Una defensa moderna, una mirada global

Carlos Mladinic

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Hace algunos días el ex Subsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Sebastián Piñera escribió una columna bajo el título “Fuerzas Armadas, fin de una época” en respuesta a un artículo homónimo publicado por los académicos Felipe Agüero, Claudio Fuentes y Augusto Varas. En una sociedad democrática es sano discutir como las instituciones se comportan. La defensa, no sólo las instituciones armadas, es un componente esencial de cualquier comunidad nacional porque su estructura, disciplina y doctrina posibilitan cumplir la función que el Estado les ha asignado.

Las instituciones armadas tiene un tratamiento diferenciado si se compara con otros organismos dependientes del Estado. Uno de ellos es la carrera militar que implica tantos activos como en retiro. Por lo tanto el sistema de pensiones de la las Fuerzas Armadas es parte de la carrera militar y no puede entenderse sino a partir de ello.

Se equivoca el Sr. Izurrieta al tratar de justificar esta situación, que claramente él advierte como preferente, por el hecho de que “las FF.AA. no tiene sindicatos; no negocian colectivamente; no reciben bono por término de conflicto, no obtienen Programas de Mejoramiento de Gestión, ni inventivos por cumplimiento de metas y, lo más importante, no ganan horas extraordinarias”. Es como crear una suerte de trade-off entre supuestos privilegios.

Ni lo uno ni lo otro. El sistema previsional que se le aplica a las Fuerzas Armadas es propio de la decisión de contar con ejércitos profesionales y una carrera militar. También es un error asociar ese sistema previsional de las FF.AA. a los sistemas de reparto. El “reparto”, esto es la contribución que el personal de las FF.AA. hace a su propia previsión, no alcanza a cubrir el 30% de los gastos del sistema. Las pensiones del personal retirado de las FF.AA. son fundamentalmente financiadas con recursos provenientes de las arcas fiscales.

Lo que si es factible revisar, a la luz de lo que sucede en otras FF.AA del mundo, como debe ser esa carrera militar y si es posible introducirle modificaciones, como sería la posibilidad de alargarla algunos años, dado los cambios no sólo demográficos sino también respecto a la calidad de vida de las personas mayores. Pareciera factible hoy contar con personal activo más allá de los 54 años, como sucede en otros países. Esto amerita una discusión seria.

Respecto a la llamada Ley del Cobre, es obvio que es necesario reemplazarla. No es racional que el presupuesto de las FF.AA del país se asocie a la producción y ventas de otra empresa del Estado.

Menos aún lo es, que en ocasiones, esa empresa deba endeudarse u obtener aumentos de capital para satisfacer el compromiso con las FF.AA. Lo racional es que el presupuesto de las FF.AA pueda ser debatido y aprobado en su mérito y no sujeto a lo que sucede con la producción y venta de cobre.

¿Cuándo se agote la producción de mineral, no tendremos más Fuerzas armadas? Obviamente ello no es razonable y no podemos seguir postergando esa discusión. La solución debe ser gradual y consensuada, pero para llegar a eso es hora de partir.

Tampoco se puede sostener que el uso de los recursos provenientes de dicha ley es sometido a un riguroso escrutinio. De ser así no habríamos  observado durante el 2016 la continua presencia de autoridades militares en las comisiones investigadoras. Eso pasó porque claramente no había un exhaustivo control del ministerio de Defensa  a esos procedimientos administrativos y de gestión. En ese sentido, pareciera que las instituciones de la defensa aún tienen enormes espacios propios y no deben dejar de ser escrutados.

Igualmente parece razonable dotar al Estado Mayor Conjunto un mucho mayor peso en estos debates introduciendo las modificaciones legales que corresponda. Por lo tanto, debemos a avanzar a entender  la defensa como un todo. Después de casi veintisiete años de democracia aun no podemos ver más allá de las instituciones armadas. Hay un sector civil que debe ejercer sus funciones en la materia, con un ministerio de profesionales activos que deben ser parte integral de la formulación de las políticas públicas del sector.

Debemos sumar a la comunidad científica y del pensamiento. A pesar que llevamos 30 años de Ferias especialmente en lo referido a la aeronaútica, no ha habido una transferencia tecnológica importante para nuestra industria aeroespacial. Algo mejor ha sido en el desarrollo de la industria naval y marítima, pero hay que realizar inversiones y generar políticas a largo plazo si se quiere realmente tener negocios que sean importantes para la economía nacional. Debemos modernizar ahora los gobiernos corporativos de las empresas de la defensa nacional y ampliar su ámbito de acción.

Nuestra defensa es dual, está preparada para el combate pero actúa en las emergencias. Ante esta paradoja hay algo que no cuadra, porque las usamos para algo que no necesariamente han sido entrenados. El Estado debería ser más sincero y señalar que las fuerzas armadas funcionan en la emergencia tanto como en la guerra y ser preparadas en consecuencia.

La defensa es una herramienta del Estado y es más que la suma de sus partes. Cuando Chile se erigió se fue haciendo por partes. Una de ellas fue la preocupación natural de cómo nos defenderíamos. Desde ese momento han pasado dos siglos. Hemos llegado a respuestas disímiles. Es el momento de enfrentar la defensa con todas sus particularidades como la pieza esencial que requiere no sólo voluntad sino también reflexión.