La iniciativa busca elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de una modernización de la administración del área.
"Este es un paso muy importante no solamente para allegar más recursos al Fisco, sino que (...) (para) hacer que se cumpla la ley", dijo el ministro Mario Marcel.
Tras un intenso debate que se extendió hasta las 23:16 horas, el Senado aprobó y despachó este martes a tercer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también conocido como el proyecto antievasión, dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.
La iniciativa, que se tramita contra reloj, es uno de los aspectos centrales del pacto fiscal que impulsa el Gobierno -medida que se reestructuró tras el rechazo a la reforma tributaria- y busca recaudar un 1,5% del PIB.
En la previa, los senadores anticipaban un áspero debate -desde el Partido Socialista pidieron "preparación" ante la formación de una eventual comisión mixta-, ya que la aprobación o el rechazo del proyecto influirá en la renta nacional disponible que se discutirá para el Presupuesto del año 2025.
Fue así como el texto legal recibió numerosas indicaciones, algunas de ellas declaradas inadmisibles o retiradas por sus autores.
Asimismo, los legisladores se abocaron a despejar decenas de solicitudes de votación separada, especialmente, respecto a los temas más controvertidos y que estaban relacionados con la figura del denunciante anónimo, el pago de recompensa, el Consejo Tributario, la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII); así como el aumento de la penalidad en el contexto de delitos tributarios y aquellos asociados al crimen organizado, entre otros.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció la aprobación y despacho de la iniciativa, tras una jornada que calificó como "extenuante", y reiteró su confianza en que este proyecto permitirá allegar los recursos necesarios para el Fisco.
"Estamos convencidos de que este es un paso muy importante no solamente para allegar más recursos al Fisco, sino que especialmente por su esfuerzo por algo fundamental en este foro, en esta instancia, que es hacer que se cumpla la ley. No hay nada más simple pero también desafiante, como lo ha demostrado la tramitación de este proyecto. Así que muchas gracias a todas y a todos por este apoyo", dijo el secretario de Estado al cierre de la maratónica sesión.
Previo a la votación en particular de la iniciativa, y por más de tres horas, los senadores destacaron los principales aspectos del proyecto de cumplimiento tributario y también algunos puntos en los que no estaban de acuerdo y respecto de los cuales se anunció votación separada y presentación de indicaciones.
La mayoría de los intervinientes en el debate relevó que se haya logrado un acuerdo para poder recaudar 4.500 millones de dólares en régimen sin aumentar tributos y por la vía de mejorar las atribuciones de diversos organismos para fiscalizar la elusión y la evasión, entre otros.
Asimismo, destacaron que los recursos están destinados fundamentalmente para financiar materias de seguridad, pensiones e infancia y que se trata de una iniciativa que tiene "reglas claras" que van en la línea correcta.
No obstante, hubo quienes argumentaron que no hay normas suficientes para combatir la evasión tributaria por la informalidad y que, por consiguiente, se está impactando a quienes actualmente cumplen con sus pagos tributarios. En esa línea se insistió en que el foco debe estar en los que no pagan impuestos.
En tal sentido, algunos senadores indicaron que con este proyecto se estaría afectando a las pequeñas empresas y pequeños emprendedores y no así a quienes perciben más recursos. Sin embargo, hubo quienes destacaron -entre ellos el ministro Marcel- que diversas organizaciones y representantes de las pymes se manifestaron de acuerdo con la iniciativa, lo que plasmaron en una declaración pública.
Durante la discusión general, algunos senadores manifestaron que se requiere avanzar en una reforma tributaria donde los que tienen más paguen en concordancia con sus ingresos, pero advirtieron que esta iniciativa es fruto de un acuerdo en las materias en las que se podía avanzar. Por otro lado, legisladores manifestaron que con esta iniciativa se posibilita una mayor recaudación sin afectar el crecimiento económico.
Asimismo, aunque con matices, se destacó la modificación de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos que considera la creación de un Comité Ejecutivo, que aprobará las decisiones de mayor relevancia del Servicio, y la creación de un Consejo Tributario. Sobre esto último se presentaron indicaciones.
En las intervenciones también se hizo alusión al denominado "caso audios" que dejó al descubierto prácticas relacionadas con delitos tributarios.
Por su parte, Marcel manifestó que este proyecto busca "emparejar la cancha" y que se aumenta la penalidad para los delitos tributarios, se fortalece la acción fiscalizadora en materia de elusión y se apoya a los contribuyentes de menores capacidades para que puedan cumplir con sus obligaciones.
Agregó que "el crecimiento se logra cuando todo el sector productivo participa en la economía en igualdad de condiciones".
