Riesgos sobre el acompañamiento en casos de aborto legal

Paula Sáez

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Uno de los aportes que nos dejó el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue la promulgación de la ley de despenalización del aborto en tres causales. En marzo asume un nuevo período el presidente electo Sebastián Piñera, quien deberá materializar e implementar esta ley.

Considerando que la ministra nombrada por el presidente es Isabel Plá, militante UDI y partidaria de la ilegalidad del aborto en todas sus formas, surgen legítimas preocupaciones sobre los sentidos que tendrá esta implementación.

La ley está escrita y debe ser cumplida. Pero que esté escrita y que deba ser cumplida, no resguarda que su aplicación se aleje de sus propósitos originales. Esto, ya que la propia ley abre espacios contradictorios con el espíritu que la concibió. Uno de esos puntos, sin duda, es la posibilidad de objeción de conciencia. Pero otro, del que no se habla demasiado, es sobre el programa de acompañamiento que financiará el Estado para las mujeres y adolescentes que en situaciones extremas podrán acceder a un aborto.

El hecho que se conciba un programa de acompañamiento en la ley, que ha sido puesto en el debate público como una opción que hace contrapeso al aborto, supone una serie de presunciones delicadas de clase y género.

Concibe el aborto como un hecho traumático per se. En ese sentido, se lo considera como un hecho de vertiente psicopatológica y de connotación negativa. Imagina, además, que las mujeres puestas en estas situaciones no serían capaces de discernir sin un aparataje profesional. Concibe una noción de “embarazo vulnerable” que, ya sabemos, está asociado a un gran sesgo de clase.

Se dieron las discusiones pertinentes en su momento, pero en la Cámara ganaron las facciones conservadoras de la DC y de Chile Vamos. En este escenario, la propuesta del ejecutivo intentó proponer un programa que, en lo posible, resguarde el derecho de la mujer a su propia determinación. Y así fue.

La ley es clara en algunos puntos. Expresa que el prestador ofrecerá un programa de acompañamiento que ayude a las mujeres en su proceso de discernimiento, en el proceso inmediatamente posterior a la toma de decisión y al tiempo posterior a la interrupción del embarazo o el parto. La ley propuesta por el Ejecutivo afirma que “este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión”.

Es muy importante esta primera redacción. Denota una primera señal necesaria o, al menos, un espacio para una interpretación respetuosa del sufrimiento femenino: la estrategia de acompañamiento del Ejecutivo es no imponerlo. Simplemente, lo pone a disposición de las mujeres.

Esta No imposición es fundamental, pues considera, en su concepción, al menos tres cosas.

Primero, que solo la mujer podrá definir si ese aborto eventual constituye o no una experiencia dolorosa o traumática. Esto, ya que tener un hijo podría ser tan traumático y/o doloroso como no tenerlo. No hay una relación lineal.

Segundo, que, independientemente de la vivencia, una mujer puede decidir no querer ser acompañada en ese proceso y tercero, que ella podría decidir ser acompañada por alguien (familiar, cercano u otro) que no esté contemplado en el programa público.

Ya hemos asistido a informaciones donde la esperanza de los sectores conservadores es que se pueda intervenir en el proceso de decisión de las mujeres. Recordemos que el Presidente (E)Piñera ha señalado en más de una oportunidad que en su gobierno aplicará cambios a la ley, específicamente con relación al programa de acompañamiento. “Vamos a perfeccionar la ley para establecer un sistema poderoso, oportuno y eficaz de acompañamiento, de ayuda y apoyo de todas las mujeres que tienen embarazos vulnerables”, expresó.

Con todo esto, es muy legítima la inquietud sobre los próximos pasos que dará la futura ministra de la Mujer sobre el programa de acompañamiento del Estado. Se teme que, dada su explícita posición, fortalezca estrategias que son, en realidad, acciones disuasivas. Esto generaría un contrasentido al corazón de la ley, impactando en los derechos humanos de mujeres y adolescentes.

Esta ley ha sido un pequeñísimo avance en materia de derechos. Por ello, no podemos admitir que se pierda en programas que, más que garantizar derechos, los obstruya.