Lucro en las universidades privadas

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que fiscalizó el lucro en la enseñanza de tercer nivel ya emitió su informe que se lo entregó al Ministerio Público para que investigara los timos cometidos por varias universidades. Por tal razón es conveniente tener presente algunas consideraciones previas.

Pues bien, en 1981, durante la dictadura militar de Pinochet, a través de ciertas disposiciones se estableció que las nuevas y competitivas universidades particulares obligatoriamente tenían que ser fundaciones o corporaciones de derecho privado.

En aquel entonces se decía que dichas universidades gozarían de personalidad jurídica por el simple hecho de depositarse en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación una copia de la escritura pública en que constara el acta de constitución y los estatutos por los cuales se regiría.

Enseguida, en marzo de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) instituyó que tales casas de estudios superiores solo podían ser corporaciones, dejando la posibilidad que continuaran como tales las fundaciones de la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Bernardo O’Higgins, ambas muy ligadas a ese régimen, y otras hoy inexistentes.

Todos sabemos que las personas jurídicas denominadas fundaciones y corporaciones son autorizadas y fiscalizadas por el ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa del Estado interviene en la tramitación de sus solicitudes de aprobación. Estas personas jurídicas son publicadas en el Diario Oficial y no se pueden vender ni traspasar : de acuerdo al Código Civil, no pueden perseguir fines de lucro.

En las escrituras de tales personas jurídicas se señala que su asamblea (compuesta por los socios activos que eligen el directorio, la comisión revisora de cuentas y el tribunal de disciplina), debe estar integrada por personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro, que es lo que ha existido en nuestro país desde hace más de 150 años.

Lo novedoso, por emplear una palabra suave, es que la LOCE, publicada el día anterior del término del gobierno de Pinochet, al disponer que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones, también dijo, en nuestra opinión en forma inconcebible, que van a estar regidas únicamente por el ministerio de Educación. Quien ejercía el cargo de ministro el 10 de marzo de 1990 era René Salamé, uno de los actuales dueños de la Universidad Mayor.

El ministerio de Educación, desatendiendo a don Andrés Bello, ha dicho que esa asamblea puede estar integrada por personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro.

Entonces ocurre que los socios activos de las corporaciones universitarias son diversas sociedades comerciales o inmobiliarias, vulnerándose abiertamente así la sana doctrina fijada en el Código Civil y por la institucionalidad chilena.

En Chile, país que curiosamente es miembro de la conspicua OCDE, se ha llegado a un escenario fantasmagórico: mientras el ministerio de Justicia establece que los directores de las corporaciones no pueden recibir retribuciones económicas, el ministerio de Educación dice lo contrario. Si en una corporación regida por el ministerio de Justicia, como en rigor corresponde, se contraviene alguna de las disposiciones de esas personas jurídicas sin fines de lucro, entra a tallar el Consejo de Defensa del Estado en resguardo del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho.

Las universidades privadas, por ser corporaciones, están exentas del impuesto a la renta y del IVA. En varias de ellas las inmobiliarias succionan las utilidades, vía arriendo de edificios y sueldos exorbitados para algunos docentes relacionados, en otras son los familiares de los dueños quienes por la vía de contratos de servicios u otras figuras retiran las utilidades.

La empresa mercantil “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” construyó, en un mismo predio que se lo compró a un colegio religioso, la casa central de la Universidad San Sebastián y 3 torres residenciales de 19 pisos cada una en la comuna de Recoleta y la empresa comercial “Inmobiliaria e Inversiones San Genaro Dos S.A.” edificó, en diversos predios extemporáneamente fusionados, sobre la calle Bellavista, comuna de Providencia, la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y el Instituto AIEP.

Lo lógico hubiera sido que los dueños de estas edificaciones fueran las mismas universidades.

Desde que comenzó la movilización de los estudiantes en contra del lucro, el gobierno de Piñera aseguró que se iniciaría una exhaustiva fiscalización para obligar a que las ganancias que tengan las universidades privadas sean efectivamente reinvertidas en sus actividades propias, es decir, pedagógicas.

Ello, a la fecha, no ha sucedido y por este simple motivo le señalamos al actual ministro de Educación que tal inspección es innecesaria, ya que solo basta la modificación precisa para que las corporaciones universitarias estén bajo la exclusiva tutela y control del ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado.

Si ello ocurre, ninguna de estas universidades privadas se va a atrever a cometer las trampas que la periodista María Olivia Monckeberg denunció años atrás con lujo de detalles, sin que nadie se diera por aludido.

En todo caso digamos que la simulación para cometer el dolo no es ejercido por algunas pocas universidades privadas que sí cumplen con la ley, lo cual habla bien de sus dueños.