Todas las casas que se deterioraron en el terremoto y un poco más

¿Qué razón puede haber para que el Estado de Chile haya decidido gastar una cantidad equivalente a lo que se requeriría para reconstruir o refaccionar todas las casas dañadas en el terremoto de la IV Región, acordando la entrega de  un bono  de 6,3 millones de pesos para cada uno de los 9.000 trabajadores del Banco Estado?

A mi juicio ninguna, pero vamos por parte.

El Banco Estado es una institución financiera cuya propiedad es 100% estatal, por lo tanto sus utilidades cuando las genera y normalmente las genera, van íntegramente a las arcas fiscales, no hay acá participación alguna de alguna sociedad o persona privada que participe de la propiedad de la empresa.

El Banco Estado tiene una organización cuya cabeza mayor es un directorio que es designado íntegramente por el Gobierno de turno, así como también su Gerente General. Este Directorio es el responsable último de éxitos y fracasos de la gestión del período. No puede por tanto este Directorio eludir su responsabilidad en este acuerdo.

El monto distribuido corresponde a prácticamente el 100% de las utilidades del primer semestre del año 2015.

Con estos antecedentes, no parece ningún despropósito el que se haya pedido la renuncia al Presidente del Directorio por haber llegado a este acuerdo. Correspondería quizás si además pedir también la renuncia al resto del Directorio.

La información surge al mismo tiempo que el acuerdo para congelar eventuales reajustes a las remuneraciones de las altas autoridades del Gobierno y los parlamentarios. Ahorro que se escurre entre los dedos al compararse con la disminución de recursos que tendrá el Estado por menores utilidades del banco de su propiedad.

Surge también  cuando se está tramitando en el Congreso una reforma laboral significativa, que ha contado por supuesto con una tenaz oposición del sector empresarial y que el ejemplo de este bono no puede venirle como un mejor regalo navideño anticipado, para defender sus posturas anti reforma.

En los últimos días hemos tenido dos acontecimientos que con distinto resultado, ponen en vigencia un tema nada nuevo y que en la segunda mitad del siglo pasado provocó fuertes desequilibrios económicos. Nos referimos a la presión indebida que ejercen sobre el Estado grupos o sectores que por tener una posición privilegiada exigen beneficios exagerados a las condiciones del país, que finalmente van provocando inequidades profundas.

Primero, el paro de los funcionarios de la DGAC  que significó un tremendo caos en nuestros aeropuertos  al impedir la normalidad de los vuelos y que se produjo ante la solicitud de  dichos funcionarios de ser traspasados al  sistema de pensiones vigente para las fuerzas armadas y que si ya es controvertido para ellas, no resiste análisis el que se amplíe a otros sectores civiles y segundo esta negociación del banco estatal  cuya paralización habría significado trastornos mayúsculos para quienes usan los servicios de la entidad, que sin duda son numerosos.

En el primer caso, la autoridad atinadamente a mi juicio, no aceptó la imposición  y fueron los propios usuarios quienes demostraron su molestia  con la movilización y creo que estarán haciendo pensar muy seriamente a los dirigentes sobre repetir la acción. 

En el segundo el temor al caos, porque no hay razón económica ni social alguna para conceder un beneficio de esta magnitud  a los funcionarios estatales del banco, llevó a que la autoridad asignara estos recursos a esos trabajadores y no, por ejemplo, a la reconstrucción de la zona siniestrada.

Esto que decimos no es nuevo, es la cara oscura de la presión que pueden ejercer grupos de poder ubicados en sectores estratégicos cuando visualizan una mano blanda de las autoridades respectivas.

Así en la época señalada, los chilenos pagábamos  las pensiones de estos grupos privilegiados que obtenían permanente beneficios superiores a los del resto de los trabajadores y  que la mayoría de los chilenos no podían obtener.

Aunque esto no tiene que ver con la reforma laboral en tramitación, es posible que hayan sido  estos  trabajadores beneficiados por su posición de privilegio, quienes hayan puesto una lápida a la urgente necesidad de reformas para tratar de nivelar el piso y permitir mejores condiciones de negociación a la inmensa mayoría que hoy no las tiene.

Esperamos sinceramente que no sea así.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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