La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó la cautelar luego de eventuales imprecisiones del Ministerio Público.
Un presunto error del Ministerio Público obligó a la justicia a cambiar las medidas cautelares de seis excadetes de Cobreloa imputados por una presunta violación grupal.
Según informó La Tercera, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que los jóvenes dejarán la cárcel y cumplirán arresto domiciliario total, luego de constatarse que el fiscal a cargo del caso no había entregado todos los antecedentes investigativos a las defensas de los acusados, como exige la ley.
La causa se remonta a 2021, cuando una joven denunció haber sido víctima de violación por parte de un grupo de cadetes del club de fútbol. Tenía 18 años en ese entonces. Aunque el caso se cerró tras un desistimiento inicial, fue reabierto luego de detectarse una serie de irregularidades.
Con la reapertura dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se detuvo a nueve jugadores en distintas ciudades del país. Sin embargo, durante el desarrollo de la causa surgieron problemas graves: desde la pérdida de evidencia clave, como el vestido que usaba la denunciante el día de los hechos, hasta condiciones privilegiadas en la prisión preventiva para algunos imputados.
Ahora, a días de que comience el juicio oral, se sumó un nuevo episodio crítico. El juez Sergio Rojas, quien dirigió la audiencia del 26 de agosto en el Juzgado de Garantía de Calama, señaló que la Fiscalía, representada por el fiscal Eduardo Peña, no entregó a tiempo todos los documentos de la carpeta investigativa, afectando el derecho a defensa de los acusados.
Como consecuencia de esa omisión, se suspendió la audiencia de preparación del juicio, reprogramada para el 29 de septiembre, y se aceptó la solicitud de los abogados defensores para modificar las medidas cautelares de seis imputados. El argumento central fue que habían estado en prisión preventiva desde mayo de 2024, lo que se volvió desproporcionado considerando los errores del proceso.
En el acta del 26 de agosto, el tribunal dejó constancia de que la carpeta investigativa no se presentó de manera íntegra ni el 30 de mayo de 2025, cuando se presentó la acusación formal, ni en julio durante la audiencia de sobreseimiento.
Solo entre el 22 y el 25 de agosto se adjuntó un informe que, según el juez Rojas, aún estaba incompleto. Faltaban actas clave para la defensa, como reconocimientos y declaraciones que hacían alusión directa a la versión de la víctima.
"Lamentablemente se pudo constatar una conducta poco diligente por parte del Ministerio Público, que recién el día de hoy y durante esta audiencia termina de enviar todos los antecedentes, considerando que se trata de un informe policial y además declaraciones de testigos que hacen alusión directamente a la versión de la víctima. Son antecedentes relevantes que deben ser analizados por las defensas", explicó el juez.
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