"Con las 'táser' damos a la policía un recurso efectivo y controlable sin que tenga que recurrir al uso de armas de fuego", destacó el ministro de Interior.
La Policía Federal alemana será dotada con pistolas "táser", según un proyecto de ley que aprobó este miércoles el Consejo de Ministros y que deberá pasar ahora por el trámite parlamentario.
"Nuestras fuerzas del orden tienen que estar en condiciones de reaccionar de manera rápida y segura en situaciones peligrosas. Con las 'táser' damos a la policía un recurso efectivo y controlable sin que tenga que recurrir al uso de armas de fuego", dijo el ministro de Interior, Alexander Dobrindt.
El proyecto de ley incluye las pistolas elétricas en la lista de instrumentos cuyo uso está permitido por la Policía Federal.
Desde 2020 había empezado un test con diversos modelos con 200 policías que recibieron un adiestramiento especial para su uso. En 200 casos los agentes amenazaron con usarla y en 16 ocasiones lo hicieron.
Según un comunicado del Ministerio del Interior, el test mostró que la "táser" gozaba de una gran aceptación por parte de la policía.
En ninguno de los casos en que se utilizó los afectados sufrieron lesiones que requirieran atención médica.
Para la generalización de su uso por parte de la Policía Federal están planificados 5 millones de euros en el presupuesto de 2025.
Con una "táser" se pueden propinar desde cierta distancia choques eléctricos que dejan fuera de combate el oponente.
Existen discusiones acerca del peligro que pueden presentar esas armas -en principio no letales- para personas con problemas cardíacos o circulatorios.
La Policía Federal alemana tiene la función de proteger las fronteras, las estaciones de tren, los aeropuertos y los edificios públicos. La lucha contra la criminalidad en el interior del país es normalmente competencia de las policías regionales de los 16 estados federados.
En Chile, el uso de pistolas eléctricas también ha generado debate. En abril pasado, el Gobierno anunció la adquisición de dispositivos "táser" para Carabineros, como parte de una serie de medidas para fortalecer la seguridad pública.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos, que advirtieron sobre los riesgos de un uso desproporcionado o sin la debida regulación.
Actualmente, el Ejecutivo trabaja en un protocolo para normar su utilización, mientras el Congreso analiza proyectos que buscan establecer criterios claros para su uso, formación policial y fiscalización, en línea con estándares internacionales.
