El informe apunta principalmente a la reducción del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) y el ajuste de programas públicos mal evaluados o de alto gasto administrativo.
La reducción podría estar en un rango del 1,03% y un 1,71%.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un análisis respecto al presupuesto público e identificó 20 espacios de ajuste fiscal que podrían permitir contener o reducir el gasto público, cuyo rango es de 1,03% (US$3.600 millones), en un escenario conservador, y 1,71% (US$6.000 millones) del Producto Interno Bruto (PIB) por año.
De acuerdo a La Tercera, del conjunto de acciones presentadas, 15 pueden afectar en un menor gasto público por hasta un 1,25% del PIB, y otras cinco permiten contener un gasto futuro por hasta un 0,45% del PIB.
Igualmente, ocho líneas de acción podrían implementarse a corto plazo y las 12 restantes pueden ser ejecutadas a mediano plazo; diez de las propuestas requieren medidas administrativas y de gestión, y las diez restantes requieren alguna modificación legal para su implementación.
No obstante, el CEP alertó que cada línea tiene distintos grados de complejidad en su implementación, ya sea de carácter técnico o de economía política.
"Llevamos mucho tiempo con déficit fiscales, aumento de la deuda pública y sin cumplir nuestros propios compromisos en esta materia. Las proyecciones tampoco son alentadoras", señaló a dicho medio el investigador senior del CEP, Rodrigo Vergara.
"Llegó el momento de tomarse en serio la necesidad de generar espacio fiscal y este es un trabajo que va en la dirección de identificar medidas específicas que podrían generar ese espacio", afirmó.
El expresidente del Banco Central agregó que "en las circunstancias actuales, de bajo crecimiento, sería poco razonable generar el espacio fiscal requerido a través de mayores impuestos. Es por eso que las medidas presentadas son, en lo fundamental, referidas a disminución y contención del gasto público".
Las líneas de acción contempladas tienen distintos impactos para el Fisco, ya que, algunas implican un impacto directo sobre el gasto presupuestario del Gobierno, y otras buscan limitar o moderar el crecimiento del gasto futuro mediante ajustes al ritmo de la expansión de beneficios sociales, como el reajuste salarial o bonos del sector público.
En ese sentido, el principal espacio de ganancia fiscal apunta a la reducción del uso del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) –monto que se paga por el período en que un trabajador haya estado con licencia médica, cuyo objetivo es reemplazar la remuneración o renta que deja de percibir mientras está enfermo-, seguido por el ajuste a programas públicos mal evaluados o con alto gasto administrativo, ambos con un 0,19% del PIB.
El primero es una medida de mediano plazo y requiere cambio legislativo, pero el segundo es más inmediato de ser un resorte administrativo. El informe propone un ajuste de gastos a programas públicos calificados como no sociales y reducción de la dispersión y atomización de la oferta programática del Estado.
El investigador Tomás de la Maza advierte que la última década la oferta programática ha crecido de 478 (2012) a más de 700 (2024), lo que "ha generado una creciente dispersión y atomización del gasto público. De nuestra revisión de la oferta,actualmente existen más de 150 programas 'chicos' –que ejecutaron menos de $1.000 millones anuales-, muchos de los cuales se mantienen operativos desde hace años sin haber sido escalados".
"Junto con evaluar la continuidad de estos programas 'chicos', es posible racionalizar la oferta y fusionar programas orientados a una misma necesidad, tales como los enfocados en promover el emprendimiento o la empleabilidad", afirmó, y agregó que "estas medidas podrían generar un espacio de más del 0,4% del PIB".
De la Maza reparó en que "esto no significa desatender necesidades sociales, sino liberar los recursos necesarios para que la autoridad pueda usarlos en iniciativas más eficaces para enfrentarlas".
Por otro lado, el investigador también apuntó que "la cantidad de ministerios y subsecretarías ha crecido fuertemente en los últimos años. Entre 2010 y 2025, pasamos de 18 a 25 ministerios y de 25 a 40 subsecretarías, haciendo la coordinación al interior del gobierno cada vez más compleja y aumentando el gasto administrativo asociado a los mismos".
"Suponiendo que es posible reducir significativamente los gastos asociados a personal, estructura y operación en general, sin pronunciarnos sobre una configuración específica, lo que arrojó un menor gasto de entre un 0,04% y un 0,09% del PIB, por año, en régimen", sostuvo.
Además, la CEP apunta a la reducción del ausentismo por licencias médicas en el sector público, cuyo "gasto por este concepto ha aumentado de manera sostenida en la última década, explicando no solo por un posible deterioro en la salud de la población, sino también por fallas estructurales en el diseño del sistema", señaló el investigador Gabriel Ugarte, quien complementó que esta medida representa cerca del 0,35% del PIB.
En el informe se explica que las fórmulas posibles para disminuir el uso de licencias médicas indebidas podrían apuntar a insistir en los cruces que ya hizo la Contraloría, mayor fiscalización de la Compin y la Suseso, y un aumento de exigencias de los jefes de servicio.
