El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco planteó en Cooperativa que, entre las medidas correctivas planteadas por incumplimiento de la meta fiscal de 2024, el Gobierno debería incorporar un congelamiento del gasto en personal público.
Si bien valoró en El Primer Café que el primer Informe de Finanzas Públicas de 2025 establezca un recorte de más de 1.000 millones de dólares para los próximos meses, opinó que "queda corto el esfuerzo, porque estamos en una situación fiscal bien compleja: no se ve pór dónde van a subir los ingresos fiscales un 8%".
"Yo pensaba que podríamos hacer un mayor esfuerzo en el ajuste del gasto en algunas medidas administrativas (...), después de haber tenido en enero la sorpresa de que el déficit fiscal era mucho más grande de lo que pensábamos, esperábamos ver ajustes efectivos más claros", particularmente porque las medidas presentadas este lunes incluyen proyectos de ley que "estaban antes".
En cuanto al personal público, aseguró que "si en 2012 estaba en Teatinos 120, y había 100 trabajadores del Gobierno central, hoy mismo hay 161 trabajadores. Eso quiere decir que subió en un 60% el número de trabajadores en 10 años (...) Al lado del frente, en el sector privado, si había 100 trabajadores, hoy hay 111 trabajadores. Entonces, hemos tenido un aumento muy grande".
"Creo que esto ha pasado porque teníamos una economía que venía creciendo relativamente bien, con ingresos fiscales que iban creciendo, con una situación fiscal muy buena (...), y eso generó que, cuando la economía empezó a crecer menos, nos costó mucho como Estado -me incluyo cuando estuve en parte de ese Gobierno (el segundo de la expresidenta Bachelet)- darnos cuenta de que los ingresos fiscales estaban siendo más bajos en forma permanente", de modo que el gasto del sector público progresivamente acabó con las holguras fiscales del país, reconoció.
Congelar a la espera de un nuevo estatuto administrativo
El militante DC subrayó que "no es fácil hacer ajustes de empleo, qué duda cabe, pero lo que haría primero es tomar en serio que tenemos un estatuto administrativo que no da el ancho. Como país, hacia el futuro, tenemos que empezar a cambiar las relaciones laborales dentro del Estado, que es algo más o menos importante".
"En el interin, le pediría (al Gobierno) hacer un compromiso de que el gasto en personal simplemente dejase de crecer, y en base a eso, empezamos a hacer el ajuste. Porque lo otro es súper difícil (...), pero el que debiésemos congelar el gasto en personal debería ser un punto de partida hasta llegar a un nuevo equilibrio, más racional", propuso.
Asimismo, Micco observó que "hay muchos contratos a honorarios o cosas que se pueden ajustar año a año, sin romper ninguna ley, y en ese punto también me pondría quizás una cierta meta, como que el gasto o el número de honorarios va a caer en 2%; si es de contrata, un 3%. Porque de esa forma, vamos a empezar a hacer un ajuste estructural".
A su turno, la economista Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, aseguró que "si el gasto en personal no hubiese crecido en este Gobierno, estamos hablando como de 2.000 millones de dólares" que seguirían en las arcas fiscales. Por lo demás, "también han habido reajustes excesivos a los sueldos de los funcionarios públicos, y me parece que es un problema antidemocrático que ellos ganen más que en trabajos alternativos del sector privado. Porque cuando una persona sabe que si pierde su puesto en el sector público, irá al sector privado a ganar la mitad, obviamente que se aferra a su puesto de trabajo".
Además de coincidir con Micco en la importancia de cambiar el estatuto administrativo, advirtió que "hay funciones que no se requieren o duplicadas, y que en vez de colaborar, unas se contradicen con otras; hay un exceso de servicios, y el número de ministerios y subsecretarías ha crecido en forma excesiva. Pero esto es cirugía mayor, no es fácil de hacer".
Acuerdo político para que el recorte sea sostenible
Finalmente, Pablo García, académico e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, consideró que si el informe del Gobierno incluye "proyectos que se discutirán este año para reducir gasto y reducir coberturas -por ejemplo, de los subsidios eléctrico y de incapacidad laboral-, es correcto que se incorpore dentro de la suma, a ver si llegamos a los 1.500 millones" de rebaja fiscal planteada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
"También es importante tomar en cuenta que el esfuerzo que tenemos que hacer fiscalmente en Chile no es un problema solamente del Ejecutivo, sino que requiere, para darle sustentabilidad en el tiempo, un acuerdo político, una discusión en el Congreso, para que esto no sea solamente de un año. De hecho, el CFA plantea que (el recorte de) 1.500 millones sea permanente", relevó el economista.
"Acá hay que ser bien transparentes —exhortó García—: no es que tengamos un problema fiscal porque hay muchos trabajadores en el sector público. Acá tenemos un problema fiscal porque hace 10 o más años nuestra democracia ha decidido que se extiendan los beneficios a magnitudes que son bien significativas: la gratuidad, la PGU, tenemos temas de licencias y el Transantiago. Por lo tanto, acá hay un problema de cómo nosotros logramos transmitir al país de que la era de dar beneficios significativos en magnitudes importantes como que ya no puede seguir estando ahí tan presente".
