La millonaria demanda que interpuso Cindy Nahuelcoy en contra de la ANFP
La exjueza recurrió a la justicia laboral por "vulneración de derechos fundamentales".
La exjueza recurrió a la justicia laboral por "vulneración de derechos fundamentales".
La exárbitra del fútbol chileno Cindy Nahuelcoy llegó hasta la justicia para interponer una millonaria demanda en contra de la ANFP con el argumento de "vulneración de derechos fundamentales".
Nahuelcoy se autodespidió en marzo pasado luego de ser sancionada por 40 partidos (sanción que se rebajó a 30) por hacer pública una denuncia en contra de Julio Bascuñán, a quien acusaban de favorecer a determinadas personas en designaciones arbitrales, situación que fue desestimada por la orgánica de la ANFP.
En diálogo con Las Últimas Noticias, el abogado de Nahuelcoy, Diego Sobarzo, explica la demanda cuyo objetivo es lograr una indemnización que supera los 114 millones de pesos.
"Lo que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar los derechos humanos del trabajando mientras ella estuvo trabajando. Y apuntamos tres aspectos: la libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de géneros", comentó el jurista.
Explicó que la sanción a Nahuelcoy y a Loreto Toloza tiene vicios de legalidad porque "eran superiores a las que permite la ley, se excedía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas, y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de charlas técnicas y de las pruebas físicas. Esto es muy importante porque la sanción del Tribunal indicaba que no podían participar en el Campeonato organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP como la Copa Chile, juveniles y tercera división. Pero como no las dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habitación de árbitro".
En la demanda interpuesta en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, la exjueza pide que se condene a la ANFP a pagar más de 19 millones por sus 11 años de servicio y una cifra similar por la vulneración a derechos fundamentales; 1.750.00 por indemnización de aviso previo; nueve millones por recargo sobre los años de servicio, casi dos millones por remuneraciones pendientes, tres millones y medio por feriados legales, y casi 60 millones por daño moral.
Se espera que el 25 de julio sea la audiencia preparatoria.