Una fallida oportunidad para la descentralización

Ignacia Fernández

Ultimos publicados:

• Educación rural: un compromiso con la justicia educativa y territorial
• Descentralización: es la hora de una agenda concordada
• Gobernadores regionales: Una agenda para avanzar en el corto plazo

En los próximos días se cumple el plazo auto-impuesto por el Ejecutivo para llegar a acuerdo con la Comisión de Gobierno Interior del Senado y destrabar el proyecto de Reforma Constitucional que hará posible la elección directa de autoridades regionales el año 2017.

Se trata,en principio,de una buena noticia. Qué duda cabe. Chile clama por mayor descentralización y autonomía de las regiones.Existe, un amplio consenso internacional en que la descentralización, respecto de otras formas de organización institucional y administrativa, conlleva a una estructura política que representa de mejor manera los intereses de la comunidad.Pero por lo mismo, por lo imperativo y necesario de una reforma sustantiva en esta materia, la que parece una buena noticia, está a punto de convertirse en una decisión altamente irresponsable.

Varias voces se han alzado desde distintos sectores sobre la necesidad de que la elección directa de autoridades regionales vaya acompañada de mayores competencias administrativas y financieras, que permitan fortalecer la institucionalidad regional y dotarla de atribuciones efectivas. Por eso se extienden hoy las negociaciones, mientras el Ejecutivo ensaya respuestas para dar una señal de compromiso. Pero se trata, lamentablemente, de respuestas improvisadas reflejo de un compromiso inexistente.

Lo más triste de la situación es que estaban todas las condiciones para hacer las cosas bien. Al asumir el gobierno se conformó una Comisión asesora presidencial para la descentralización, de la cual formé parte. Aunque fui crítica de algunas de sus propuestas, había en ese informe una carta de navegación que podía servir de guía para iniciar un proceso de reformas paralelas en los tres ámbitos claves: la descentralización política, la transferencia de competencias y el sistema de financiamiento regional.

Fuimos varios los que en esos tiempo defendimos la necesidad de dar a conocer, junto con el envío al Congreso del primer proyecto de ley, el diseño completo de la reforma que se pensaba impulsar, así como sus etapas sucesivas y –lo más importante- los arreglos institucionales y compromisos que asumía el gobierno respecto de los resultados esperados al final del período.

Pero nada de eso ocurrió. En diciembre de 2014 la Presidenta instruyó la formación de un Comité de Ministros para la transferencia de competencias y la creación de una Secretaría Ejecutiva radicada en la SUBDERE. Esta instancia tendría a su cargo el diseño e implementación de un plan de trabajo, que incluía un conjunto de experiencias piloto de transferencia de servicios públicos, la conformación de mesas de trabajo con los actores involucrados –incluidos los trabajadores-, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y un largo etcétera de tareas que no se han realizado.

Hoy el plazo se acaba, la reforma carece de un diseño integral, la voluntad para transferir competencias de parte de los ministerios es cada vez menor, las experiencias piloto no se han realizado de acuerdo a lo planificado, pero la presión por avanzar se mantiene intacta.

Se conjugan en este proceso todos los vicios de una gestión deficitaria -falta de conducción, escasas capacidades técnicas, exceso de presiones políticas-, que están a punto de dar como resultado un mal acuerdo para impulsar una reforma con importantes repercusiones sobre la administración del Estado. Irresponsable, por decir lo menos.