La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las primeras ocho partidas del proyecto de Presupuesto 2025, respaldando así los fondos para la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, además de los ministerios del Interior, de Economía y de Hacienda y la Cancillería.
En el caso de la Presidencia, su variación es de 0% respecto del presente año, aunque sí se consideró un aumento en gastos de personal que son compensados con la reducción en transferencias corrientes. Además, contempla recursos para la operación y mantención del Palacio de La Moneda, la Residencia Presidencial Cerro Castillo y el Edificio Moneda Bicentenario.
En la discusión de esta partida presupuestaria, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) presentó una indicación que consiste en que el Presidente, sus ministros y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes y sicotrópicas ilegales, lo que fue aprobado.
"Nos parece esencial que nos realicemos el test. Los diputados ya lo hacemos (...). Lo que nosotros queremos con esta norma es la completa transparencia y claridad del Presidente de la República hacia abajo. A mí entender, si algún ministro, el Presidente o un subsecretario da positivo a un test de droga, esa persona debiera salir del cargo", explicó Coloma.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) opinó que "la medida es absurda y la indicación es inconstitucional, porque estamos discutiendo presupuesto y la indicación en cuestión no tiene relación directa con las ideas matrices del proyecto".
Por esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que, de llegar a ser aprobado en la ley, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional.
Asimismo, se aprobó la indicación que indica que no podrá exigirse al personal de apoyo de la Presidencia la realización de jornadas de trabajo que pongan en riesgo su integridad física o psíquica. En caso de fallecimiento o enfermedad grave, la Dirección Administrativa de la Presidencia deberá iniciar una investigación sumaria.
Por último, se dio el visto bueno a la indicación que señala que las personas que se contraten con cargo a los recursos de Presidencia tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de sus funciones.
Presupuesto del Congreso, Poder Judicial y Contraloría
En tanto, el presupuesto del Congreso Nacional considera una variación total de 1,4% respecto al 2024: Para el Senado, el aumento es de 1,5% y considera fondos adicionales para el mantenimiento de los edificios de Santiago y Valparaíso. Asimismo, para el pago de las contribuciones; la Cámara, por su parte, sube un 1,4% sus fondos, lo que incluye fondos para la construcción de un nuevo ascensor.
La partida del Poder Judicial se incrementará, igualmente, en un 1,4% el 2025. Los programas con mayor crecimiento son la Corporación Administrativa, con un porcentual de un 3,6%, y la Academia Judicial, con un 9,9%.
Finalmente, la última de las partidas de este grupo -aprobada por la unanimidad de la Sala- es la del órgano contralor que presenta una variación total de 1,6%. Este erario de continuidad considera mejoras evolutivas a los sistemas de la institución. Además, refuerza la implementación de nuevas leyes y la rendición de cuentas de convenios con el Estado.
Caso Monsalve golpea recursos para Interior y oposición pide más platas para la ANI
La siguiente partida discutida fue la relacionada con el erario del Ministerio del Interior, que contemplaba más de 100 indicaciones.
Finalmente fue visada, pero el caso Monsalve golpeó la propuesta del Gobierno respecto a la Subsecretaría del Interior, puesto que la Sala redujo a 1.000 pesos los fondos para gastos reservados de esa repartición.
"Nosotros no sabemos en qué se han gastado esos fondos, si es que fueron para hotel u otras materias. Si el Ejecutivo puede clarificar en qué se han gastado, pero también (establecer) un protocolo de cómo se van a gastar los futuros gastos reservados, estamos disponibles a una revisión", comentó la diputada Joanna Pérez (Demócratas).
Además, tal como ya había ocurrido en la Comisión Especial Mixta, los diputados rechazaron los 9.400 millones de pesos propuestos para el programa de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), votación que la oposición impulsó como un mensaje para que el Gobierno aumente ese presupuesto en el Senado.
"Queremos una buena Agencia", apuntó la diputada Pérez.
"Para fortalecer algo tan indispensable para la seguridad y para la subsistencia de la democracia, como la Agencia Nacional de Inteligencia, tenemos un reajuste miserable, que si lo vemos hacia atrás ni siquiera se condice a un reajuste de lo que recibían hace algunos años cuando se requería mucho menos de ellos. Va a ser responsable rechazar hoy este capítulo de la ANI, para que el Senado incremente de la forma que es indispensable un Presupuesto para esta agencia que debe ser fortalecida hoy, no solamente con la nueva ley", precisó el diputado Stephan Schubert (Republicanos).
Oficialismo busca impedir compra de armas israelíes
Por otro lado, desde el oficialismo fue presentada una indicación que busca que con los fondos del Ministerio no se financien operaciones de adquisición, provisión, mantenimiento o actualización de todo tipo de armas, municiones y armas menos letales de diseño, producción, fabricación u origen israelí.
El diputado Gonzalo Winter (FA) sostuvo que el Ministerio del Interior "no puede comprar más armamento de ningún tipo al Estado de Israel. Cuando el Gobierno de Chile, en cualquiera de sus administraciones, decide comprarle armamento al Estado de Israel humilla el derecho internacional, humilla nuestro derecho, humilla nuestros principios y valores. Comprarle armas a Israel es jurídicamente inaceptable y moralmente degradante".
No obstante, esta indicación fue declarada inadmisible.
"Abismante" indicación aprobada en Hacienda
En el marco de la partida de Hacienda, la UDI promovió una indicación que fue declarada inadmisible por la Mesa de la Cámara, pero que posteriormente la Sala revirtió y terminó aprobando.
Este texto explicita que en 2025 los adultos mayores beneficiarios de la PGU podrán solicitar que el avalúo fiscal de sus propiedades sea cero, atendiendo la situación económica del país.
El ministro Marcel sostuvo que le "parece realmente abismante que una indicación tan inconstitucional haya sido aprobada, así que el Ejecutivo por cierto hace reserva de constitucionalidad".
La sesión de este miércoles está fijada para las 09:30 horas y buscará revisar las 333 indicaciones de la partida del Ministerio de Educación.
