El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, pidió al ex subsecretario de Minería, el UDI Pablo Wagner, levantar el secreto bancario sobre sus productos financieros en la indagatoria por la fallida licitación del litio en 2012.
Recordemos que en septiembre de 2012, Soquimich o SQM, cuyo controlador es Julio Ponce Lerou, se adjudicó el negocio minero, que se cifraba en al menos 42 millones de dólares, pero se descubrió que en su propuesta para concursar, la empresa omitió que mantenía juicios con el fisco, anulándose todo lo obrado.
Luego de eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Wagner por "falsificación de instrumento público" al constatar que se simularon los datos en las actas del Comité ad hoc para este concurso.
El defensor de Wagner, el abogado Carlos Cortés, confirmó la diligencia.
"Se entregó el beneplácito al señor fiscal y se entrega esta semana materialmente un documento por escrito por el cual se permite la revisión de las cuentas que han sido solicitadas por el Ministerio Público", dijo el jurista.
"Él no ha cometido ningún delito, se ha colaborado sustancialmente con cada una de las diligencias que se nos han solicitado y la verdad es que no tenemos nada que ocultar", añadió el abogado defensor de Wagner.
Querella contra Wagner
La diligencia encargada por Morales se da en paralelo a la investigación que lleva su colega del Ministerio Público de la zona Oriente, Carlos Gajardo, donde Wagner está querellado por el delito de cohecho por el CDE, ya que cuando ejercía como autoridad, Carlos Alberto Délano, le pagaba 3 millones bimensuales, a través de un familiar y donde se acusan gestiones para autorizar el proyecto minero de Andes Iron, la minera Dominga, donde Délano es propietario en conjunto con otras sociedades.
Soquimich, en tanto, también aparece en la indagación de Gajardo pues pagó recursos a Reactor SPA y Asesorías Cristina Zúñiga que eventualmente corresponden a pagos adeudados al ex candidato a senador UDI Pablo Zalaquett.
Este martes se desarrollará la audiencia por el cierre de la investigación de la causa original denominada "Fraude al Fut" y que posibilitó indagar por delitos tributarios a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
El caso comenzó en octubre del año pasado cuando el contador y empresario Sergio Díaz Córdova se auto-denunció y dio el nombre del fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez Díaz, quien logró violar del sistema informático del organismo fiscal para aumentar devoluciones, por mal uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), lo que significó perdidas fiscales por 2.706 millones de pesos.
Además de Álvarez, está formalizada en el caso otra funcionaria de Impuestos Internos, Mitzi Cabrera, pareja de Sergio Díaz, y los contadores, Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel, quienes eran los encargados de reclutar clientes entre el 2007 y el año 2010.
Cierre de investigación en caso Penta
El abogado de Díaz, el ex fiscal Vinko Fodic, quien pidió el cierre de la investigación, pronosticó que su cliente podría cumplir una eventual pena en libertad.
"Una vez que se cierra la investigación hay 10 días para presentar la acusación y veremos como sigue el caso, si se puede terminar en un procedimiento abreviado o habrá que ir a juicio oral. (Díaz) tiene varias atenuantes que le permitirán cumplir la condena que se dicte en libertad", dijo el abogado.
En su investigación el fiscal Carlos Gajardo determinó, hace un año, presentar cargos por delito informático, soborno, cohecho, lavado de activos y fraude tributario y se formalizó por delitos tributarios a 122 contribuyentes que se beneficiaron de estas acciones ilícitas, entre ellos al entonces gerente general de Penta, Hugo Bravo López.
Este último fue quien vinculó al caso a sus ex empleadores, Délano y Lavín, abriendo además una arista por el presunto financiamiento ilegal de campañas políticas, donde hasta existe una grabación de los supuestos 7 beneficiados, todos ellos de la UDI.
Gajardo confirmó que en la audiencia respaldará el cierre del caso.
"No hemos pedido ampliación de plazo, nos parece que la causa se encuentra en un estado de investigación agotada y por lo tanto es posible que si la defensa insiste en esa posición, se cierre la investigación ese día", dijo el persecutor.
"Una vez que se cierra la investigación, la Fiscalía tendrá un plazo de 10 días para decidir lo que hace en esa causa y nos tomaremos ese plazo para tomar", añadió.
Gajardo mantendrá abierta la arista la arista por la denuncia presentada en agosto por Impuestos Internos contra Délano y Lavín, la que se mantiene bajo reserva hasta fin de mes.