Coherencia y política exterior

La política exterior de Chile es constitucionalmente dirigida por el Presidente de la República y los Derechos Humanos han sido parte fundamental de nuestra visión como Estado. Acción que se ha potenciado desde la vuelta a la democracia por todos los sectores de la sociedad en forma responsable y coherente.

Pero algo ha cambiado y para mal, porque varios países de América Latina han suprimido el carácter de Estado de sus políticas exteriores y han tomado decisiones improvisadas donde la ideología y populismo están muy presentes.

En ese plano, la Cancillería de Chile nos ha sorprendido tristemente con bruscos cambios en la política exterior al restarse del Pacto Migratorio, del Acuerdo de Escazú, creando el foro Prosur y recientemente sumándose a una carta firmada por Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, con el propósito de cuestionar las facultades de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una carta que fue enviada el 11 de abril, pero que sólo es conocida por la opinión pública chilena doce días después de su envío.

Claramente, un grave retroceso de la posición de nuestro país en materia de protección internacional de los derechos fundamentales de las personas como valor universal, tomando en cuenta que Chile, ha ratificado cada uno de los Tratados que consignan el respeto irrestricto a los DD.HH., incluido el Pacto de San José de Costa Rica de 1969.

Por lo mismo, no es posible recurrir al superado principio de la soberanía y de la no intervención, para ahora, de manera improvisada, solicitar a la CIDH que  los Estados gocen de un "razonable margen de autonomía”  para “asegurar derechos y garantías”.

Necesitamos que la política exterior demuestre coherencia y que Chile trabaje en sumar esfuerzos para defender los derechos humanos en todo el mundo, respetando una institucionalidad internacional que nos ha protegido de dictaduras y que nos protegerá en el futuro, en el marco de una interdependencia compleja que se desarrolla en medio de una globalización cuestionada.

En materia de política exterior hay que tener especial coherencia, por tanto, no compartimos esta señal del gobierno de debilitar la protección de los Derechos Humanos cuestionando las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque una civilización democrática debe tener un sistema de protección que seguiremos fortaleciendo, a pesar de los intentos de la administración Piñera.

La preocupación sobre la conducción de la política exterior de Chile ya está instalada y aumenta a cada minuto, basta revisar las declaraciones del Presidente Piñera, quien desde China sostiene que “cada uno tiene el sistema político que quiere” y que lo que importa es que entre Chile y el gigante asiático se está buscando con “pragmatismo una colaboración de beneficie a ambos pueblos”.

Declaración que echa por tierra el papel protagónico que ha tratado de jugar en la crisis de Venezuela, donde el sistema político sí les importa y donde los derechos fundamentales también se están violando.

Los tiempos mejores en materia de derechos humanos son un compromiso que está en nuestra constitución, así como la facultad presidencial de conducir la política exterior de Chile.

Por tanto, esperamos que el Presidente de la República reflexione y no se transforme en un cómplice pasivo de una ideología que está en contra de los derechos humanos.

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