Un grupo de 38 diputados ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional el proyecto de reforma de pensiones, aprobado por el Congreso el mes pasado.
Los parlamentarios -pertenecientes a distintas bancadas- acusan que la iniciativa transgrede los derechos de los afiliados al sistema previsional, pues -aseguran- se impone nuevas reglas sin consentimiento de las partes contratantes.
Por ejemplo, los diputados afirman que la posibilidad de decisión y control de los trabajadores sobre sus ahorros se ve mermada con el reemplazo de los cinco multifondos por los fondos generacionales.
"La actual reforma, tal como expresa este requerimiento ingresado al Tribunal Constitucional, vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución como el artículo 19, numeral 24, que habla de propiedad", sostuvo la diputada socialcristiana Yovana Ahumada.
"Hemos dicho que acá hay un vicio por la falta de competencia de los legisladores cuando se habla de contratos entre privados", añadió la presidenta de la Comisión de Adultos Mayores.
Su par Sebastián Videla (comité radical-liberal) coincide con estas declaraciones: "Hay puntos, por ejemplo, que afectan directamente al derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones, y es pertinente mencionar que impondría una regla sin consentimiento de las partes contratantes", expresó.
Por su parte, el diputado de Demócratas Víctor Pino -el único firmante del requerimiento que votó a favor de la reforma- manifestó que "es importante asegurarnos que su constitucionalidad esté al 100%".
"Soy el único diputado que votó a favor y que cree que este proceso debe ser revisado a fondo, para asegurarnos y tener tranquilidad de que los fondos de las personas están a buen resguardo, a fin de que suban tanto en el presente como en el futuro", agregó el parlamentario.
En caso de que el TC rechace el requerimiento, los diputados adelantaron que recurrirán a otras instancias para echar abajo la reforma de pensiones.
Este es el segundo intento de vetar la normativa; el primero fue impulsado por el diputado socialcristiano Roberto Arroyo, pero no prosperó debido a que no logró juntar las firmas necesarias dentro del plazo legal.
Un accionar que "roza lo miserable"
Desde el Partido Socialista, el diputado Tomás de Rementería calificó este requerimiento como una medida que "roza lo miserable".
"Me parece que los esfuerzos que están haciendo algunos miembros de la derecha para combatir la opción de que suban las pensiones de nuestros adultos mayores ha superado todo el límite", analizó el parlamentario.
"Acá hubo una mayoría contundente, y creo que ir al Tribunal Constitucional por algo que evidentemente es constitucional y que además es beneficioso para la mayoría de los chilenos, sobre todo para las personas que más sufren hoy las carencias de un sistema de AFP que les ha fallado, como son los adultos mayores que construyeron nuestro país, me parece que ya es un acto que roza lo miserable", puntualizó.
