País pro-vida... o al menos lo que creo es serlo

En días en que la contingencia nos debería llevar a hablar de pensiones y AFP, una nueva noticia atroz -la violación de una niña de 11 años por su padrastro- nos recuerda que por ahí, en el Congreso, se discute un proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales.

No es poco lo que se ha escrito o dicho por partidarios y detractores. Utilizando imágenes impactantes, como la de una niñita violada o la carta pública de una mujer que sobrevivió a una tentativa de aborto por “inviabilidad”, se argumenta sobre lo inaceptable que resulta para cada uno la posición contraria.

Otros buscan convencer con argumentación racional, que por qué defender la vida de unos y no de otros, si existe algún interés que justifique obligar a una mujer a aceptar un embarazo en alguno de esos casos atroces; sobre su autonomía reproductiva, etc.

Y hay por supuesto quienes asumen que es una materia en que sólo pueden opinar las mujeres.

En mi caso, quisiera usar pocas líneas para plantear cómo me gustaría que el país abordara el tema.

Quiero un país, un Estado, que quiera que nazcan esas y todas las guaguas, que las espere, las acoja y las proteja, y que respete y cuide también a sus madres. Que, como una comunidad que cuida a sus miembros y piensa en el futuro, tenga un sesgo hacia la vida, que sea un país “pro-vida”.

¿Pero qué significa eso en la práctica? Recursos, por cierto, pero también una razón para invertirlos.

En materia de embarazos que supongan riesgo para la vida de la madre, significa invertir en diagnóstico y tratamiento necesario para descartar, de buena fe, que la medicina al día de hoy no ofrece una alternativa, y que puedan esa mujer y su familia estar seguros de que se hizo lo que se pudo por cuidar a su hijo.

Con los denominados embarazos inviables, se requiere algo similar. Primero en el diagnóstico, determinando con los estándares médicos más exigentes aquellos casos de real incompatibilidad con la vida y luego ofreciendo a esa mamá que vive un momento durísimo, la opción de continuar con su embarazo acompañada, con la atención médica, psicológica, espiritual que requiera para ese difícil tránsito, hasta el parto y también después.

Y no tan distinto es, desde esa perspectiva, el caso lamentable de embarazos producto de violación. Un Estado “pro-vida” debe jugarse por acoger a esa futura mamá que sufre, ofrecerle alternativas, acompañarla y garantizar que ella misma y el hijo o hija que ha concebido en circunstancias atroces pueden aún compartir una vida juntos. Asegurarle también que, si eso no es posible, habrá otra familia que acogerá a esa guagua.

Cuidar a esa madre debe significar también tener presente su estado físico y mental durante el irrenunciable proceso por el cual se castigue al violador, buscando evitarle a ella revivir innecesariamente el sufrimiento que éste le provocó.

En los 3 casos contemplados en el proyecto, un Estado que acoge y cuida a las personas, debe aceptar que habrá veces en que no podrá lograr salvar a esa guagua y que si con esas garantías y seguridades hay una madre que decide no perseverar con ese embarazo, sólo queda apoyarla y atenderla, desde la fraternidad, de la misma manera antes dicha.

Un Estado “pro-vida” puede no lograr el objetivo de salvar esa guagua, pero habrá cumplido su misión al disponer sus medios para hacerlo, asegurándole a la madre real libertad para decidir en conciencia, sin miedos ni amenazas.

En resumen, quiero un Estado “pro-vida”, que se la juegue porque no se aborte en ningún caso, pero que no obligue a soportar un embarazo en esas tres causales dolorosas si, pese a todo, la madre arriba a esa decisión; más aún, que la apoye para evitar riesgos y reparar también ese dolor.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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