Harold Mayne-Nicholls sufrió revés judicial por cobro de boleta de Santiago 2023

A poco más de una semana para las elecciones presidenciales, el candidato Harold Mayne-Nicholls recibió un duró revés al quedar nuevamente en calidad de imputado por el cobro de una boleta de garantías en su antiguo rol como director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023.

Según Informe Especial, de TVN, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento que el exmandamás de la ANFP había logrado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones tras la acusación de desacato por parte de la empresa brasileña Fast Engenharia e Montagens.

La firma extranjera entregó una boleta de garantía de 2,76 millones de dólares para asegurar el cumplimiento de sus labores, consistentes en la instalación de estructuras metálicas y branding en los recintos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Fast señaló que llevó a cabo todas sus tareas, pero en abril de 2024 la Corporación Santiago 2023 argumentó que debía realizarse un pago de impuestos.

"Ha sido la Corporación, quien ante su negligencia de retener el impuesto adicional, y para evitar las consecuencias de sus errores, supuestamente habría pagado un IVA que no correspondía y ahora pretende que sean mis representadas o alguna de ellas, las que "salven" esa negligencia o grave error", expuso la demanda.

Fast recurrió ante un árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago y la jueza Pía Tavolari acogió la solicitud. El 9 de mayo de 2025 se dispuso la custodia de la mencionada boleta, siendo notificado a la Corporación cuatro días después.

Pese que la decisión arbitral estaba viegente, el directorio de Santiago 2023 celebró una sesión extraordinaria y se le otorgó a Mayne-Nicholls y Juan Enrique Montes la potestad de "realizar una serie de actuaciones en relación con los documentos (...) entre ellas, la de cobrar la boleta de garantía (...)".

El 28 de mayo de 2024, Mayne-Nicholls hizo el cobro, denunciado como improcedente, en el Banco BICE. Ante la acción, el día 30 de mayo, la jueza Tavolari debió ordenar la retención del millonario importe.

Ahora, la determinación de la Corte Suprema hará que el caso vuelva a comenzar desde cero, independiente que en pasadas instancias el Ministerio Público señaló que no existió delito.

Hasta el momento, las representaciones legales de Mayne-Nicholls y la empresa Fast han declinado referirse al reinicio de la causa judicial.