Este no es un gobierno ecológico

Julio Torres

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Durante la campaña y ya una vez asumido, el Presidente Boric ha insistido en la muy loable ambición de liderar una administración ecológica. La ambición es loable ya que enfrentamos una preocupante situación en materia medioambiental, sin embargo, esta declaración de ambiciones ecológicas no es clara y permite diversas interpretaciones, algunas de las cuales pueden incluso ser contradictorias o derechamente lesivas para una agenda genuinamente ambiental.

Probablemente la principal interpretación debería apuntar a un gobierno que ponga énfasis en la protección del medio ambiente. Esta es la interpretación que la mayoría de las personas haría de "un gobierno ecológico". A su vez, la protección del medio ambiente es entendida por muchos como la limitación o derechamente la prohibición de aquellas actividades que lo afectan o amenazan, siendo la actividad productiva la que casi de manera exclusiva encarnaría, a los ojos de la sociedad, estas amenazas. Sin embargo, la protección del medio ambiente tiene otras formas de interpretarse, distintas del combate a la avaricia de empresarios depredadores y extractivistas.

Otra forma de interpretar un gobierno ecológico es aquel que promueve sin complejos el uso sostenible de los recursos naturales como estrategia para su valorización y conservación. Bajo esta mirada, resulta obvio que un gobierno ecológico no es en ningún caso aquel que desiste de utilizar los bienes y servicios que le provee la naturaleza, sino aquel que sabe utilizarlos de manera sostenible, y que los promueve por sobre aquellos bienes generados con una alta huella ambiental. Un gobierno ecológico es aquel que promueve, por ejemplo, el uso de madera y desincentiva la utilización de productos derivados de combustibles fósiles. Un gobierno ecológico es aquel que, por ejemplo, no entiende la carbono neutralidad como un objetivo en sí mismo, sino como el resultado lógico de una transición hacia una bioeconomía basada en el incremento en el uso de los recursos naturales renovables.

A esa economía, autoridades políticas y científicas más lúcidas que las nuestras la han definido como "bioeconomía forestal". Bajo esa mirada, este no es un gobierno ecológico.

Basta revisar la Ley Marco de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial el pasado lunes 13 de junio, para constatar que existe una mirada ecológica profundamente inconsistente. En sus 60 artículos, entre permanentes y transitorios, sólo una actividad es explícitamente descartada de una estrategia climática de largo plazo. Se trata de la plantación de monocultivos forestales (artículo 5, letra c). No existe mención en todo el texto a otra actividad de la que explícitamente se prescindirá en la estrategia climática. La misma exclusión se presenta en el artículo 3 letra p), en el que se afirma categóricamente que "en ningún caso las actividades de monocultivo de especies serán consideradas refugio climático". Es decir, áreas cuyo rol corresponda a sumideros de carbono. Esto es lo más parecido a una decisión sesgada y arbitraria definida por ley.

Pero además de sesgada es profundamente incongruente, ya que en el mismo texto legal se hace énfasis en su artículo primero a que parte del objeto de la ley es el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Conviene recordar que parte de dichos compromisos se encuentran definidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2020, que a su vez forma parte de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Dicha contribución contempla en su objetivo 8 que al 2030 se deberá contar con 200.000 hectáreas plantadas, de las cuales al menos 100.000 hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas.

Si nos atenemos al principio de costo-efectividad que se consagra en el artículo 2 letra b, la Ley Marco de Cambio Climático deberá priorizar aquellas medidas que, siendo eficaces para la mitigación y adaptación, sean las que representen menores costos económicos, ambientales y sociales, y aunque algunos pueden ponerlo en duda, los monocultivos forestales son la herramienta más costo- efectiva para capturar carbono, ya sea en cultivos con fines comerciales o con fines de cobertura vegetal permanente. Forestar las 200.000 hectáreas comprometidas al 2030 sólo con especies nativas no es ni costo -eficiente ni viable técnicamente. Pero el sesgo es más fuerte y se busca definir "por ley" una realidad que sencillamente no existe.

El sesgo ideológico contra la actividad forestal es innegable no sólo en la recientemente publicada Ley Marco de Cambio Climático, sino en la escasa agenda pública que se ha dado a conocer por el gobierno, o en las recientes declaraciones del presidente durante su gira a Canadá, al señalar que las empresas forestales "son parte del problema" al referirse al conflicto que azota a La Araucanía.

Más temprano que tarde ese sesgo ideológico se pondrá a prueba, cuando las autoridades deban responder con hechos y no con retórica, cómo cumplirán los compromisos que el Estado de Chile ha asumido para enfrentar la reducción de emisiones y donde la actividad forestal no puede ser escondida bajo la alfombra, ya que es la actividad que captura el 60% de las emisiones nacionales. No es poco para un sector que se busca excluir.