"¿Qué es lo que hace este proyecto? El diagnóstico de este proyecto parte del hecho de señalar que las brechas de cumplimiento tributario se producen por tres razones: primero, por incumplimiento de la ley, por evasión tributaria; en segundo lugar, por el aprovechamiento de resquicios que da la legislación, elusión tributaria; y, en tercer lugar, por subdeclaración o por desconocimiento", apuntó el jefe de las arcas fiscales.
"Este proyecto se hace ese cargo de las tres cosas, porque, por un lado, aumenta la penalidad para los delitos tributarios; en segundo lugar, fortalece la acción fiscalizadora en materia de elusión; y, en tercer lugar, apoya a los contribuyentes de menores recursos y de menores capacidades para que puedan cumplir con sus obligaciones", resaltó Marcel.
Tras las argumentaciones y la exposición Marcel, se dio paso a la primera votación de la tarde, y se respaldó por 42 votos a favor y dos en contra, todas aquellas normas que no fueron objeto de indicaciones, solicitudes de votación separada y las que fueron aprobadas por unanimidad.
Luego, se despacharon por mayoría una serie de aspectos relacionados con la norma general antielusión. Al respecto, se reforzó que se introducen modificaciones tendientes a fijar correctamente el alcance de aplicación de la norma general antielusión, de manera tal de tener claridad cuándo opera, su interacción con las normas especiales y cómo se procede cuando hay un conjunto de actos, o bien, un solo acto; manteniéndose, así la lógica del principio de especialidad.
Se despejaron dudas sobre los perjuicios que podría acarrear a las pymes y se recalcó que se aplica a los contribuyentes que buscan acceder a beneficios tributarios que no le corresponden o cuando se busca rebajar el pago de impuestos.
Otro aspecto debatido fue lo relacionado con una "centralización de las decisiones del SII", multijurisdicción, lo que, a juicio de algunas legisladoras, va en desmedro de las pymes regionales; sin embargo, se aclaró que "dado que hoy gran parte de la atención se establece por medios electrónicos, parece posible que un fiscalizador de otra región pueda atender por medio electrónico (...) De lo contrario se está obligando a los contribuyentes tener más demoras en oficinas que tienen más demanda versus las subutilizadas".
Avanzado el debate, se aprobó lo referido al Consejo Tributario, sus funciones, nombramientos, procedimientos a seguir y se explicó que éste se pronunciará sobre cuestiones de carácter general.
Sobre medios de pago electrónico se mantuvo lo propuesto por la Comisión, por lo que para el uso de POS (punto de venta) se deberá cumplir con las obligaciones tributarias, dejando atrás "operaciones ocasionales".
Para la "libre circulación de la moneda", se refrendó que aplicará para las operaciones de compra y venta y no para transferencias entre personas, no obligando a usar medios electrónicos. Con esto, se advirtió, se busca identificar al comprador de sumas de dinero (en efectivo) sobre 135 UF, lo que queda fijado en la ley.
Caída la noche, la Sala se abocó a revisar las normas relativas a la figura del denunciante anónimo aprobándose por mayoría, el texto aprobado en la Comisión de Hacienda al que se sumó una indicación de autoría de la senadora Ximena Rincón (Demócratas).
Así, "tendrán la calidad de denunciantes anónimos, las personas naturales que de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio (SII) mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación de él o los responsables de dichos delitos".
Luego, se volvió a respaldar el criterio de la instancia de Hacienda al revisarse la remuneración que podrá recibir el denunciante anónimo. Esto generó un extenso debate acerca de los efectos que podría tener dicha retribución considerando que "en algunos países, esta figura ha generado una verdadera industria de las denuncias, generando incentivos perversos".
Con todo, se respaldó que "en aquellos casos que producto de la información proporcionada se imponga judicialmente al imputado o infractor la obligación de pagar un monto de dinero por concepto de multa no inferior al mínimo que establece el delito, (...) el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró".
Un aspecto que fue rechazado en la Comisión de Hacienda dice relación con el impuesto a las donaciones, por medio del cual se permite realizar estos aportes revocables con el fin de evitar pagar impuestos.
Esta materia fue sometida a votación por la Sala que ratificó dejar fuera del proyecto esta materia por considerar que requiere un tratamiento especial. En la sesión el ministro de Hacienda reconoció que "para nosotros es urgente corregir este mecanismo inusual que tiene nuestra legislación que facilita la elusión tributaria" junto con adelantar que "presentaremos un proyecto de ley que haga que las donaciones revocables pasen a estar gravadas. Este es un tema importante para nosotros".
