivo a la abrumadora mayoría de la ciudadanía. Ello les permitió sobrevivir al genocidio desatado en su contra por Pinochet, recomponerse e iniciar desde el primer minuto la resistencia clandestina a la dictadura.
Del mismo modo, tras el 4-S no tienen cabida las recriminaciones mutuas entre las fuerzas partidarias del Apruebo. Cada cual tuvo su cuota de responsabilidad en la tremenda derrota sufrida por todas. Lo que corresponde es una profunda reflexión autocrítica conjunta para identificar y enmendar los errores principales que llevaron a la misma.
Las causas de la derrota son sin duda muchas, pero el concepto central de la teoría política clásica ayuda a identificar la principal: la incapacidad de las instituciones políticas surgidas tras el 18-O, Convención y nuevos Parlamento y Gobierno, de mostrar que pueden y están dispuestos a enfrentar a los poderosos para impedir que sigan abusando del pueblo (Maquiavelo). Esa es siempre la causa de las crisis nacionales, el origen de la ilegitimidad de la autoridad política. La masiva expresión de rechazo popular el 4-S se debe en primer lugar a que muy poco y casi nada ha cambiado en la vida cotidiana del pueblo tras el 18-O. Al contrario y por diversas circunstancias en buena medida ajenas al sistema político chileno, esta se ha tornado aún más insoportable. Tampoco las nuevas autoridades habían logrado dar señales claras de su decisión de acabar con los grandes abusos.
Los grandes ciclos de participación popular en política se extienden a lo largo de décadas, con fases de repliegue, largos períodos de calma chicha seguidas de años de ascenso lento, para culminar en la fase de participación desplegada. Por cierto, se asientan a lo largo de una sucesión de alzas y bajas. Los dos últimos grandes ciclos de participación del pueblo chileno en política iniciaron sus fases desplegadas a mediados de los años 1960 y a inicios de los años 1980 y en ambos casos éstas se extendieron a lo largo de unos siete años hasta 1973 y 1989, respectivamente. No amainaron antes de lograr sus objetivos principales.
El pueblo chileno continúa bien despierto y su participación política directa desde el 18-O ha sido impresionante. Ese intenso estado de ánimo popular es lo primero que hay que tomar en cuenta al momento de definir las estrategias políticas adecuadas. La agitación del pueblo chileno no atraviesa un período de repliegue, sino los vaivenes y tumbos propios de la fase desplegada del ciclo de su participación en política. Ese es el mar de fondo sobre el cual el sistema político democrático debe navegar para recuperar su legitimidad. No considerarlo debidamente, pretender por ejemplo que vivimos tiempos tranquilos como en los años 1990, en los cuales el juego político se remite a la medida de lo posible dentro del juego parlamentario, constituye la definición literal del concepto de "cretinismo político''.
El timón en política son las consignas, materia de la mayor seriedad y decisiva importancia, que deben escogerse con gran cuidado tras un estudio concienzudo. Durante los períodos de actividad política desplegada del pueblo la conclusión de la ciencia política clásica referida a las consignas es una sola: hay que identificar cuáles son los principales abusos de los poderosos contra el pueblo, apuntar a denunciarlos y a acabar con ellos, ni más ni menos. En tiempos de participación popular masiva la única forma de conducirla en un sentido constructivo es adelantar las consignas de modo que alienten la esperanza del pueblo y su voluntad de pelear hasta acabar con los abusos principales que se han acumulado.
En Chile son muchos los abusos que se arrastran desde la dictadura y que no han sido terminados sino incluso agravados en los 30 años de democracia. Sin embargo, en términos económicos al menos, se conocen bien los principales. El mayor de lejos es la apropiación sin pago significativo por parte de seis grandes mineras privadas de cobre cuyo valor anual equivale a la mitad de los ingresos fiscales. El segundo son cotizaciones y subsidios fiscales apropiados por el sistema AFP y desviados al mercado de capitales. Ese desvío es la causa exclusiva de las bajas pensiones y del déficit y endeudamiento fiscal.
Por lo anterior las principales reformas necesarias, como hace justo un siglo denominaba el Presidente Arturo Alessandri Palma a aquellas cuya postergación, en sus palabras, conduce a la hecatombe, son hoy principalmente dos: recuperar el cobre y otros bienes comunes, y acabar con el desvío de las cotizaciones previsionales y otros impuestos y subsidios, a financiar los negocios de un puñado de grandes empresarios a costa del pueblo a quién se han usurpado. Ni más ni menos.
Parece una buena idea considerar ampliar ahora la coalición de gobierno, incorporando a la misma a toda la coalición del Apruebo, dejando de lado cualquier sectarismo o mezquindad. Más complicado resulta persuadir a esta fuerza política de abordar ahora las reformas necesarias, sin embargo, ello es posible tras la derrota sobre la base de un pueblo en estado de agitación. Lo siguiente es priorizar en su programa la realización de las reformas necesarias, abordando de inmediato y en profundidad aquellas que son más sentidas y concitan el mayor respaldo popular y coincidencia programática: salud, litio, educación y pensiones. Todas estas materias están en el programa de gobierno y en todas ellas hay altas autoridades convencidas y dispuestas a empujarlas en profundidad.
Varias se pueden lograr sin intervención del Parlamento, puesto que dependen sólo del Ejecutivo. Tal era el caso del necesario rechazo al TPP11, precisamente porque dificulta todas las reformas necesarias al habilitar a los que hoy abusan a exigir indemnizaciones si se termina el abuso. Lamentablemente el Presidente Boric permitió que se aprobara al no retirarlo del Senado.
Ninguna de las principales medidas inmediatas que se requieren en esas materias cuesta dinero al Fisco. Muy por el contrario, las principales aumentan grandemente sus ingresos al tiempo que mantienen o reducen considerablemente los gastos respectivos del fisco, mientras reducen de inmediato el endeudamiento y mejoran enormemente las prestaciones sociales a millones de personas del pueblo. La tremenda derrota que acaba de sufrir el 4-S debería ayudar a convencer a la coalición del Apruebo que no puede continuar como hasta ahora, que es necesario dar un giro estratégico que le permita recuperar la confianza perdida del pueblo, en su conducción y en la autoridad del sistema democrático en su conjunto. Para ello debe apelar a su principal legado y proceder en lo sucesivo con la claridad y determinación del Presidente Salvador Allende.
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