Tenemos un gobierno distraído
El hecho de que nuestro país tenga un padrón electoral “sucio”, que incluye a varios miles de personas fallecidas, y que se haya cambiado el lugar de votación a casi medio millón de electores sin su consentimiento, habría justificado sobradamente la postergación de la elección municipal del 23 de octubre. Pero ello habría acarreado mayores complicaciones, y el gobierno prefirió proponer una ley de emergencia para permitir que las personas afectadas por el cambio puedan votar donde lo hacían antes, lo que naturalmente crea el riesgo de que algunas voten dos veces.
Lamentablemente, lo ocurrido refuerza el desprestigio de la política y fomenta el desinterés y el abstencionismo. A la vez, deja una pobrísima impresión del rigor con que funcionan el Registro Civil y el Servicio Electoral. Pero sobre todo deja en evidencia el grave incumplimiento de deberes de quienes gobiernan.
No sabemos cuánta gente acudirá a las urnas para elegir alcaldes y concejales, pero es evidente que La Moneda ha cometido un error que funciona casi como un disuasivo del acto de votar.
El gobierno tiene la obligación de asegurar que los procesos electorales se desarrollen con plenas garantías de limpieza y corrección. Ese es un requisito esencial del funcionamiento fluido del régimen democrático. Pues bien, el gobierno no estuvo preocupado de ello este año, sino, por ejemplo, del llamado proceso constituyente, que se hizo coincidir a propósito con la campaña municipal pensando que ello beneficiaría al bloque oficialista.
La Moneda no se fijó en gastos para organizar los encuentros locales y cabildos, y obligó a los ministros a convertirse en activistas en los fines de semana, pero nadie sabe para qué fue todo eso. Mientras tanto, el registro de votantes acumulaba defectos como la insólita “existencia” de más de 11 mil chilenos que tendrían más de 120 años.
Nicolás Eyzaguirre, ministro secretario general de la Presidencia, dedicó muchas horas a negociar en el Congreso el porcentaje de votos para la hipotética elección de intendentes, en realidad gobernadores regionales, cuyas atribuciones no están definidas. La Presidenta quiere incluso que esa elección se efectúe en 2017, junto a la elección presidencial y parlamentaria, pero es casi seguro que ello no ocurrirá porque hay demasiadas cosas que discutir y precisar antes.
Es claro que Eyzaguirre, preocupado de cumplir las instrucciones presidenciales, no imaginó lo que se venía encima con la elección municipal. Tampoco Mario Fernández, ministro del Interior. Y allí están los resultados.
El gobierno ha sumado otro despropósito, esta vez en un terreno muy delicado, porque se relaciona con la fe pública y la transparencia de los procesos electorales. Es como si tuviéramos un gobierno distraído, al que ha terminado afectando la desaprobación ciudadana.
Es evidente que, después de la elección municipal, la mandataria tendrá que cambiar a muchos ministros si desea contar con un equipo medianamente eficaz para la última etapa de su período. Lo más importante, en todo caso, es que ella misma actúe con realismo y sentido de las proporciones.
La elección del Presidente de la República, y de los senadores y diputados, que se realizará en noviembre del próximo año, debe efectuarse con un padrón electoral depurado. Se trata de un asunto crucial para que los ciudadanos se sientan motivados a participar en una elección libre de sospechas. Esperemos que el gobierno entienda que en esta materia no tiene espacio para cometer nuevos errores.
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