¿Quién defiende a los pacientes?

Hace unos días, la Superintendencia de Salud procedió a intervenir la Isapre Masvida. Decisión tardía, pero correcta.

Junto con esta medida, se congeló la cartera de cotizantes, situación similar a lo ocurrido el 2003 a Isapre Vida Plena, en medio del escándalo de Inverlink.

La medida puede ser técnicamente correcta, para evitar la fuga de cotizantes sanos y así no afectar su flujo de caja que puede llevarla a una situación irreversible, pero ¿es constitucional? Yo al menos tengo mis serias reservas al respecto.

Pero, lo que no hizo la Superintendencia de Salud, porque no tiene las herramientas legales para hacerlo, fue congelar la cartera de proveedores.

La importancia de esto es que mientras los cotizantes están obligados a permanecer en la institución, no tienen certeza alguna de recibir la atención donde desean o tienen previsto realizarla.

Los proveedores han comenzado a terminar unilateralmente los convenios porque no tienen la seguridad de poder cobrar los bonos emitidos por esta Isapre.

La trama financiera de esta empresa pareciera ser una maraña muy bien entretejida, tanto que ni sus propios auditores pudieron detectar la adulteración de sus ratios financieros. Incluso hoy los dueños de Masvida se niegan a dar credibilidad a auditorías que ellos mismos habían realizado en años recién pasados.

Pero, aún con las cosas así, pareciera que la autoridad tiene pocas herramientas para perseguir posibles delitos cometidos al interior de esta Isapre, y de hacerlo, las penas serían muy bajas.

La principal función de la Superintendencia de Salud es proteger a los cotizantes y no puede renunciar a esta obligación.

La institución debe buscar las responsabilidades administrativas, civiles y penales, de quienes han causado un perjuicio a los usuarios, y a los miles de trabajadores de la Isapre, que lamentablemente, son víctimas colaterales de esta crisis.

Me sorprende el silencio de la Asociación de Isapres. Me hubiese gustado escuchar una señal de condena a estas prácticas.

Por su parte el Gobierno y el Poder Legislativo deben buscar rápidamente fórmulas que solucionen las falencias del sistema, para que así la ciudadanía recupere la confianza en un modelo de salud privada que, por el bien de la salud pública, no puede expirar.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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