Violencia institucionalizada

Patricio Young

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Al parecer la existencia de violencia, desmanes y saqueos después de una marcha con legítimas demandas, parece ser habitual y ya parte del paisaje. A nadie le sorprende. Es así, simplemente porque este tipo de violencia ya se ha institucionalizado.

Hace un año escribí una columna similar, sin embargo, ha pasado el tiempo y la situación no ha mejorado sino empeorado. Basta ver las consecuencias de los desmanes posteriores a la cuenta pública de este 21 de mayo en Valparaíso que ya ha ido más allá de todos los márgenes tolerables.

Una democracia, sin duda alguna, debe respetar el derecho a manifestarse, a plantear públicamente su opinión sin que nadie se lo impida, es un derecho inalienable que está en la esencia misma de la democracia. Sin embargo, este derecho se ve enturbiado por estas manifestaciones barbáricas que no tienen necesariamente que ver con los convocantes, pero que en definitiva los afecta.

En efecto, los afecta porque al final de los hechos lo único que queda en la opinión pública son los resultados de los desmanes y poco o nada se recuerda el sentido de la manifestación misma.Se desvirtúa totalmente el acto y sus motivaciones. Ello porque, con razón o sin razón, en la consciencia colectiva de la sociedad queda retenida la causa inmediata y ésta es la convocatoria a una manifestación. Muy pocos hacen análisis sociológicos o políticos de fondo como algunos lo hacen con teorías de dudosa validez científica.

¿Qué sentido tiene entonces hacer esta manifestación si al final nadie recordará sus motivos reales, salvo los manifestantes? ¿Cómo entonces no buscar la manera de asumir el control de estos hechos? Hay que ser claro. La participación social y política no se da solo en la expresión de ideas, sino también en asumir la responsabilidad de la convivencia nacional, sobre todo cuando estoy frente a actos que afectan a personas inocentes que viven muchas veces de actividades que son violentadas y saqueadas. No es responsabilidad solo de la Fuerza Pública. Porque al Institucionalizarse esta violencia es una realidad que nos afecta a todos como sociedad.

Ello sin embargo, no deja de cuestionar a las instituciones públicas responsables de la seguridad. Los ciudadanos no logramos comprender como 40 jóvenes desquiciados, debidamente organizados, como lo señalaron en los medios, testimonios de quienes los vieron, no pudieron ser previstos y controlados por más de 1.000 carabineros que estaban asignados a Valparaíso este 21 de mayo.

El lugar no era una zona marginal o impredecible. Muy por el contrario, era la propia calle Pedro Montt el corazón mismo de la marcha. ¿Los carabineros no tienen instancias investigativas preventivas? ¿No tienen personal de civil que puede prever situaciones? ¿Cómo es posible que llevemos años en estos actos y no se haya podido desarticular la propia organización que los mueve?, porque ya es sabido que no se dan por generación espontánea.

La ciudadanía se pregunta ¿qué pasa con los jóvenes que se detienen? ¿cómo responden frente a sus actos? El que sean menores no impide, como lo señaló el gobierno que obligue a los padres para que respondan por los destrozos o que se les castigue directamente a cumplir un trabajo de reparación de los daños u otro en beneficio de la comunidad.

Es sinceramente aberrante que los juzgados de garantía simplemente los dejen libres por su imputabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad social de estos tribunales? Ellos no están solo para aplicar mecánicamente la ley, sino también para utilizar criterio y ayudar con su labor a generar una convivencia mejor para la sociedad. Solo así se construye una sociedad más justa.

Sin embargo, esta violencia institucionalizada en nuestro país tiene otras expresiones que también se nos hacen naturales. Parece que ahora para ser escuchado en la capital es normal y lógico que la población se tome carreteras o bloquee ciudades. Es muy normal.

Nadie se sorprende que los camioneros de la Araucanía obstaculicen el transito o que la población de Chiloé haya quedado realmente secuestrada en su territorio sin poder desplazarse fuera de ella y sin poder recibir los bienes para su supervivencia. Nadie podría cuestionar lo legítimo de las demandas de los pescadores. ¿Pero es el único camino para resolver los problemas, para movilizar a las autoridades?

El fenómeno de Araucanía es otra muestra de esta violencia institucionalizada. Se lleva años incendiando bienes de empresas, personas y empresarios agrícolas. Ya a nadie le sorprende tampoco, salvo a los afectados. El reconocimiento de la lucha mapuche es muy válido y debemos abordarla como país, pero eso no justifica que se llegue a este extremo.

Lo terrible, es que se ha perdido la confianza en las instituciones del Estado que no han sido capaces de controlar la situación. El gobierno se limita a señalar que presentará una demanda por terrorismo o por seguridad interior del Estado, pero, si no se encuentran a los culpables, al final no tiene sentido alguno.

Toda sociedad es perfectible y por lo mismo siempre habrá motivos para protestar, pero nunca para destruir y afectar los derechos de otros y del conjunto del país. Menos para destruir la vida de otros. Como sociedad hemos aprendido que nunca la violencia nos ha traído un futuro mejor, muy por el contrario, solo decadencia.

Esta violencia es hoy muy preocupante. Es un problema que lógicamente tiene un primer responsable en las distintas instituciones del Estado, pero también nosotros, cada uno de los ciudadanos que no podemos mirar para el lado, hacernos los lesos o justificarlo superficialmente. Sobre todos debe ser preocupación de los que invitan a manifestarse, que, en definitiva, con estos actos de violencia, se ven absolutamente debilitadas sus demandas.

Como país todos tomemos alguna cuota de responsabilidad. ¡Actuemos ahora antes que sea demasiado tarde!