En la previa del debate en la Cámara Baja en torno a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud, diputados de la comisión del ramo estiman que su aprobación está en riesgo si es que el Gobierno no aumenta los recursos de la red pública.
El Ejecutivo pretende que la Sala reponga este jueves el financiamiento para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Atención Primaria de Salud (APS), Redes Asistenciales, los 30 Servicios de Salud y de hospitales por grupo relacionado por diagnóstico, todas glosas rechazadas en la comisión especial mixta.
En el caso de la APS, el presupuesto per cápita que el Gobierno propone llega a 11.794 pesos, pero el diputado Tomás Lagomarsino (independiente-radical) indicó que "lo que estamos buscando es que el monto propuesto por el Ejecutivo al Congreso se aproxime lo más posible a los 12.960 pesos, que es lo que hemos venido solicitando en coordinación con los gremios".
"Esperamos que el Ejecutivo pueda llegar a algún protocolo de acuerdo donde podamos subir la cifra. Sin ese protocolo, van a haber hartos parlamentarios dispuestos a abstenerse o rechazarlo", alertó.
A la vez, los recursos que el Gobierno propone asignar a los hospitales -según diputados oficialistas y de oposición- apenas les permitirán pagar las deudas que llevan a cuestas en estos últimos meses del 2024.
Lagomarsino comentó que "hoy día cada vez invertimos más en salud, pero no se ve reflejado en la productividad misma de nuestro sistema de salud, donde seguimos teniendo más personas que ingresan a la lista de espera que personas que van saliendo", y subrayó que "tenemos una deuda hospitalaria de arrastre, que es una mochila muy pesada para cada uno de los hospitales de nuestro país".
"Asimismo, la Ley Ricarte Soto, que fue una tremenda política pública, tiene fecha de vencimiento y es el año 2027 si es que no le incorporamos presupuesto adicional al que ya tiene asignado", alertó también.
"Nos hemos querido concentrar principalmente en enfrentar la crisis hospitalaria, porque los recursos de hoy son insuficientes para hacerlo", comentó Ana María Gazmuri (Acción Humanista), de modo que su propósito inmediato "es ejercer una presión sobre esos puntos, para que el Ejecutivo se allane a ampliar esos presupuestos y esos montos a riesgo cierto de rechazar esas partidas".
Minsal compromete 17 medidas
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha conversado en la Cámara con varios parlamentarios y en Sala presentó un protocolo de acuerdo mediante el cual el Gobierno compromete 17 medidas, en tres dimensiones y que no sólo se vinculan con la ley de Presupuesto.
Éstas son relativas a la APS, para la que prometió un plan de seguridad y agregar una indicación en la Ley de Infraestructura Crítica para incorporar a esos establecimientos.
También contempla mejorar la gestión en salud con una glosa que regulará las compras a sociedades médicas, un proyecto de subsidios sobre incapacidad laboral y la intención de apurar una ley que sanciona a los grandes emisores de licencias médicas.
En cuanto a los hospitales, apunta a establecer un sistema nacional de listas de espera, la actualización del plan de productividad quirúrgica e incentivos a las contratación médica por mayor cantidad de horas.
"En el evento de que los ingresos estructurales del sector público sean mayores en las proyecciones del primer informe de finanzas públicas del año 2025, permitiendo un mayor nivel de gastos compatibles con el cumplimiento de la meta fiscal, se complementará el programa de contingencia del Ministerio de Salud desde donde se podrán destinar recursos para la resolución de listas de espera. Al respecto, fuentes externas estiman en 70.000 millones anuales el costo adicional de absorber todos los actuales registrados listas de espera, en un plazo de tres años", expuso Aguilera.
Indicación contra terapias hormonales
A la vez, sectores de derecha han aprovechado la partida de Salud para legislar políticas públicas relativas a terapias hormonales, feminizantes o masculinizantes, e incluso cirugías de cambio de sexo a menores de edad.
"No puedo dejar de mencionar la grave vulneración del derecho a la salud, a la integridad física y psíquica de cientos de niños que, ha reconocido el Ministerio de Salud, estarían recibiendo tratamientos de bloqueadores hormonales, que en otros países se suspendieron por no existir certeza científica al respecto de sus efectos secundarios", sostuvo la diputada Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano).
"Quiero advertir que desde el Ministerio de Salud se sigue avalando mañosamente la realización de verdaderas terapias experimentales en niños, niñas y adolescentes, lo que podría causar graves daños a grupos que merecen especial protección. Por eso, hago el llamado a los colegas a quitar los recursos que permiten la hormonización en niños", continuó.
En esa línea, la Cámara visó -von todos de la oposición- una enmienda que establece: "El Ministerio de Salud no podrá financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos con fines de uso de terapia hormonal, sea bloqueo de pubertad u hormonación cruzada, que formen parte o sean en sí una forma de tratamiento de la disforia de género, sea o no clínicamente diagnosticada en menores de edad".
Republicanos espera que Senado no reponga la "tómbola"
Por otro lado, el diputado republicano Agustín Romero relevó la necesidad de que el Presupuesto 2025 no incluya el Sistema de Admisión Escolar, como reza la polémica indicación aprobada ayer por la Cámara y a la que el Gobierno ya hizo reserva de constitucionalidad.
"Creo que es un clamor de todos los ciudadanos en Chile, independiente de que hoy a lo mejor hay gente que no está durmiendo en las calles (para postular), porque las mismas carpas que se ponían afuera de los colegios se trasladaron a una lista en internet. Lo que pasa es que los padres ven que a sus hijos los están matriculando en comunas lejanas de los centros donde viven", argumentó el opositor.
Por ende, "espero que el Senado lo ratifique y que el Gobierno escuche esta señal porque, si estuviera funcionando, los padres estarían contentos. Lo que nosotros vemos es apoyo, que nos están agradeciendo que, de una vez por todas, el Congreso haya escuchado".
El Ministerio de Educación aclaró en la víspera que esta glosa no tendrá efecto en la admisión para el próximo año, pero el sistema no podría ser utilizado para el 2026 si es que la Cámara Alta no desecha esta enmienda.
