Aborto terapéutico ¿y los derechos de las mujeres?

Enfrentarse a la decisión de interrumpir un embarazo no es sencillo para nadie y probablemente ninguna mujer espera encontrarse en tal situación.

Sin embargo, de acuerdo a estadísticas médicas son miles las mujeres que cada año afrontan embarazos con graves malformaciones incompatibles con la vida o que ponen en riesgo su vida o su salud, además de las incalculables mujeres embarazadas producto de una violación.

Para ellas el Estado sólo les ofrece como respuesta la criminalización total del aborto, negando cualquier posibilidad de decidir autónomamente en base a sus circunstancias personales y sus propios valores.

Esto no siempre ha sido así, pues en Chile se reconoció el derecho al aborto terapéutico hasta 1989 cuando las autoridades militares de la época resolvieron inconsultamente derogar tales normas.

Así, el país pasó a integrar el minoritario grupo de naciones que prohíben el aborto en toda circunstancia y que desconocen los más elementales derechos humanos a las mujeres como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y síquica, el derecho a no sufrir torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, el derecho a la autonomía personal, el derecho a la salud, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la libertad de conciencia y religión, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a decidir el número de hijos/as, el derecho a gozar de los progresos científicos, así como el derecho básico de todo ser humano a decidir autónomamente respecto de su propio plan de vida.

Esta grave violación a los derechos humanos de las mujeres no ha sido indiferente a la comunidad internacional.

De hecho, desde hace más de 10 años, diversos organismos internacionales han reprochado al Estado de Chile la mantención de esta legislación punitiva, instándole a su revisión y reforma.

Especialmente se le ha recomendado permitir diversas causales de aborto, tales como riesgo para la vida o salud de las mujeres –incluyendo la salud mental- así como frente a embarazos producto de violación o incesto (Comité de Derechos Humanos, 2007 y 1999; Comité de Derechos del Niño, 2007; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2006 y 1999; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2004; y Comité contra la Tortura, 2004).

La penalización de todo aborto no ha permitido en ningún país del mundo reducir el número de abortos.

Por el contrario, el efecto de leyes criminalizadoras como la chilena, es transformar toda interrupción del embarazo en ilegal y clandestina, con graves daños para la vida y salud de las mujeres.

Por ello es tan importante que el Parlamento finalmente se dedique a este debate y se pronuncie frente a las numerosas mociones que legisladores y legisladoras de diversos partidos han presentado en años recientes para despenalizar algunas causales de aborto, tales como riesgo vital, inviabilidad fetal y violación.

Los y las congresistas han sido elegidos por la ciudadanía para la representación de sus intereses, de allí que en la discusión legislativa que está teniendo lugar en el Senado se debe atender a las demandas ciudadanas por cambios normativos que resguarden los derechos de las mujeres, tal como lo evidencian diversos estudios de opinión.

De acuerdo a una encuesta nacional realizada a mujeres por Corporación Humanas existe un amplio respaldo a la legalización del aborto en Chile: el 79% de las mujeres considera que debe ser legal el aborto cuando corre peligro la vida de la mujer, el 76% está de acuerdo con su legalización si el embarazo es producto de una violación y el 70% cuando el feto tiene una malformación grave.

Además, el 24% está de acuerdo con que el aborto sea legal cuando lo decide la propia mujer (Quinta Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2008).

En tanto, el Estudio de Opinión Pública sobre aborto realizado en 2009 por FLACSO en Brasil, Chile, México y Nicaragua muestra que en los cuatro países analizados, la ciudadanía no adhiere a la tradicional polarización en que suele presentarse el debate sobre aborto, sino más bien se enmarca en una tercera postura que favorece su despenalización en determinadas circunstancias vinculadas al embarazo.

Así, en Chile el apoyo al aborto en las tres situaciones referidas fluctúa entre el 64% y el 67%.

Chile no puede seguir manteniendo una legislación que criminaliza a las mujeres obligándoles a llevar a término todo embarazo aun en contra de su voluntad.

Chile es un estado laico en que la ley no puede ser utilizada para imponer al conjunto de la sociedad unas determinadas creencias sobre el inicio de la vida humana a partir de las cuales se imponga la maternidad forzada bajo la amenaza del castigo penal.

La maternidad puede ser una experiencia maravillosa, pero la primera condición para ello es que sea producto de la libre decisión. Es la voluntad lo que convierte a la maternidad es una vivencia propiamente humana, diferenciándonos de otras especies animales.

Las mujeres somos sujetas morales, capaces de tomar nuestras propias decisiones respecto de lo que queremos sea nuestra vida.

Es la capacidad de guiar nuestra existencia según nuestro propio plan de vida, lo que nos constituye en seres humanos.

Sin embargo, las leyes que prohíben todo aborto niegan a las mujeres la más básica facultad humana de la autodeterminación.

Reformar estas leyes es una responsabilidad impostergable de los y las legisladoras.